Exministros de Petro en peligro: ¿Qué revelan los testimonios que los llevan a la cárcel?

Ricardo Bonilla, el economista de confianza de toda la vida, y Luis Fernando Velasco, el primer aliado del Partido Liberal, resultaron quemados por la UNGRD.

El testimonio que podría enviar a la cárcel al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla fue presentado ante la Fiscalía y ante la Corte Suprema por María Alejandra Benavides, una joven a quien él le tendió la mano y la llevó para que trabajara como asesora.

“Yo de plata no sabía, él era el que autorizaba todo”, respondió Benavides cuando un magistrado de la Sala de Instrucción de Primera Instancia le pidió que explicara la ruta del dinero que llegó a la Unidad de Gestión y Prevención del Riesgo de Desastres y que luego terminó en manos de congresistas que, por la vía de los cupos indicativos, se hicieron hace dos años a contratos de obras públicas que aún no están ejecutados.

Ese era la cuenta de cobro que había que pagar, según ella, para que los parlamentarios apoyaran la agenda legislativa del gobierno.

El testimonio de Benavides, la exasesora de Bonilla

Benavides se convirtió en testigo estrella, consiguió un principio de oportunidad que equivale prácticamente a una amnistía, pero no se sabe si devolvió la cartera de marca que le regaló una de las congresistas presuntamente comprometidas en la trama por su agilidad para hacer los desembolsos.

Siempre según ella, el entonces ministro Bonilla firmó resoluciones que fortalecieron el presupuesto de la Unidad en 1,4 billones de pesos, pero su interés se centró en los 92.000 millones que serían distribuidos en tres contratos para la contención y prevención de las inundaciones y la mitigación de la erosión de lluvias.

Uno de ellos, destinados a Cotorra, en el departamento de Córdoba, fue asignado a la senadora Liliana Bitar Castilla (Partido Conservador) y los representantes Wadith Manzur (conservador) y Julián Peinado Ramírez (liberal). El monto del contrato estaba tasado en documentos oficiales del Ministerio de Hacienda en $44.522 millones.

La “promesa remuneratoria”, como la denomina el magistrado investigador Misael Rodríguez en un auto de casi 800 páginas, estaba dirigida a que los parlamentarios dieran vía libre a proyectos de endeudamiento externo formulados por el gobierno para paliar la crisis fiscal.

El segundo giro fue por $12.356 millones reservados a obras de mitigación de las lluvias en la sufrida población de El Salado, en Carmen de Bolívar. El contrato habría quedado al arbitrio del senador Juan Pablo Gallo (liberal). Gallo, según el documento del magistrado Rodríguez, fue el último de los congresistas en participar en reuniones que se suponían reservadas que se dieron el 26 de septiembre y el 31 de diciembre de 2023. Esos encuentros fueron documentados no solo con declaraciones de los testigos, sino también con videos y libros de bitácora de visitantes.

El tercero estaba enfocado en obras de prevención de inundaciones y mitigación de la erosión en Saravena (Arauca), y fue dotado de recursos por $32.599 millones. Su repartición habría beneficiado, además de integrantes del Congreso, al prófugo exdirector del Departamento Administrativo del Servicio Civil César Manrique y al excongresista César Muñoz, quien actuó como intermediario en las operaciones.

El rol de Luis Fernando Velasco en el escandalo

El exministro del Interior Luis Fernando Velasco, quien también tiene imputación de cargos acompañado de una solicitud sobre su detención preventiva, está afectado básicamente por otro testimonio, el de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Hace tres meses, López hizo el tránsito de principal inculpado por el saqueo de millonarios recursos de la entidad a “testigo eficaz”. Velasco se le anticipó a Olmedo y lo tiene denunciado por injuria y calumnia porque, aun antes de la actuación formal de la justicia en su contra, lo acusó públicamente de haber dispuesto de recursos de la entidad para comprar apoyos parlamentarios para la aprobación de la reforma a la salud, que hasta el sol de hoy no ha sido aprobada.

López afirma que cuando Velasco ocupaba la cartera política le dio instrucciones para “direccionar” un contrato por $35.000 millones para favorecer los apetitos del congresista cordobés Julio Elías Chagüi. El objeto del contrato sería el tendido de una red para el acueducto de Sahagún.

A diferencia de lo ocurrido, por ejemplo, en los casos de los expresidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, en los que hay al menos una descripción de la manera como les habría entregado millonarios recursos, en el de Velasco no hay evidencia ni de la adjudicación del contrato ni del trasiego de recursos.

Sin embargo, durante la audiencia de imputación de cargos a Olmedo López, la Fiscalía dio un anticipo de la conducta que habrá de ser debatida ante la Sala de Instrucción Penal de la Corte. Lo hizo en estos términos: “El 4 de diciembre de 2023, usted señor Olmedo López se reunió con el entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco, quien le solicitó direccionar contratos al interior de la unidad para favorecer al congresista Julio Elías Chagüi por un valor aproximado de 35.000 millones. El senador le indicaría dónde y con quién los ejecutaría”.

Los procesos siguen pautas trazadas por testigos y están a punto de enviar a la cárcel a los dos exintegrantes del gabinete del presidente Gustavo Petro.