Contrato de $106 mil millones en Cartagena: ¿Quién es el consorcio elegido por el alcalde Dumek Turbay?

El lenguaje usado en un comunicado oficial del 28 de agosto de 2025, muestra exultante al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay. “Felicidad. Así, sin más. Felicidad, alegría, calidad de vida, inclusión, progreso y sentido de pertenencia son los ingredientes que necesitamos para sacar adelante a Cartagena”.

Ese día anunciaba que ya estaba lista la adjudicación de Las Vías de la Felicidad, un proyecto de infraestructura que, según sus previsiones, contempla la construcción, mejoramiento y rehabilitación de más de 35.980 metros lineales de calles en las tres localidades del Distrito.

“Esto -recalcaba Turbay- no es cemento, es concreto de progreso; no son calles nuevas, sino vías de desarrollo social. Son más empleos en obras, es más comodidad vial, menos estrés al volante y una ciudad más conectada y moderna”.

El nombre del consorcio adjudicatario, entre ocho oferentes, se anunciaría en una audiencia que habría de realizarse el 17 de octubre de 2025. Se trataba de un negocio de más de $106.000 millones, que tal como está concebido permitirá asfaltar también las vías polvorientas de algunos de los corregimientos de la capital bolivarense.

Cuando el sobre fue abierto surgió el nombre del ganador: el Consorcio Construvías, representado por Luis Adrián Mejía Álvarez y conformada por Inversiones Proyectos Altamira S.A.S, con el 50 por ciento de participación; Meyan S.A.S, 40 por ciento de participación y Conríos Ingeniería Constructores y Consultores S.A.S., con el restante diez por ciento. Su puntaje lindaba con la perfección.

En medio de la natural decepción de los perdedores, nadie sin embargo alzó la voz para protestar con firmeza ante un proceso vertiginoso con pocas observaciones y respuestas. Solo, de manera algo tímida, Raúl Alberto Ramírez Aguilero, representante de la Veeduría Vigilancia y Control Sostenible,  dijo que se denotaba una insuficiencia en la verificación de al menos una de las propuestas”.

No hizo mayores precisiones, pero dejó una constancia en el sentido que no era posible identificar bien las razones reales, fácticas y argumentativas, para la calificación de algunos proponentes y que eso sugería que la evaluación podría “estar viciada”.

Cómo se dio el proceso de selección del contratista

En la sala o conectados virtualmente estaban los funcionarios, expertos y veedores más versados en los temas de la contratación pública de Cartagena. El alcalde Dumek Turbay se hizo representar por José Joaquín Posada Arrieta, su secretario de Despacho. Con él estaban también Wilmer Enrique Iriarte Restrepo, delegado de la secretaría de Infraestructura y Carlos Mario Ordosgoitia Liñán, delegado de la Unidad Asesora de Contratación.

El Comité Evaluador estaba integrado por Ligia Cecilia Andrade Bustillo, profesional de la Oficina Asesora Jurídica; Laura Vanessa Menco Ruz, asesora jurídica externa; Alejandro Figueroa Polo, asesor financiero externo y Juan Sebastián Peña Huertas, asesor técnico externo. Entre otras organizaciones, eran testigos del proceso las veedurías ciudadanas Vigilancia y Control Sostenible, Ciudadana Democracia Activa, la Red Colombia Transparente y Funcicaribe.

Nadie reparó en ese momento, ni lo ha hecho hasta ahora, que del consorcio ganador hace parte una firma que participó en un entramado que envió a la cárcel a un gobernador, estuvo en líos con la DIAN por una millonaria evasión de impuestos, tiene antecedentes por sanciones del Invías, fue obligada a un proceso de reestructuración ante la Superintendencia de Sociedades y arrastra un pesado fardo de incumplimientos en algunas entidades territoriales.

La firma presencia en el consorcio que ha quedado a cargo de abrir el camino hacia la felicidad preconizado por el alcalde pero que podría ahora aguarla es Meyan S.A., una compañía que en el pasado reciente tuvo negocios siniestrados con el Grupo Nule y envió al cementerio de los elefantes blancos proyectos en Santander, Cesar.

Meyan es el mismo socio consorciado que, como lo reveló en una entrega reciente el equipo L2O, ganó recientemente en el Valle del Cauca, prácticamente a dedo, la licitación para construir obras de mejoramiento y complementarias de la vía Cañasgordas, entre el puente sobre el río Pance y la glorieta de Alfaguara con una inversión de $260.000 millones. Sus competidores, integrantes de nueve consorcios compuestos por empresas bien acreditadas, fueron derrotados sin derecho a réplica.

Cuando la cárcel no descalifica

Uno de los mamuts más grandes que ha quedado sepultado en la historia de sus fracasos es el corredor agroforestal, un proyecto que, con un costo de $180.000 millones debía conectar a tres provincias del departamento de Santander para dinamizar su producción agroindustrial y para buscarle salidas a los frutos del trabajo campesino hacia los grandes mercados.

Rodeado de incumplimientos, el fracaso del proyecto envió a la cárcel, en julio de 2021, al entonces gobernador Richard Aguilar. Dos años después el mandatario recuperó la libertad por vencimiento de términos, pero a sus socios en ese descalabro no les pasó nada. Tanto, que siguen ganando licitaciones en condiciones de privilegio frente a competidores cuyo destino común es la descalificación en esos procesos.

Sobre ese punto, el representante legal de la Meyan S.A. replicó: “Sobre el proyecto Corredor Agroforestal en Santander la sociedad adjudicataria fue Unidos por Santander S.A.S., donde Juan Gonzalo Ángel, representante legal de dicha sociedad, no ha sido imputado por ningún delito en las investigaciones relacionadas con el exgobernador Richard Aguilar”.

Y agregó: “Meyan S.A.  tuvo una participación del 40% en el consorcio correspondiente, y es importante destacar que no existe imputación penal alguna contra sus representantes por estos hechos”. Destacó que ignorar ese hecho significa afectar la presunción de inocencia y el buen nombre de la compañía.

Ya antes en Valledupar habían quedado su impronta como ganadora de un proceso cercano a los $30.000 millones para construir la nueva Avenida El Edén de Valledupar. A diferencia de lo que acaba de ocurrir en Cartagena, en aquella ocasión alguno de los asistentes a una de las audiencias convocadas para conocer observaciones sacó a relucir la historia de Meyan como sancionada por el Instituto Nacional de Vías por incumplimiento en obras en el departamento de Córdoba y como protagonista de un proceso de reorganización en la Superintendencia de Sociedades. La oficina jurídica de la época chuleó la observación con un concepto favorable para la firma del contrato.

Según el representante legal de Meyan, la compañía tuvo inicialmente una participación del 40% en el Consorcio Mi Avenida El Edén, pero el contrato fue posteriormente cedido con la debida autorización de la entidad contratante, conforme a los documentos que reposan en los archivos de la compañía. Subrayó que se trata de un hecho relevante que no debe ser omitido.

La firma fue constituida en 1989 bajo la razón social de Meyan Ltda., con un capital social de $2 millones. Como socios figuraban Baltazar Eduardo Mesa Retrepo, Juan Gonzalo Ángel Jiménez, Angela María Mejía Correa, Gloria Cecilia Callejas y Madeleine Guzmán Cruz. Poco después aumentó su capital a $100 millones y más tarde se transformó en sociedad anónima.

En 2021 buscó amparo bajo la sombrilla de la Ley 1116, sobre reorganización empresarial, agobiada por las deudas. Sus obligaciones con la DIAN, por ejemplo, superaban los $6.000 millones solo por incumplimiento en pagos de retención en la fuente durante 50 periodos. En febrero la Superintendencia le fijó plazo hasta septiembre para que se pusiera al día en sus pasivos laborales que tenían un monto irrisorio frente a los anticipos que le llegan cumplidamente: $200 millones.

Entre sus socios de negocios se encuentra Vergel y Castellanos Ingenieros Asociados y, por intermedio de ésta, ha tenido vínculos comerciales con los primos Nule, condenados en el proceso del carrusel de la contratación en Bogotá.

Baltazar Eduardo Mesa Restrepo, representante Legal de la empresa, envió una carta a la dirección de Las2Orillas en la que explica que, aunque Meyan S.A, fue admitida en proceso de reorganización empresarial el 21 de febrero de 2021, tras el correspondiente trámite legal, en febrero del 2025 la Superintendencia de Sociedades confirmó el acuerdo de reorganización mediante acta No. 2025-0105-5520, ordenando el levantamiento de las medidas cautelares, la inscripción de la decisión en la Cámara de Comercio y continuar con el trámite de ejecución del acuerdo.

“En la actualidad -explicó- En la actualidad, Meyan ya no figura como una empresa «en reorganización» en el registro mercantil, sino como una empresa con acuerdo de reorganización confirmado”. Recalcó que eso difiere radicalmente de lo publicado hasta ahora.

El representante legal enfatizó que la admisión o confirmación en un proceso de reorganización empresarial no constituye inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado, de conformidad con los artículos 8° de la Ley 80 de 1993, 18 de la Ley 1150 de 2007, 2.2.1.1.1.5.7 del Decreto 1082 de 2015 y la Ley 1116 de 2006. A su juicio, afirmar lo contrario es inducir a error al público sobre la capacidad legal de Meyan S.A. para participar en procesos de contratación pública.

Respecto a la multa que le fue impuesta por Invías, aclaró que se trató de una sanción impuesta, no a Meyan, sino al Consorcio BCM como entidad legal independiente. “(La multa) -agregó- fue pagada en su totalidad y no aparece con reporte vigente en el Registro Único de Proponentes (RUP) de Meyan S.A. Adicionalmente, el acto administrativo que impuso dicha multa ha sido demandado ante la jurisdicción contencioso-administrativa de Córdoba”.

Mesa Restrepo insistió en que Meyan con más de 34 años de trayectoria en el sector de la construcción, tanto en Colombia como en el exterior, con un historial comprobado de cumplimiento y seriedad en sus compromisos contractuales.

¿Podría haber marcha atrás?

No es el primer cuestionamiento que surge en el camino de las licitaciones abiertas por la administración de Dumek Turbay, una de cuyas consignas de batalla es que la suya no es una revolución de cemento sino de logros concretos en el ámbito social. Recientemente tuvo que dar marcha atrás y revocar la adjudicación para la construcción del proyecto Bayunca-Pontezuela. Ocurrió cuando fue probado que una de las firmas integrantes del Consorcio Alcantarillado social presentó documentos alterados sobre su constitución y experiencia.

La Alcaldía se vio obligada a acceder a la revocatoria de la adjudicación solicitada por González y por el Consorcio Alcantarillado Sanitario Ponbay.

Vinieron males adicionales. Dos de las cuatro empresas que conforman el Consorcio Redes CCC, ganador de la nueva licitación, tenían deudas que les generaban inhabilidades. Esta vez la Alcaldía de Cartagena habría presentado información engañosa para justificar la adjudicación.

La EPS Sura confirmó que la empresa Construcciones e Inversiones Beta SAS, parte del Consorcio Redes CCC, tenía una deuda de $5.839.145. La Nueva EPS y Salud Total revisan en sus archivos para confirmar situaciones similares. Aun queda abierta la posibilidad de que uno de lo socios del consorcio obligado a allanar las Vías de la Felicidad no las vaya a llenar de males.