Uribe y el Controversial Indulto: Propuesta de Amnistía para Militares del Palacio de Justicia tras Indulto al M-19

Como senador impulsó la ley de perdón que permitió al M19 hacer política, su actual propuesta liberaría a todos los militares, incluidos Plazas Vega y Arias Cabrales.

A comienzos de la década de los 90, una jueza sin rostro -denominación reservada por ley a los funcionarios que investigaban a las mafias y debían ser protegidos- habló por primera vez en el país de “delitos de lesa humanidad” que impedían los indultos y a las amnistías a sus perpetradores.

Lo hizo a la hora de dictar resolución de acusación o llamamiento a juicio contra integrantes de la plana mayor del M-19 por dos delitos asociados al asalto del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985, episodio trágico por el que ellos ya habían recibido los beneficios de perdón y olvido que hizo posible que pactaran un Acuerdo de paz con el gobierno tras la aprobación de la Ley de indulto aprobada por el Congreso.

El 9 de marzo de 1990 en el Palacio de Nariño se firmó la paz entre el Presidente Virgilio Barco y el Comandante del M-19 Carlos Pizarro. Ver en este video.

Con la paz firmada, cinco después se posesionó el 7 de agosto de 1990 el Presidente Cesar Gaviria, cuya administración reaccionó de inmediato ante la decisión de la jueza sin rostro. Veía en  peligro el proceso que conduciría a la desmovilización del M-19, a su conversión en movimiento político y su llegada, con dignatarios incluidos, a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

El Ejecutivo optó por enviar al Congreso de la República, con mensaje de urgencia, un proyecto de ley que ampliaba los beneficios del indulto a los cuadros del M-19 que había sido requeridos de nuevo por la administración de justicia. Lo hizo pese a las voces de oposición que provenían principalmente de las familias de los 8 magistrados de la Corte Suprema de Justicia inmolados durante el holocausto de 1995.

Carlos Medellín Becerra, hijo de uno de los juristas sacrificados -el magistrado Carlos Medellín Forero- recuerda la historia con indignación porque para él, como para muchos de los afectados, la historia fue injusta porque dejó que toda la responsabilidad recayera sobre el estamento militar por su reacción ante los hechos y no sobre sus verdaderos perpetradores.

Aunque la información no es nueva, sorprende cada vez que Medellín la recuerda. Cuando el proyecto, denominado coloquialmente de “reindulto” llegó a las cámaras, su ponencia quedó a cargo del parlamentario y futuro presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. Uribe rindió ponencia favorable y la iniciativa fue aprobada mediante un trámite abreviado y ágil.

Tiempo más tarde Uribe se declaró arrepentido de haber procedido de esa manera. Consideró su ponencia que le abrió pasó a un nuevo indulto como el mayor error político de su carrera porque, desde su perspectiva, terminó abriendo las compuertas de la impunidad.

¿Un nuevo indulto para equilibrar la balanza?

Ahora, cuando enfila baterías para regresar al Congreso, Uribe proyecta impulsar un nuevo proceso de indulto, pero esta vez para los miembros de las Fuerzas Armadas procesados o condenados por las trágicas consecuencias de la “retoma.”

El coronel (r) Alfonso Plazas Vega paga una condena de 18 años y ha interpuesto sin éxito distintos recursos judiciales

Según él, la Ley o el Acto Legislativo -aún no lo tiene claro- aportaría un elemento de equidad en el contexto de la justicia porque no resulta justo que aquellos que planearon y ejecutaron la toma quedaran libres de apremio, mientras que aquellos que empuñaban legítimamente las armas de la Nación deban asumir solos las responsabilidades que se derivan del atentado más grave de la historia contra la majestad de la Rama del poder público que presta el servicio más importante de todos: la justicia.

Uribe ha anticipado hasta ahora que un desarrollo legislativo de esa naturaleza no podría pasar por encima de los derechos de las víctimas y no liberaría el Estado de su obligación de reparar a las víctimas y de hacer valer sus derechos.

¿Cómo sería posible? El asunto es complejo. En los 90, cuando la jueza sin rostro habló a título propio de delitos de “lesa humanidad”, no existían los modelos de justicia transicional que hoy señalan tres condiciones fundamentales para la concesión de beneficios judiciales a los perpetradores de delitos tan graves: la verdad, la justicia y la reparación. Para el sustento del primer castigo impuesto por una entidad del Estado a un militar por la retoma del Palacio, fue preciso rescatar los viejos conceptos asociados al Derecho de Gentes (no se hablaba todavía de Derecho Internacional Humanitario): Lo hizo la procuraduría a cargo de Alfonso Gómez Méndez cuando sancionó con solicitud de destitución al coronel Alfonso Plazas Silva, director de la Escuela de Caballería del Ejército en esa época, y comandante de la operación que incluyó el ataque con blindados contra el Palacio de Justicia en medio de clamores de los magistrado por un alto el fuego.

El proyecto, que en el principio parece una proclama de campaña, comenzaría a ser considerada sin que estuviesen satisfechos los reclamos de las víctimas que, por causa del indulto y posterior “reindulto” se dirigen exclusivamente contra El Estado.

¿Quiénes serían los beneficiarios?

Cuarenta años después de los hechos del Palacio, los únicos condenados son militares y agentes de seguridad del Estado. Próximo a los 90 años, Plazas Vega purga pena de prisión hace 18 años. Buena parte de ellos ha estado confinado en los cuarteles de la unidad que comandaba en 1985.

Entre los condenados está también el general (r) Jesus Armando Arias Cabrales fue condenado por el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá en 2011 a 35 años de prisión como responsable del delito de desaparición forzada y tanto el Tribunal Superior de Bogotá en 2014, como la Corte Suprema de Justicia en 2019, confirmaron la condena. Su caso está en la JEP.

El coronel Edilberto Sánchez Rubiano, quien durante la operación con tanques contra el Palacio de Justicia se identificaba con el código de “Arcano 2” en las frecuencias de la radio militar. A través de esas frecuencias, según las pruebas disponibles, fueron emitidas ordenes sobre captura y desaparición de personas detenidas.

Su interlocutor, ‘Arcano 5’, coronel Carlos Sadovnik, ya falleció. Su nombre se menciona porque Uribe ha dicho también que los efectos del insulto que espera proponer tendrían también un carácter póstumo, en beneficio de la memoria de los miembros de las Fuerzas Armadas que murieron cuando estaban en marcha las investigaciones.

 Experto en Inteligencia, el coronel Sánchez Rubiano había logrado reconstruir buena parte de la estructura del movimiento insurgente y con su memoria fotográfica podría reconocer a los más importantes cuadros del M-19 que pudieron salir vivos tras la retoma. Por eso quedó a cargo del puesto de mando avanzado que fue improvisado en la Casa del Florero, al frente de la sede de las cortes, pues allí empezaría el proceso de identificación de los que hubieran salido vivos de un holocausto en el que murieron de los magistrados de las cortes.

Con Sánchez irían a la cárcel los suboficiales que lo acompañaban en la Casa del Florero y que aún están vivos.