Los militares serán el gran árbitro de la disputa del 28 de julio

El domingo 28 de julio se dirimirán dos asuntos fundamentales: la libertad de Venezuela y el destino de Nicolás Maduro y sus aliados. Pero el juego no es nada sencillo. No es dictadura versus democracia, en blanco y negro. Es algo mucho más complejo que eso. Por primera vez en nuestra historia, un candidato-presidente concurre a las urnas tocado por una gravísima acusación: la de crímenes de lesa humanidad que cursa ante la Corte Penal Internacional. Este factor le confiere un tinte particular —y de gran suspenso— a la contienda. Es la piedra de tranca. La amenaza de que en un futuro le echen el guante si entrega el poder, puede producir en Maduro dos reacciones distintas. Una, la instintiva: atrincherarse para salvar su pellejo (y el de los suyos). La otra es abrir las compuertas de la negociación para obtener a cambio algún tipo de garantías.

La posibilidad de que Maduro se decante por el atrincheramiento y tenga éxito en tal plan está directamente relacionada con el papel que van a desempeñar las fuerzas armadas. El atrincheramiento va mucho más allá de la voluntad personal de Maduro. Lo trasciende. Maduro no puede atrincherarse si no cuenta con una guardia pretoriana que haga viable esta opción. Esta es, entonces, una de las incógnitas que comenzará a despejarse a partir del domingo. ¿Lo apoyarán los militares en el eventual caso de que pretenda pasar por encima de la decisión de la mayoría de los venezolanos valiéndose de cualquier ardid o lo forzarán a reconocer su eventual derrota para evitar que el país se desplace hacia un escenario de conflicto con consecuencias impredecibles?

Un autócrata es él y su ejército. Su poder se fundamenta en la coacción. La decisión de atarse a la silla, más que un acto individual, es un acto colectivo, a menos que Maduro optara por inmolarse, en la acepción más genuina del término, y estuviese dispuesto a morir con las botas puestas. Esto último luce poco verosímil. Si diésemos crédito a lo que declaró el exsecretario de Estado norteamericano Mike Pompeo a propósito del complot del 30 de abril de 2019, en el sentido de que Maduro estaba listo para irse en un avión y los rusos lo pararon, la hipótesis de una eventual inmolación pierde peso. Lo que sí no se puede descartar es el atrincheramiento, que está supeditado, repito, a una decisión colegiada y no individual y para cuyo éxito o no, sería clave la holgura de los resultados a favor de la alternativa democrática.

«Maduro no es Alejandro Magno, pero tampoco es tonto»

Si se llegara a consumar una aplastante victoria de la oposición forzosamente habrá un realineamiento de fuerzas en el país. Maduro quedaría deslegitimado. O más deslegitimado de lo que ya estaba antes de las elecciones. Parecerá uno de esos boxeadores que yacen aturdidos en el ring. Sería previsible, en consecuencia, que este reajuste también se expresara dentro del estamento militar. Suena lógico: las sociedades funcionan como un todo. La FAN no es un compartimiento estanco. Si bien es una institución signada por el hermetismo, dada la naturaleza de su función, es permeable a lo que ocurre fuera de sus murallas. Sobre todo, si lo que sucede es un asunto de Estado. Así que el reacomodo sería sistémico.

Lo que quizás podría impedir que se produjera un reacomodo en los cuarteles para exigirle a Maduro que acepte su derrota es que el Gobierno —con la ayuda de sus aliados internacionales— haya venido montando con antelación un riguroso plan para neutralizar cualquier intento de los militares de ponerse al lado de un cambio refrendado en las urnas electorales. Maduro ha manejado la FAN con mano de hierro. Es de esperar que, sintiéndose en riesgo de perder el poder, haya extremado las medidas de coacción que, ante una contingencia, le permitan mantenerse al mando. Maduro no es Alejandro Magno, pero tampoco es tonto. Además, hay que tener en cuenta que varios militares de alto rango (SEBIN y DGCIM) fueron señalados por la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela (FFM) de las Naciones Unidas de ser responsables de crímenes de lesa humanidad.

Los hechos dirán si en este caso estaríamos hablando de una aventura o de una estrategia de mayor calado. Augusto Pinochet tenía un plan violento de cara al plebiscito de 1988. Incluso, los primeros reportes oficiales que se ofrecieron daban ganador al general. A las 7 y 30 de la noche el subsecretario del Interior, Alberto Cardemil, leyó ante las cámaras de televisión un boletín que otorgaba a Pinochet un margen de ventaja de 17 por ciento. Pero solo incluía el cómputo de 79 mesas. El cínico sesgo del anuncio generó gran malestar. Pinochet, que había perdido el respaldo de Estados Unidos en 1986, hasta último momento estaba reacio a dejar el poder. El día anterior de la consulta hubo un apagón nacional. La demora en reconocer los resultados inquietó a los militares.

¿Cuál fue la razón por la que frenaron al dictador? Lo dijo el general Fernando Mattei, comandante de la Fuerza Aérea, años después del plebiscito en una entrevista televisada : “Al no darse los resultados podían producirse desórdenes que después se transformaran en casi incontrolables”. (Véase minuto 5:00)

Ese era el temor de los militares. Mattei jamás dejó de identificarse como pinochetista. Jamás. Pero una cosa era su posición personal y otra muy distinta lo que el conglomerado demandaba. Que no se podía sacrificar la paz de un país, que estaba expectante ante la demanda de cambio, para complacer la voluntad de un individuo. Desde luego que Pinochet debe haber contado con algunos respaldos militares incluso en medio de la derrota, pero es obvio que no resultaron lo suficientemente sólidos como para garantizarle su permanencia en el poder.

Esto es precisamente lo que se medirá el domingo en Venezuela si gana la oposición: el impacto que ello tendría en las fuerzas armadas. Ya el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, dijo que los militares acatarán la decisión del pueblo. Pero también criticó lo que llamó la encuestocracia, con lo que arrojó dudas sobre la brecha a favor de Edmundo González que registran los estudios. Recordó el general que lo que cuenta es lo que anuncien las instituciones. Valga decir: el Consejo Nacional Electoral. El mensaje de Padrino López es acertado en tanto que es ambiguo. No se cuadra explícitamente con ninguno de los contendores. Lo que está por verse es cuál será la cifra que emitirá el CNE y si esa cifra se corresponde exactamente con lo que ocurra en las urnas.

La ambigüedad de Padrino López contrasta con la posición que tuvo ante las elecciones presidenciales celebradas el 14 de abril de 2013 el entonces ministro de la Defensa, Diego Molero Bellavia, quien, el 6 de marzo de ese año, un día después de la muerte de Hugo Chávez, llamó a las fuerzas armadas a apoyar la candidatura de Nicolás Maduro. Fue una postura sin matices. Y que transgredía de manera flagrante el papel institucional que el artículo 330 de la Constitución asigna a los militares. Padrino ha hecho proselitismo en otras ocasiones. Hasta el momento de escribir esta nota, sin embargo, ha sido más prudente. En el 2018, cuando la oposición decidió abandonar el terreno por las múltiples irregularidades que se presentaron, no había mayor expectativa entre un Nicolás Maduro que iba cómodo frente a Henri Falcón. Era irrelevante lo que dijeran las FAN.    

Suponiendo que la oposición se alzara con el triunfo este domingo, y que los militares propiciaran un tránsito hacia la democracia, porque se negaran a reprimir, quedaría un asunto medular por resolver: ¿qué pasaría con la acusación que se ventila en La Haya? La investigación que se lleva a cabo en Estados Unidos, que ha ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por la cabeza de Maduro, es más fácil de resolver. Washington ha emitido claras señales al respecto: liberó a los sobrinos de la pareja presidencial. Pero ¿qué puede ocurrir con la piedra de tranca de la Corte Penal Internacional?

Hace poco, Elliott Abrams, representante especial para Venezuela en el Departamento de Estado entre los años 2019 y 2021, subrayaba que el temor a una futura persecución es lo que frena a Maduro. Sin embargo, el artículo 16 del Estatuto de Roma contempla espacios para la negociación bajo la premisa de que la aplicación de la justicia pueda erigirse en un obstáculo para que se logre la paz.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene facultad para pedir que la Corte Penal Internacional suspenda una investigación. Y esto es de obligatorio cumplimiento. Más allá de que tal atribución le reste autonomía a la CPI, y de que las víctimas se vean afectadas, lo que, por supuesto, es lamentable, lo cierto es que esta rendija indica que sí existen mecanismos para encontrar una vía de escape. La pregunta de rigor es si, aun cuando hubiera un acuerdo para darle sustento al perdón, Maduro de verdad sienta que su futuro está blindado.

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