De vuelta a la realidad autoritaria

La emisión de esta columna comenzó 2024 augurando un conjunto de definiciones en los actores relevantes para la política venezolana. Tanto nacional como internacionalmente. Los fuegos artificiales de la madrugada del primero de enero los vimos con poca o ninguna claridad sobre el papel que desempeñarían esos histriones en nuestro drama, lo cual nos mantenía en una especie de suspenso. 

Ahora, con las festividades navideñas a nuestras espaldas y a las puertas del relajo hedonista del Carnaval, el panorama es mucho más claro. Al contrario de la usanza jocosa de las fiestas, dos de los actores se quitaron las máscaras. Para empezar, la elite gobernante venezolana reafirmó su autoritarismo al dejar claro que no permitirá elecciones ni siquiera medianamente justas. Esa es la interpretación inequívoca que deja su rechazo a la apelación del veto a María Corina Machado, la candidata unitaria de la oposición a las elecciones presidenciales, que bloquea de facto y arbitrariamente su nominación. No quisiera que alguien piense en mi metáfora carnestolenda aplicada al chavismo como una reedición del manido “¡Se quitó la careta!”, a estas alturas un patético gesto de concientización tardía sobre la naturaleza del gobierno. Yo, en realidad, nunca tuve mucha fe en los Acuerdos de Barbados. Ni en los de Catar. Pero existía al menos una posibilidad de que el chavismo los honrara. No sucedió y, además, el desenlace es relevante porque refuta la tesis de que el alivio de sanciones y el diálogo con Miraflores sin presiones sobre ella alentaría la reconciliación y la puesta en marcha de reformas democratizadoras. En vez de eso, lo que hubo fue un recrudecimiento de la arbitrariedad gubernamental.

Luego tenemos la definición de Washington. La amplitud extrema de la relajación de sanciones, así como la entrega de Alex Saab, generaron suspicacias razonables de que Estados Unidos decidió desentenderse de la causa democrática venezolana y que prefería mantener relaciones cordiales con el chavismo aunque no haya mejoras políticas en Venezuela. Parece que tampoco será el caso. Al menos así lo indica la advertencia de que las sanciones a Pdvsa regresarán si para abril no se revierten las inhabilitaciones. Queriendo dar a entender que no es una fanfarronada, EE.UU. revocó la licencia que autorizaba las transacciones de la estatal aurífera Minerven.

Lo que no queda claro es el rumbo que emprenderá la dirigencia opositora venezolana a partir de ahora. Sí, Machado insistió en que ella será la candidata de la oposición. Sí, los partidos de la Plataforma Unitaria le confirmaron el espaldarazo. Pero para el observador acucioso y consciente del desempeño no precisamente magistral de la oposición en este ya cuarto de siglo de hegemonía chavista, aquello no basta. 

Como dije el año pasado al conocerse el mecanismo de apelación de inhabilitaciones, mientras durara, Machado y sus partidarios podían argumentar que estaban agotando las vías institucionales de resolución del problema. Así lo hicieron, incluso, mientras el chavismo daba señales de no estar dispuesto a ceder y de que seguiría suprimiendo a sus adversarios, como lo fueron las detenciones de militantes de Vente Venezuela. Ahora no pueden seguir aduciendo lo mismo. Si la oposición todavía quiere que Machado sea su candidata, solo le queda presionar por vías ajenas al ecosistema de instituciones subyugadas a la elite chavista.

Pero como sabemos, el margen para tales mecanismos de presión es bastante limitado. Poco puede hacer Machado más allá de convocar una movilización ciudadana exigiendo que la habiliten. En otras palabras, protestas pacíficas. Nada fácil, debido a la frustración que dejaron experiencias anteriores infructuosas, así como la prioridad que da la mayoría de la población a actividades que le generen un ingreso para siquiera sobrevivir.  Pero, sobre todo, debido al miedo a la represión. La “Furia Bolivariana” desplegada por el chavismo en las últimas semanas, con sus detenciones caprichosas y vandalismo a sedes de entidades que el gobierno considera indeseables, debe entenderse como una medida preventiva de la elite gobernante de cara a la inhabilitación confirmada de Machado. Una manera de recordar a las masas que el poder está dispuesto a recurrir otra vez a toda su brutalidad para castigar a quien se le atraviese. “¡Ni se les ocurra reclamar por elecciones justas!”

En este contexto de complicaciones para la causa de Machado, no es nada descabellado imaginar que la coalición en torno a ella es más frágil que lo que aparenta.

Es difícil imaginar cuál es la capacidad de convocatoria de la dirigencia opositora actualmente. La participación en la elección interna de octubre fue sin duda impresionante. ¿Pero cuando el llamado sea a un evento que implique mayores riesgos a la integridad física o a la libertad del que acuda? Machado llamó a una manifestación en la Plaza Francia de Altamira el 23 de enero. Algo que debería ser relativamente seguro en el marco de un país donde, en teoría, se puede protestar en casi cualquier lugar pero hay restricciones severas dependiendo de lo que la elite gobernante decida de forma privada. Chacao, en territorio que el chavismo nunca ha considerado simbólicamente “suyo” y a varios kilómetros de las sedes de los poderes públicos nacionales a los que nadie puede siquiera acercarse con una pancarta. Aun así, la asistencia fue bastante modesta. No veo forma de saber qué incidió más: el hecho de que fuera martes (téngase en cuenta lo que acabo de señalar sobre la necesidad de trabajo productivo) o que el chavismo convocara una “contramarcha” que pasó por ese mismo lugar, con intenciones claramente intimidatorias. Pero no dudo que lo segundo surtió efecto hasta cierto punto.

En este contexto de complicaciones para la causa de Machado, no es nada descabellado imaginar que la coalición en torno a ella es más frágil que lo que aparenta. Todos los líderes partidistas en la Plataforma Universitaria dicen que la acompañan. Pero si pasan los meses y no hay avances, algunos miembros, sobre todo aquellos que más se inclinan por los métodos circunscritos a las instituciones del Estado, aunque estas dependan del chavismo. Pudieran decir entonces “Bueno, se intentó. Es hora de designar un reemplazo. Lo quiera María Corina o no”. Si alguien pensó que un Henrique Capriles nuevamente habilitado podía desempeñar ese papel, el chavismo se encargó negarle la posibilidad, manteniendo igualmente el veto sobre el exgobernador de Miranda. Sin embargo, no faltarán los que digan que Manuel Rosales debería acometer lo que Capriles no puede.

Mientras hacemos un esfuerzo por contemplar posibilidades a partir de lo hoy está a la vista, hay factores que se debe considerar y que no están a la vista. Verbigracia, la información extraoficial sobre una nueva reunión entre Jorge Rodríguez, representante del chavismo en las malogradas mesas de diálogo, y Juan González, el asesor para asuntos latinoamericanos del presidente estadounidense Joe Biden. Los acuerdos entre la Casa Blanca y Miraflores, en Catar, se hicieron totalmente a espaldas del público venezolano. No debería sorprendernos si vuelve a ocurrir, para bien o para mal. A este rompecabezas le faltan piezas todavía.

La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.