Dos décadas de medidas y su impacto en la minería en Venezuela

La estatización, la creación de las empresas de producción social y el Arco Minero no contribuyeron al desarrollo del sector minero, ni impidieron la precariedad que hoy muestra la explotación del oro. Las decisiones desde el alto gobierno en esta materia, en las últimas dos décadas, fueron caldo de cultivo para la minería ilegal, el contrabando y la explotación laboral

En el llamado a diversificar la economía para depender menos del petróleo, propuesto por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el sector de la minería no ha tenido el desarrollo requerido para impactar positivamente en el país. Por el contrario, una serie de medidas y actuaciones en esta área en las últimas dos décadas, hicieron mella en la explotación de oro y se convirtió en una actividad más depredadora, contaminante y mortal.

Con la implementación del Arco Minero del Orinoco en 2016 en el primer gobierno de Maduro, proliferó la minería ilícita que ha derivado en un ecocidio de grandes dimensiones en el estado Bolívar, pero también la presencia de mafias del oro y de grupos irregulares que llegan a esclavizar a los trabajadores de las minas, de acuerdo a las denuncias y alertas de organizaciones de derechos humanos y ambientales. No obstante, los procesos de estatización y nacionalización en el sector que emprendió Chávez, junto a la creación de empresas de producción social (EPS), fueron los cimientos para la precariedad de la actividad, según se refleja en investigaciones de Organizaciones No Gubernamentales.

Los aspectos más destacados que moldearon al sector minero actual comenzaron con la Ley Habilitante aprobada a Hugo Chávez en el año 2000. Una nueva Ley de Minas ratificaba que los yacimientos del territorio nacional son propiedad de la República y «son bienes del dominio público, inalienables e imprescriptibles». No obstante, desde este momento el discurso oficialista ya esbozaba trazos de un proceso de nacionalización en áreas claves de la economía. Al mismo tiempo se aupó la inclusión de pequeños mineros en el sector, que años más tarde, en 2003, se permitió con el Plan de Desarrollo Económico de la Nación, y específicamente con la Misión Piar, programas que no tuvieron control ni fiscalización.

Para el año 2006, se creó la Empresa de Producción Social Minera Nacional C. A. adscrita al Ministerio de Industrias Básicas y Minería (Mibam); y acto seguido, en 2007, se puso en marcha el Plan de Reconversión Minera para los trabajadores artesanales. Luego, parte de la rectoría en el área pasó también a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y hasta apareció en escena una empresa manejada por militares: Caminpeng. 

Hoy, se desconocen los alcances del desarrollo minero en el país y su impacto dentro del Producto Interno Bruto (PIB) venezolano, no hay información oficial de las exportaciones mineras; por el contrario, investigaciones y denuncias revelan la presencia de grupos irregulares que se adueñaron del sector, contrabando, ecocidio, contaminación, trabajo forzado, desplazamiento de grupos indígenas, enfermedades y decenas de incidentes con saldos trágicos como el último derrumbe ocurrido en febrero pasado en la mina Bulla Loca en el estado Bolívar y que dejó 16 fallecidos, 36 heridos y el desalojo de 1.728 mineros ilegales.

Minería expropiada

El amplio proceso de expropiación ejecutado por Hugo Chávez alcanzó al sector minero. Además de las correspondientes a la explotación del oro, también se intervino las relacionadas con todos los minerales no metálicos y metálicos.

En el año 2008 se expropió a la minera canadiense Crystallex la mina de oro Las Cristinas. La excusa para ello fue la negativa del gobierno de otorgarle un permiso medioambiental clave para iniciar sus operaciones de explotación y en consecuencia anunció que este yacimiento pasaba a control estatal.

La ONG Transparencia Venezuela recordó en un informe sobre el tema que a pesar de los motivos dados por el gobierno para expropiar las minas Las Cristinas, en septiembre de 2012 firmó un acuerdo de explotación con la compañía trasnacional china CITIC Group sin pasar por un proceso de consulta ni licitación.

Justo por esta medida, Venezuela está a punto de perder su único activo más valioso en el extranjero: Citgo Petroleum Corp. debido a la demanda interpuesta por Crystallex en tribunales estadounidenses y ante el Centro de Arbitraje del Banco Mundial (Ciadi). El fallo en ambas jurisdicciones resultó negativo para el país.

También se revocó a la empresa Gold Reserve la concesión de la mina Las Brisas, un gran yacimiento con reservas de 10,2 millones de onzas de oro y 1.400 millones de libras de cobre. La compañía había invertido 300 millones de dólares, por lo que demandó ante el Ciadi con resolución en el 2014 a su favor, ordenando a Venezuela pagar $740 millones.

«El sector productivo de minerales metálicos y no metálicos de Venezuela se encuentra bajo férreo control del Gobierno, que ha desplazado el rol de las instituciones del país y las empresas del sector con la creación de nuevas instancias y el nombramiento de autoridades no relacionadas con el área que responden de forma política y sesgada a los requerimientos técnicos», resaltó Transparencia Venezuela.

Esto trajo como consecuencia que durante la gestión de Chávez y Maduro la promulgación de numerosos decretos y resoluciones en el sector minero anarquizó su funcionamiento y generó un desplome en la producción nacional,
tanto de minerales metálicos como no metálicos. «A esa anarquía se suma la opacidad y desinformación de los múltiples entes sobre sus actividades y funcionamiento».

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La Pdvsa minera

El fallecido presidente Hugo Chávez ordenó a Pdvsa en 2011 agregar entre sus operaciones a la actividad minera, la cual debía gestionar junto con la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y Minerven. En este sentido, se acordó desarrollar un mapa minero el cual estuvo a cargo del Instituto de Geología y Minas (Ingeomin) y la china Citic Group.

Pero no fue hasta dos años después que a través de un decreto presidencial se crea la Corporación Venezolana de Minería (CVM) y queda adscrita a una filial de la petrolera: Pdvsa Industrial. De esta manera, la estatal ostenta el derecho a desarrollar las actividades de exploración y explotación del oro.

«En diciembre de 2013, se crea la Empresa Nacional Aurífera S.A. adscrita a Pdvsa Industrial con un patrimonio de $30.000 millones, con el objetivo de realizar las actividades relacionadas para el aprovechamiento de yacimientos auríferos. Inmediatamente, Pdvsa vende al Banco Central de Venezuela (BCV) 40% de acciones de ENA por $12.000, por lo que ENA queda con una composición accionaria 60% de Pdvsa y 40% del BCV. Esta venta causó polémica porque Pdvsa buscaba el pago de deudas que tenía con el BCV», señaló la ONG Transparencia.

Desde ese entonces, la industria petrolera se vino a menos debido a varios factores: bajo mantenimiento de las refinerías y del resto de la infraestructura de petróleo y gas, alto endeudamiento, ingentes aportes financieros a programas estatales, venta de crudo con gran descuento a países de Petrocaribe, desprofesionalización de sus trabajadores, corrupción y sanciones de EEUU.

Todo ello tejió una delicada situación para Pdvsa la cual pasó de 3 millones de barriles diarios a 350 mil barriles diarios de petróleo, que no le dejó margen para atender otras áreas a su cargo como el sector aurífero.  

Motor fundido

El gobierno de Maduro promulgó en 2015 la Agenda Económica Bolivariana compuesta de «14 Motores» dedicados a los sectores económicos que contribuirían, con sus planes a desarrollar, la recuperación de la economía del país que ya comenzaba a tambalear.

El Motor Minero era uno de los 14 con el cual se sentarían la bases para impulsar la minería lícita, ordenada y como una propuesta real que asegure espacios para la generación de divisas para el país.

«Dentro del Motor Minero se dirigen y enmarcan decretos, reservas de áreas para la producción minera, programa de certificación de reservas minerales, firmas de acuerdos y memorandos de entendimiento, creación de empresas mixtas, firmas de alianzas con pequeños mineros que caracterizaron los años 2016 al 2018», acotó Transparencia.

A pesar de la activación de estos «motores» el país cayó en una recesión por un período de 26 trimestres consecutivos hasta 2021, en la que la economía perdió 80% de su tamaño.

Por otra parte, las leyes permiten a las gobernaciones explotar su recurso minero para el aprovechamiento de cada región; no obstante, ninguno de los 24 estados del país ha logrado sacar provecho de sus recursos minerales, a pesar de firmar numerosos contratos de exploración conjunta con diversas empresas.

Arco Minero y empresas mixtas

Chávez comenzó a trazar los lineamientos para el Arco Minero, y decretó que el Estado se reserva las actividades de exploración y explotación del oro, enmarcado en un Plan de Desarrollo Minero Ecológico para la creación de «una nueva fuente de divisas, la generación de empleos, y la participación equilibrada de todos los actores vinculados al aprovechamiento responsable y eficiente de los recursos minerales existentes en el Arco Minero del Orinoco».

Pero no fue sino hasta 2015 cuando se comienza a ejecutar un plan agresivo en el sector cuyo interés no estuvo solo en el oro, sino también en el hierro, bauxita, coltán, diamante, manganeso y granito. Para ello, se hicieron llamados a la inversión foránea de países como China, Rusia, RD Congo, Arabia Saudita, Sudáfrica, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Palestina, Alemania y Suiza. Acto seguido, en 2016 se promulga el Decreto que creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco.

Para el desarrollo del sector se creó la figura de «empresas mixtas», tal y como sucedió en la industria petrolera y gasífera, donde el Estado ostenta la mayoría accionaria y el resto un privado nacional o internacional: con ello la Nación debía obtener un mínimo de 55% de ganancias, 13% de regalías y su correspondiente pago del Impuesto Sobre la Renta (ISRL) «para invertirlas en el desarrollo social».

Aunque en esos años se dieron a conocer los nombres de las empresas que incursionarían en el Arco Minero, hasta ahora se desconoce los resultados de sus actividades y de si operan actualmente: Corporación Faoz C.A., Afridiam y China CAMC Engineering Co. Tiempo después se sumaron la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas; la Empresa Conjunta Minera de Nueva Esparta, la también canadiense Energold Minerals, Proceso Productivo Supracal, Inversiones Hidrocal C.A. y la venezolana Guaniamo Mining Company.

«Los planes como Motor Minero y Arco Minero del Orinoco no han logrado cambiar la improductividad e ineficiencia del sector minero nacional. Se apela al discurso patriótico y a la ´reivindicación del pueblo minero´ y al aparato propagandístico gubernamental para aparentar capacidad y organización de la minería nacional, pero
esta no existe actualmente como polo productivo», indicó Transparencia.

Señala la ONG -además- que la participación militar en el sector, especialmente en cargos gerenciales o empresariales en compañías de producción minera, minas y canteras, contribuyó con el aumento de la ineficiencia del sector, constituyéndose así en parte del problema de anarquía e ineficiencia del sector.

«Las denuncias de actos irregulares y de falta de transparencia registrados en las empresas mineras propiedad del Estado, demuestran que los entes relacionados con la minería en Venezuela no cuentan con auditorías de control y seguimiento y en la práctica, no se aplica el principio constitucional de control y aprobación de contratos por parte de la Asamblea Nacional».

Maduro también estableció en 2016 la Compañía Militar para las Industrias de Minería, Petróleo y Gas (Camimpeg), que otorgaba a los militares un acceso económico a las industrias minera y petrolera de Venezuela. «En los cinco años siguientes no se ha cumplido ninguno de los objetivos declarados del gobierno en el Arco Minero; por el contrario, el AMO es ampliamente considerado como el centro de un experimento descontrolado y a menudo violento en la explotación de recursos, regiones y comunidades», acotó OCDE en su informe.

Minería artesanal: desorganización

El gobierno centró la minería del oro y del diamante del Arco Minero del Orinoco en la pequeña minería o minería artesanal que, de acuerdo con estimaciones, para 2017 la ejecutaban unos 40.000 mineros. A la fecha, se desconoce igualmente cuántos trabajadores estarían operando legalmente en las empresas mixtas o estatales.

El presidente Maduro anunció en 2017 un plan de Ordenamiento de Gestión Productiva de la Minería en Venezuela, con el que se establecieron 23 áreas dentro del Arco Minero para la producción con la pequeña minería y la construcción de plantas de cianuración de oro para evitar el uso del mercurio.

Este mismo año, Minerven anunció que gracias a la producción de la pequeña minería se logró incorporar 7,8 toneladas a las bóvedas del BCV cargamentos de barras de oro. Maduro exigió, en ese entonces, a los mineros artesanales de Bolívar entregar en 2018 la suma de 2.000 millones de dólares en oro al ente emisor, equivalentes a 80 toneladas.

Aunque no hay información oficial sobre si se cumplió la meta o sobre la cifra actual de producción, varias organizaciones han dado sus estimaciones, pero con reservas. Sostienen que a los graves problemas de acceso a la data pública se suma la oscuridad que rodea a la actividad en el país.

«Es difícil medir la escala de la producción de oro en Venezuela. Las cifras oficiales no son confiables, e incluso las estimaciones más cuidadosas de ONG, periodistas y otros observadores deben venir con la advertencia de que un ecosistema tan complejo y opaco de criminalidad y corrupción es resistente a la inspección», recalcó en 2021 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su informe «Flujos de oro desde Venezuela» publicado en 2021.

Si bien es extremadamente difícil estimar la producción de oro en el país, la capacidad de procesamiento y los informes sugieren que posiblemente podría llegar a 75 toneladas por año, que en julio de 2021, el valor de mercado de esa producción debía superar los $4.400 millones, reseñó la OCDE. «Esa estimación intenta ser un plafón; las investigaciones indican que la producción total actual es considerablemente menor, del orden de un tercio a la mitad de esa cantidad. La ONG Transparencia Venezuela estima que al menos el 70% de ese total se saca de contrabando del país».

Lo que sí es un hecho es que la entrega de oro al BCV se refleja en sus reservas internacionales y especialmente en sus reservas de oro monetario, las cuales finalizaron 2023 en 60,9 toneladas, esto de acuerdo a los estados financieros publicados por el ente emisor. Esto significa que las barras de oro del país cayeron 321,44 toneladas desde 2013 cuando cerraron en 382,34 toneladas. 

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