Mujeres Buscadoras: Lucha y Resiliencia ante las Desapariciones Forzadas en Venezuela

Las madres o mujeres buscadoras han evolucionado en toda la región para transformarse en colectivos interdisciplinarios que exigen a los Estados respuestas concretas sobre las personas desaparecidas. En Venezuela, las desapariciones forzadas son uno de los pilares que sostienen la represión gubernamental instaurada al menos desde hace una década y se mantienen en impunidad, coinciden desde Cofavic y Amnistía Internacional.

Luna Perdomo | Luisa Quintero

Las desapariciones forzadas en el país recuerdan a las Madres de Plaza de Mayo en Argentina o a las que buscan en México en fosas clandestinas con la esperanza de encontrar los restos de sus hijos. En Venezuela también hay mujeres que buscan a sus familiares en cárceles, en fiscalías, en tribunales, mientras el Estado mantiene silencio.

Para Amnistía Internacional, el término «madres buscadoras» queda corto. Explican que la organización impulsa una campaña que las define como «mujeres buscadoras de personas desaparecidas«, pues abarca a madres, hermanas, esposas e hijas.

Aunque los contextos en los diferentes países de la región varían, Amnistía sostiene que existe un patrón común en América Latina: «Las personas que en la mayoría de los casos buscan a esa persona desaparecida son mujeres».

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«Esto tiene que ver con una expresión muy ligada de América Latina, al rol que tienen las madres, hermanas, las esposas y la familia de protección y ayuda», explica Liliana Ortega, directora ejecutiva y cofundadora de Cofavic, un comité interdisciplinario con foco y esfuerzo permanente de los familiares de las víctimas del Caracazo.

«Tiene que ver también con proteger al resto de los familiares y dar ellas un paso al frente en situaciones muy críticas donde temen por su seguridad, donde la denuncia tiene riesgos ulteriores. La lucha de los derechos humanos es una lucha feminista; sin duda hay un componente histórico, la presencia y carácter de las mujeres que es una impronta en toda la región», señala.

Un ejemplo reciente de ello es el caso de Carmen Teresa Navas, quien buscó durante un año y cuatro meses a su hijo, Víctor Hugo Quero Navas, hasta que el Estado venezolano reconoció que había muerto hacía nueve meses atrás. Uno de sus nietos, Sebastián Quero, explicó que su abuela «nos hizo mantener distancia de cierta forma para protegernos, por eso era que ella se presentaba a todos lados». Ahora, dijo, tras la muerte de Carmen es su turno de integrarse y seguir la exigencia de justicia para su familia.

La «masificación de la represión» y el largo tiempo que transcurre en estas luchas, puntualiza Ortega, ha hecho que «se integren otras personas de los roles familiares, porque la pérdida del proyecto de vida de una persona detenida arbitrariamente y desaparecida no es individual».

En esa integración de más familiares al rol que asumían casi exclusivamente las madres se producen nuevas dinámicas para protegerse física y mentalmente. Ortega pone como ejemplo las pernoctas en centros de reclusión como Tocorón, Tocuyito, El Rodeo o Yare, donde cada mujer asumía un rol y brindaba apoyo a nuevas integrantes que se sumaban a estos espacios improvisados.

Asimismo, se ha registrado que este rol de «buscadora» es ocupado cada vez más por mujeres muy jóvenes. «En general esto era un rol más de mujeres de mediana y avanzada edad, pero se han presentado casos de mujeres muy jóvenes, incluso con niños muy pequeños», dice Ortega.

También ha variado a un enfoque interdisciplinario. Estos colectivos, indica la directora de Cofavic, ya no son solo expresiones de denuncia de familiares de víctimas. «Se acompañan y auxilian de abogados, de antropólogos, de médicos forenses, de geógrafos, de psicólogos, de médicos en general. Eso le da una riqueza a la lucha porque le da una fortaleza a la evidencia, en la presentación y sostenibilidad de sus peticiones».

La carga de las mujeres buscadoras

Amnistía Internacional explica que la figura de mujeres buscadoras surge casi de forma orgánica, tanto en Venezuela como en el resto del continente luego de procesos de detenciones arbitrarias y falta de información oficial sobre los apresados. Valentina Ballesta dice que «pareciera que la sociedad también les impone una carga adicional».

Las mujeres buscadoras no solo enfrentan la incertidumbre de no saber dónde y en qué condiciones se encuentra su allegado, sino que también cargan con consecuencias físicas, emocionales y económicas que transforman su vida totalmente.

«Quienes están esperándole, buscando a estas personas, pierden su proyecto de vida. Tienen que poner a sus hijos en cuidados de otras personas, tienen que dejar sus rutinas, algunas tienen que dejar sus trabajos, pasan a ser mucho más dependientes, tienen que moverse de ciudades. Todo eso es un quebrantamiento de su proyecto de vida. Tienen que aplazar sueños, si estaban estudiando, si estaban preparando un pequeño emprendimiento tienen que abandonarlo para ocuparse de esto», resalta Liliana Ortega.

La psicóloga Claudia Carrillo, coordinadora del Área de Atención Psicosocial a Víctimas de Cofavic, puntualiza que las desapariciones forzadas tienen un efecto multidimensional sobre las familias. «En nuestra experiencia, el efecto de una certeza dolorosa suele ser mucho más soportable que la desestructuración que es capaz de producir la incertidumbre de una eterna espera».

La desinformación propiciada desde las autoridades pasa a operar como un factor altamente estresante para el familiar, dice Carrillo, pero «desde el objetivo del perpetrador causa la función de agotamiento, desgaste e inhibición de la denuncia. Por esta razón vemos cómo los familiares de personas desaparecidas se organizan en grupos de búsqueda en ocasiones, y además generan una serie de mecanismos de afrontamiento colectivo».

Los familiares, insiste la psicóloga, necesitan «formas de apaciguar el dolor» producido por la desaparición. «En ese sentido, una de las alternativas que emplean es la organización, crear ceremonias alternativas, movilizaciones, protestas, buscando lidiar con toda esa ambigüedad que implica» este crimen.

Las mujeres buscadoras y, en general los familiares, explica Carrillo, también atraviesan una ambivalencia afectiva y sentimiento de culpa «por el agotamiento ante el tiempo que se invierte en la búsqueda y por el hecho de que muchas veces no se llega a saber la verdad, no le logra ubicar al ser querido».

«Estas situaciones son sumamente desgastantes psicológicamente y genera afectaciones a corto, mediano y largo plazo en los miembros de la familia», asevera la experta.

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Asimismo, identifica otros factores que desgastan física y mentalmente a las mujeres buscadoras:

La experiencia de hipervigilancia. Claudia Carrillo explica que las personas con un familiar en desaparición forzada desarrollan un estado permanente de alerta al no poseer información. Además, temen ser víctimas de una agresión o terminen siendo afectados por una experiencia traumática similar. «Temen mucho a que llegue esa información o ese desenlace que no quisieran escuchar que es la idea de una potencial noticia donde se revele la verdad. Esta experiencia de incertidumbre, de ansiedad persecutoria, hacen que se vayan agotando las reservas de energía psíquica y el agotamiento sea mucho mayor llegándose a afectar la salud física».
Culpa del sobreviviente. «Es una experiencia muy dolorosa debido a que constantemente están con la idea, la culpa devastadora de cómo continuar con sus vidas, cómo retomar sus trabajos, comer, dormir o sonreír cuando hay toda esta sensación de que ha ocurrido con el ser querido. Es una experiencia muy desgastante y dolorosa porque los familiares de víctimas siempre tienen la falsa creencia de no haber hecho lo suficiente para evitar la desaparición o encontrarlo, eso es un pensamiento que acompaña permanentemente a estas familias hasta que sepan la verdad», detalla la psicóloga.
Destrucción de creencias básicas sobre seguridad en su entorno y vida. «Se instala una sensación de indefensión aprendida ante un entorno hostil e incontrolable y son elementos que para el funcionamiento saludable de cualquier ser humano son muy importantes», destaca la coordinadora de Cofavic.

Cómo apoyar a las mujeres buscadoras

La coordinadora del Área de Atención Psicosocial a Víctimas de Cofavic destaca que la sociedad civil puede ejercer como punto de apoyo, no solo para la denuncia o visibilidad de casos de personas de desaparición forzada, sino para brindar una red de seguridad a las mujeres buscadoras y, por extensión, al resto de la familia.

Sin embargo, advierte que sin las herramientas adecuadas, ese «apoyo» puede transformarse en una revictimización más al dejar la interpelación del lado de las víctimas y no de los perpetradores.

«Cuando se trabaja con este tipo de personas que han vivido una experiencia tan grave de trauma o estrés, es importante establecer espacios respetuosos, neutrales, libres de juicio para que esta persona pueda realmente sentir alivio y no ser vulnerada en esta dura experiencia de búsqueda de información, de búsqueda de la verdad», expresa.

El poder proporcionar seguridad física y emocional a las mujeres buscadoras y sus familias, indica Claudia Carillo, pasa por la solidaridad. «La desaparición forzada se usa para dividir, aislar, generar estigmatización en los familiares de estas víctimas, por lo tanto, el poder activar acciones de solidaridad que les permitan mejorar su protección mediante el rechazo colectivo de estas prácticas».

Basado en las recomendaciones de la psicóloga Claudia Carrillo, coordinadora del Área de Atencion Psicosocial a Víctimas de Cofavic.

También menciona el cuidado del relato de las narrativas. «Para eso existen protocolos de trabajo, de aproximación a las víctima de violaciones graves a los derechos humanos. Es muy importante cuidar el relato y los testimonios de estas personas. La denuncia pública es muy importante, pero también la denuncia jurídica. En la denuncia pública se permite que se visibilicen los hechos, pero las víctimas no deben ser expuestas a un relato reiterado sobre lo ocurrido. Estaríamos contribuyendo a la revictimización».

Patrón sistemático en Venezuela

Amnistía Internacional afirma que en Venezuela existe un «patrón sistemático» de desapariciones forzadas, vinculadas «a la política represiva del Estado» y recuerda que estas ocurren cuando una persona es detenida y las autoridades niegan información sobre su paradero, situación legal o integridad física.

«La situación de desapariciones forzadas en todo el continente tiene muchas manifestaciones y se debe a distintos fenómenos de dinámicas sociales, de seguridad e incluso de represión», explica Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional.

En el país, enfatiza Ballesta, ocurren como parte de un «patrón de crímenes de lesa humanidad que se cometen como consecuencia de la política de represión».

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En ese sentido, añade que las desapariciones forzadas pasan a ser un patrón cuando los análisis de casos muestran que existe «un modus operandi, cuando hay cobertura geográfica que lo hace notar y cuando intervienen distintas autoridades (policías, tribunales, fiscalía) que dependen de diferentes entes».

En Venezuela, dice la ONG, se cumplen con estas características pues:

Las autoridades niegan o denegaron información sobre el paradero de una persona: si están siendo sometida a juicio ante los tribunales penales o si son investigadas.
Durante la situación de desaparición forzada, las víctimas son sometidas a eventos de tortura.
Afectan a distintas poblaciones, incluidos extranjeros y adolescentes. «Esa es parte de nuestra preocupación», indica Valentina Ballesta.

Liliana Ortega, que también integra la Organización Mundial contra la Tortura, resalta que hay que establecer que la desaparición forzada es un «crimen pluriofensivo», es decir, una violación múltiple de los derechos humanos.

En estos casos, explica, «hay una serie de estándares mínimos establecidos en el derecho internacional, además de nuestra Constitución, que deben ser observados y tienen que ver con unos ejes importantes: verdad, dignidad, debida diligencia, participación plena de los familiares de la víctima, independencia técnica y cadena de custodia. Estos son elementos fundamentales para identificación de restos de víctimas de desaparición forzada, para ubicación y paradero de personas desaparecidas».

Todos estos elementos, además, deben cumplirse íntegramente. «Cuando no se cumplé uno de ellos o ninguno, hay un evidente fallo del sistema de protección de los derechos humanos. Esa es una obligación que subsiste en el tiempo, porque las desapariciones forzadas son violaciones continuas de los derechos humanos», afirma la directora de Cofavic.

Pone como ejemplo el caso del Caracazo, ocurrido en 1989, y por el cual todavía hay personas desaparecidas. «El no haber identificado plenamente sus restos, no haber investigado y sancionado a los responsables es una violación del presente también. No solo en las desapariciones forzadas hay que mirar cuándo y cómo ocurrió el hecho sino el tiempo, cómo se ha mantenido en el tiempo el crimen, cuáles son las faltas y ausencia de protección del Estado, especialmente por los temas de debida diligencia».

Pero este no es el único caso sobre el cual el Estado venezolano tiene deudas. La Corte Interamericana tiene otras dos sentencias donde se establece la sistematicidad de la desaparición forzada en el país: la de Aranguren-Montero (retén de Catia, 1992) y las desapariciones forzadas a raíz de los deslaves de Vargas del año 1999.

«Es incontestable que hay un patrón de desapariciones forzadas y que el Estado venezolano tiene que tomar las medidas necesarias, usando los parámetros internacionales y los mandatos establecidos en la Constitución para acabar con este fenómeno que tanto daño le hace a la sociedad», expresa Liliana Ortega.