La organización advirtió que los niños colombianos siguen siendo víctimas de abuso sexual, reclutamiento y débil justicia; Aldeas Infantiles aportó evidencias
El pasado 20 y 21 de enero, se realizó en Ginebra el Comité de Derechos del Niño que, luego de 10 años de la última evaluación, revisó la situación de la niñez en Colombia, y el 5 de febrero publicó las recomendaciones preeliminares para que sean adoptadas por el gobierno y la ciudadanía en general.
Este nuevo examen internacional entrega una radiografía actualizada sobre las condiciones en que viven millones de niños, niñas y adolescentes en el país, así como los principales desafíos estructurales que afectan su desarollo y bienestar.
El Comité de los Derechos del Niño es el órgano encargado de supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en 1989. Está compuesto por 18 expertos independientes que evalúan periódicamente a los Estados y formulan recomendaciones para mejorar la garantía de derechos. En el caso colombiano, la última revisión se había realizado en 2015.
Durante esta nueva evaluación, el Comité identificó avances importantes. Entre ellos, la reducción de la mortalidad infantil y la adopción de leyes recientes orientadas a proteger a la infancia, como la prohibición del matrimonio infantil y la creación de unidades especiales de investigación para delitos contra menores. También se destacaron políticas públicas como planes educativos y estrategias contra el castigo físico.
En este proceso, organizaciones de la sociedad civil como Aldeas Infantiles SOS, junto con plataformas como la Alianza por la Niñez Colombiana, aportaron información clave mediante informes alternos. Estos documentos permitieron ampliar el diagnóstico oficial con evidencia sobre las condiciones reales que enfrentan niños y niñas en distintos territorios.
Sin embargo, el informe pone el foco en problemáticas persistentes. La violencia contra la niñez sigue siendo uno de los principales motivos de preocupación, especialmente en contextos de conflicto armados y en zonas rurales. El abuso y la explotación sexual afectan de manera desproporcionada a niñas, así como a poblaciones indígenas, afrodescendientes y migrantes.
Otro de los puntos críticos señalados es la impunidad. El Comité advierte que la baja capacidad institucional para investigar y sancionar delitos contra menores perpetúa los ciclos de violencia, limitando el acceso efectivo a la justicia para las víctimas.
En cuanto a condiciones de vida, se alertó sobre factores como la desnutrición, enfermedades prevenibles y homicidios de menores, especialmente en territorios afectados por economías ilegales y presencia de grupos armados. A esto se suma el impacto del cambio climático y las crisis humanitarias, que agravan la vulnerabilidad infantil.
El informe también subraya la situación de los niños con discapacidad, quienes enfrentan barreras para acceder a servicios básicos, y la necesidad de fortalecer la salud adolescente, en particular la salud mental. El aumento de problemas emocionales y la falta de cobertura en atención psicosocial figura entre las preocupaciones más urgentes.
En el ámbito familiar, el Comité insiste en la importancia de fortalecer a las familias como primer entorno protector. Recomienda ampliar programas de apoyo, evitar separaciones innecesarias y avanzar hacia modelos de cuidado comunal. Asimismo, propone reducir la institucionalización de menores y priorizar entornos familiares seguros.
De acuerdo con los insumos entregados por Aldeas Infantiles SOS, uno de los ejes centrales es el fortalecimiento familiar y la prevención de la separación de niños de sus entornos. Estas recomendaciones fueron recogidas por el Comité, que reiteró la necesidad de invertir en políticas de cuidado y apoyo directo a las familias como medida de protección.
Frente al sistema de protección, se identificaron debilidades estructurales que dificultan respuestas oportunas ante vulneraciones de derechos. Por ello, se plantea mejorar la coordinación entre entidades, aumentar recursos y garantizar que todas las decisiones se basen en el interes superior del niño.
El documento también incluye recomendaciones específicas para prevenir el reclutamiento de menores por grupos armados, fortalecer sistemas de alerta temprana y asegurar procesos de reintegración. En el entorno digital, se pide avanzar en regulaciones que protejan a los niños de riesgos en línea y promuevan la inclusión digital.
En materia de políticas públicas, el Comité enfatiza la necesidad de aumentar la inversión social dirigida a la infancia y garantizar presupuestos trasnparentes, con énfasis en los grupos más vulnerables. También recomienda mejorar los sistemas de información para contar con datos actualizados que permitan tomar decisiones más eficaces.
Finalmente, el informe hace un llamado a reducir las desigualdades que afectan a la niñez y a promover su participación en espacios de decisión. La garantía de sus derechos requiere acciones coordinadas, sostenidas y con enfoque territorial, según concluye el organismo internacional.
Consulte el Informe completo del Comité de Derechos del Niño sobre Colombia
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