Créditos en bolívares para damnificados: los retos de Ana Suárez en la compra de vivienda en Venezuela

El bloque 3 de La Páez era el hogar de Ana Suárez*. Lo heredó de su abuela. Las paredes caídas no remueven los recuerdos de lo que allí vivió con ella. Tampoco la demolición que aún no tiene fecha. Le ha costado despedirse aunque ya han pasado tres meses. Pero ahora su día a día está metido en una carpeta. Allí guarda, uno a uno, todos los requisitos solicitados para obtener un crédito y pagar la que, espera, sea su nueva casa. 

En una reunión a mediados de agosto, el secretario general de Gobierno de La Guaira, Daniel Mata, supeditado al gobernador José Alejandro Terán, les propuso un «crédito por mercado secundario». La Gobernación de ese estado financia 30.000 dólares, pagados en bolívares para la adquisición de una vivienda. 

Es justo en este punto en donde surge la primera traba, detectada incluso antes de la aprobación misma del crédito: «Los propietarios no quieren bolívares».

A tasa del Banco Central de Venezuela, al 2 de octubre, un dólar equivale a 866.56 bolívares. En el mercado paralelo, sin embargo, los precios para la venta de divisas son entre 10 y 15% más altos, pues las ofrecen desde 970 bolívares, que superan incluso el cambio a euro, hasta los 1.000 bolívares por dólar.

Ana, buscando opciones, por Marketplace en Facebook y a través de tres inmobiliarias, se ha comprometido incluso a hacer ella misma la compra de divisas una vez el dinero sea depositado en la cuenta del posible vendedor. El problema es que, asumiendo que cayeran los 25 millones 996 mil bolívares al propietario, tendría que poner ella tres millones 103 mil bolívares adicionales, 3.581 dólares calculados a la tasa oficial, para cubrir el diferencial generado por la brecha cambiaria. 

La otra opción es reducir sus posibilidades y buscar apartamentos por debajo de los 25.000 dólares. El problema es que las ofertas a ese precio también son escasas, incluso en zonas populares, y ella no cuenta, junto con su mamá y su hermano, con el dinero para cubrir la diferencia. 

«Al vendedor le van a caer los 30 mil dólares en bolívares. Hay que movilizar el dinero de la cuenta y hacer las compras de divisas. Es un trabajo que muchas personas no están dispuestas a hacer», señala. Hasta pensó en proponerle al posible vendedor que no le diera la llave de la vivienda hasta que ella pudiese conseguir todo el efectivo, pero lo ve como un escenario poco posible. 

Consideró entonces solicitar un crédito hipotecario, de los anunciados por Delcy Rodríguez el 29 de julio. «Las familias que perdieron sus hogares ya cuentan con el respaldo de la banca nacional para adquirir viviendas en el mercado secundario. El Fondo Venezuela Renace subsidiará el 80% del valor de los inmuebles de hasta 70 mil dólares», detalló la funcionaria dos meses atrás. 

Las familias podrían acceder a un crédito para cubrir el 20% restante y pagarlo en un plazo de 25 años. Para las viviendas valoradas entre 70 mil y 100 mil dólares, el fondo subsidiará el 50%. La otra mitad la cubriría un crédito por la banca con el mismo plazo para ser liquidado. 

Asimismo, anuncio que las familias que perdieron sus hogares ya cuentan con el respaldo de la banca nacional para adquirir viviendas en el mercado secundario. El Fondo Venezuela Renace subsidiará el 80% del valor de los inmuebles de hasta 70 mil dollars,

— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) July 29, 2026

Aunque a través de este mecanismo Ana no tendría que pensar en conseguir 30.000 dólares en efectivo, apareció una segunda traba. Le pidieron aportar una certificación de la titularidad avalada por el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren). 

El bloque 3 de La Páez, en Catia La Mar, fue construido bajo el esquema del Banco Obrero – Inavi (Instituto Nacional de la Vivienda), durante la administración del expresidente Carlos Andrés Pérez. Tramitar el título de propiedad absoluta o el finiquito de liberación de hipoteca requiere una gestión específica. Aunque ella cuenta con este documento, también con una declaración y una solvencia sucesoral, le dicen que el papel «es muy viejo, (aunque) registrado en la notaría de La Guaira, y no sirve».

«Me están pidiendo una copia certificada o un documento que avale la certificación de la titularidad. ¿Qué pasa? El registro de Catia la Mar, en la Atlántida, detrás del Banco de Venezuela, está en pie, está perfecto. Hace como 25 días yo fui y había personal adentro, tenían aire acondicionado, tenían luz. La estructura está intacta, pero desde el 24 de junio no está funcionando». 

La refirieron a una sede del Saren en La Castellana, en Caracas. Pero allí, de nuevo, se encontró con más dificultades.

«Acá no tenemos nada de La Guaira. Nosotros no tenemos información, no tenemos libros de La Guaira. Aquí no se está haciendo ninguna digitalización. Esperen instrucciones del jefe», le dijo una encargada cuando visitó la institución. 

Habilitaron en el Saren de La Urbina una taquilla para atender casos de La Guaira. Pero trasladarse hasta esa sede es muy engorroso para los daminificados de ese estado.

Ana envió un correo planteando su caso, aportó capturas de pantallas, documentos y la llamaron. También le escribieron por Whatsapp. La orden fue «esperar instrucciones». Volvió a La Castellana y abrió un expediente sin garantías de nada. Gastó 25 dólares en copias, más pasajes para traslados.

Al día siguiente vio en redes sociales que habían habilitado en La Guaira una taquilla especial para tramitar la documentación que no pudo gestionar por internet debido a la falta de registro del condominio de los bloques de La Páez en el sistema del Saren. Aunque los funcionarios le hicieron la solicitud en línea y le prometieron respuesta en una semana, el documento no ha llegado a su correo electrónico. Una vecina realizó el trámite antes que ella. Lleva un mes esperando pero tampoco ha recibido nada. 

«Sin ese papel no puedo pedir crédito», dice. 

«En teoría, la ayuda de los créditos es excelente, pero no todas las personas contamos con todos esos documentos. ¿De qué me sirve a mí que estén dando esos créditos hipotecarios si no tenemos los documentos? En mi caso yo tengo los originales, pero hay gente, tengo vecinos que les robaron, se metieron en los apartamentos y les robaron los documentos. No tienen nada». 

Tres meses después de perder su casa, Ana sigue intentando conseguir una nueva. Tiene un mecanismo de financiamiento al que puede intentar acceder, pero los propietarios no necesariamente aceptan la forma en que se les paga. Tiene los documentos originales de su vivienda, pero no consigue la certificación que le exige el banco.

Y aunque logre resolver el papeleo y obtener el crédito, todavía tendrá que encontrar una vivienda con un propietario que esté dispuesto a aceptar esas condiciones. Entre la burocracia para obtener los documentos y la desconfianza del mercado hacia los bolívares, Ana y otros daminificados siguen atrapados en el mismo punto: les dieron una promesa de financiamiento, pero todavía no una casa que puedan comprar. «¿Qué hacemos?».

*Ana Suárez es un nombre ficitcio utilizado para resguardar la identidad de la fuente por temor a represalias en su contra o afectaciones en su solicitud de financiamiento estatal.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.