Fallas administrativas impiden acceso a créditos para afectados del edificio Arichuna en La Guaira

Donde hasta el pasado 24 de junio se encontraba el edificio Arichuna —situado en la avenida principal de Los Corales, en la parroquia Caraballeda en La Guaira— hoy solo queda un terreno aplanado. El doble terremoto destruyó por completo la estructura de 97 apartamentos, cobrando la vida de al menos 38 personas y dejando a casi un centenar de familias en la calle. Sin embargo, en el sistema digital establecido por el Ejecutivo nacional para otorgar los créditos de reubicación del programa «Venezuela Renace», la tragedia no figura con la gravedad real: a los sobrevivientes el código QR personal les indica que sus viviendas colapsadas mantienen «etiqueta amarilla», una clasificación que define al inmueble como en riesgo medio o aún habitable.

Esta incoherencia algorítmica y administrativa impide el acceso al certificado digital de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad, un requisito indispensable exigido por la banca pública para tramitar los créditos sociales y subsidios directos (de hasta 80%) destinados a la compra de viviendas en el mercado secundario.

Mientras el discurso oficial promete respuestas rápidas a través de los bancos de Venezuela, del Tesoro y Digital de los Trabajadores, en la práctica, las más de 90 familias del Arichuna se encuentran atrapadas en un laberinto de carpetas sin sellar, promesas incumplidas y un peregrinaje infructuoso entre Caracas y La Guaira.

Los propietarios del edificio decidieron organizarse para agilizar los trámites institucionales y exigir una solución unificada. La comunidad ha ido en bloque, respaldada por la Junta de Condominio y de manera individual, a las sedes de Banavih y de «Venezuela Renace». Han entregado cartas de exposición de motivos, y las pruebas correspondientes al caso. Aunque, señalan a TalCual, los documentos han sido recibidos y firmados por algunos funcionarios, afirman que estos terminan archivados.

Pese a que las autoridades les aseguran que los códigos QR se actualizarán en un lapso de dos o tres días, la respuesta oficial acumula más de dos meses de retraso, manteniendo paralizadas a casi un centenar de familias que no pueden avanzar hacia la compra de un nuevo hogar.

«Necesitamos empatía»

Para Yecid Espinosa, propietario del apartamento 6-F, la traba del código QR acentúa un drama personal. Yecid vivió durante años en Residencia Arichuna, inmueble que constituía su vivienda principal y el patrimonio familiar construido con años de esfuerzo. Durante el sismo falleció su hijo de 19 años, estudiante de Ingeniería Informática en la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, quien se había quedado esa tarde en el apartamento para estudiar porque al día siguiente debía presentar un examen parcial.

«Aquí hubo 38 personas fallecidas. Yo estuve colaborando a sacar 18 personas de los escombros. Al segundo día rescaté a mi hijo y después me quedé ayudando a sacar más gente, hasta que no aguanté más y tuve que irme a Caracas a refugiarme. Mi grupo familiar quedó reducido a dos: mi esposa y yo. Yo tengo cuatro hijos, pero tres viven fuera del país y el que me quedaba era el chamo. Quedamos totalmente desamparados», relata Espinosa.

Yecid a diario se ve obligado a subir y bajar entre Caracas y La Guaira para cumplir con sus labores operativas y atender los requerimientos de la comunidad, un ritmo de vida que califica de sumamente complicado y agotador. Advierte que la falla del censo golpea a todos los copropietarios sin excepcion.

«Cuando nosotros trabajamos con los códigos QR generales del edificio sale como colapsado, pero cuando trabajamos con los códigos personales nos dice que está en etiqueta amarilla, o sea, que está habitable. Tenemos una tranca con el subsidio del gobierno para acceder a los créditos, que sería una ayuda grandisima porque perdimos todo. Hemos ido a todos los entes, pasamos cartas, fuimos en grupo con la junta de condominio y no hemos podido resolver. Allá te reciben el documento, el que está de guardia te lo firma, no te lo sella, agarran esa carpeta y la guardan. Nos dicen ‘tranquilos, en dos o tres días sale’ y ese cuento lo tenemos desde hace más de dos meses», explica.

Espinosa señala que la situación económica de los vecinos es crítica, pues muchos perdieron también sus puestos de trabajo y comercios en la zona costera. Resalta que, ante la falta de respuestas sobre la reconstrucción, la comunidad decidió reactivar y reorganizar la Junta de Condominio para cuidar la parcela donde quedaba la estructura.

«Lo que hicimos fue conformar la Junta de Condominio, estabilizarla para ir a los entes gubernamentales y decirles: ‘Aquí estamos presentes con el terreno, cuidando nuestro terreno’. Pusimos un pendón con los teléfonos de los encargados. Vimos que pusieron una grava allí, así que estamos pendientes y dentro de poco lo vamos a cercar, porque cada quien cuida lo suyo. Nos gustaría que construyeran otra vez el edificio, sería lo ideal, porque nos costó mucho llegar allí. Estábamos enamorados de nuestro edificio y de La Guaira. Necesitamos por lo menos un poco más de empatía con la gente que esta pasando tanto trabajo».

Censo ciego

El desajuste en el sistema de la Comisión Presidencial de Habitabilidad no solo se limita a etiquetar como habitables las estructuras inexistentes, sino que en algunos casos desplaza geográficamente el siniestro. Yessibel Otero, propietaria de Residencia Arichuna, se salvó del colapso porque la tarde del 24 de junio se encontraba visitando a su madre. Tras la pérdida de su apartamento, debió mudarse de emergencia a Caricuao junto a sus dos hermanas, sus sobrinos y el resto de su núcleo familiar, apretándose en un espacio significativamente reducido y teniendo que tramitar el cambio de colegio para los niños en la capital.

«Nos ha afectado muchísimo porque perdimos nuestra vivienda y el espacio donde convivimos ahorita es reducido. Me tocó conseguir colegio a los niños aquí. También nos está afectando la cuestión del QR cuando se hizo el censo, ya que a pesar de que el edificio colapsó, aparecemos con etiqueta amarilla», señala.

A su suplicio, se suma el hecho de que en el sistema le aparece una dirección distinta a la que era la suya. La plataforma la ubica en uno de los edificios del municipio Chacao que también colapsó.

«Debido a ese error no hemos podido optar al crédito hipotecario. Hemos ido a varios entes y nos dicen que lo van a acomodar, pero los días van corriendo y no nos dan respuesta, no se ha solventado la problemática», denuncia Otero.

Por su parte, Manuel Alves Parra, propietario de dos inmuebles (los apartamentos 2A y 1B) desde hace 24 años, relata cómo la tragedia quebró la dinámica familiar que mantenía en el litoral. Su hija debió trasladarse al estado Táchira, la madre de la joven se refugió en casa de una amiga en Bellas Artes (Caracas) y él se encuentra viviendo de forma dividida entre una habitación prestada en Petare y apoyos temporales en el vivero de Los Corales, en La Guaira, para poder seguir trabajando en la capital.

«Tenía dos apartamentos en Residencia Arichuna desde hace 24 años; en uno vivía la madre de mi hija y en el otro vivía yo. Mi hija se tuvo que ir al Táchira, la mamá a Bellas Artes y yo estoy en Petare en casa de un amigo, bajando a La Guaira porque me brindaron estadía en el vivero. No entiendo por qué no han cambiado la dirección de nuestro edificio que colapsó por otro que tiene la etiqueta amarilla. Trabajo en Caracas y requiero que se corrija esa información para poder acceder a los beneficios y reconstruir nuestra estabilidad», reclama Alves.

La brecha entre el papel y la realidad

De acuerdo con las directrices oficiales del programa «Venezuela Renace», activado tras la emergencia sísmica, las familias con inmuebles colapsados deben tramitar un crédito social con un subsidio estatal del 80% (para propiedades de hasta $70.000) o del 50% (entre $70.000 y $100.000) para adquirir una vivienda usada en el mercado secundario.

El protocolo formal exige que la persona interesada ingrese al portal de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad, complete los datos geográficos y descargue el certificado digital con el código QR que detalla la destrucción total de la propiedad.

Con el documento en mano, validado por el Saren y Banavih, el solicitante debe acudir a las agencias habilitadas del Banco de Venezuela, Banco Digital de los Trabajadores o Banco del Tesoro para consignar la planilla, pasar el análisis de riesgo y esperar la aprobación en un lapso teórico de cinco días hábiles.

Sin embargo, para los damnificados del edificio Arichuna el procedimiento se detiene en el primer peldaño. Al no poder generar el certificado con la categoría de «inmueble colapsado» debido al error informático que los mantiene clasificados en «etiqueta amarilla», la banca pública rehúsa procesar los expedientes.

El laberinto burocrático deja en el aire un esquema financiero pensado para ejecutarse en tiempo récord, obligando a casi un centenar de familias que lo perdieron todo a depender de la caridad de amigos o del hacinamiento en refugios temporales, mientras la burocracia insiste en que las ruinas aplanadas de Los Corales siguen siendo un lugar habitable.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.