El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endurece su ofensiva contra el narcotráfico. El mandatario reiteró este viernes que pronto su país comenzará a realizar ataques terrestres contra organizaciones criminales transnacionales.
Durante un acto en el Despacho Oval, Trump aseguró que la estrategia, aunque incluye acciones en suelo venezolano, no apunta a un país específico sino a los responsables directos del tráfico de drogas hacia Norteamérica.
“No se trata solo de bombardeos de tierra en Venezuela. Se trata de bombardeos de tierra contra gente horrible que trae drogas y mata a nuestro pueblo”, afirmó.
El republicano volvió a decir que en los últimos tiempos, Estados Unidos ha perdido a más de 300.000 personas por culpa de las drogas y que por eso la actual situación «es como una guerra».
Explicó además que esta nueva ofensiva se origina como continuación de lo que describió como una exitosa campaña naval, con la que, según sus cifras, se logró interceptar el 96% de las sustancias ilícitas que llegaban a Estados Unidos por vía marítima.
“Ahora estamos empezando por tierra, lo cual es mucho más fácil. Eso va a comenzar a suceder”, aseguró Trump.
Desde el pasado mes de agosto, el Pentágono mantiene un enorme despliegue militar en aguas del Caribe para destruir de manera sumaria lanchas, que según el gobierno republicano, transportan droga y pertenecen a redes en las que están involucrados el Ejecutivo y el Ejército venezolano.
Hasta la fecha, ha destruido en torno a una veintena de estas lanchas y matado a unos 80 de sus ocupantes.
«¿Alguien quiere ir a pescar a esa zona?», bromeó Trump al volver a insistir en el éxito y la legitimidad de estas operaciones.
El presidente Trump también hizo referencia al petrolero incautado esta semana frente a las costas de Venezuela, en un espectacular macrooperativo militar que marcó un nuevo episodio en la escalada de tensión entre Washington y Caracas, y aseguró que quiere mantener en secreto sus planes para con el crudo venezolano.
«No sería muy inteligente de mi parte decírtelo. Se supone que debemos mantener esto un poco en secreto«, dijo el mandatario.
El pasado miércoles, la Guardia Costera y la Marina estadounidenses interceptaron e incautaron un navío que navegaba con una falsa bandera de Guyana y que fue sancionado por Washington en 2022 por supuestamente transportar crudo iraní.
Según imágenes difundidas por la Fiscalía estadounidense, tropas fuertemente armadas abordaron la nave tras descender desde un helicóptero y tomaron el control de esta gran embarcación, de 333 metros de eslora.
Nicolás Maduro denunció que los tripulantes están desaparecidos, mientras que la Casa Blanca afirma que un equipo de investigadores estadounidenses se encuentra en el barco interrogando a la tripulación.
El buque transportaba 1,9 millones de barriles de crudo de la estatal Pdvsa, según el gobierno venezolano. Aunque no precisó el país de destido.
Trump afirmó que Estados Unidos se quedará con esa carga, decisión que según Maduro demuestra que Washington «se ha quitado la máscara» y busca «robar» el petróleo venezolano.
La Casa Blanca indicó el miércoles que el Skipper está sometido a «un proceso de decomiso» y será trasladado a un puerto estadounidense para proceder a la incautación de su carga.
El operativo ha generado intenso debate jurídico difícil de resolver mientras se desconocen numerosos detalles. La Casa Blanca sostiene que actuó conforme a la ley, mientras que Venezuela y sus aliados denuncian un acto de piratería.
Si bien Estados Unidos puede justificar la operación en su marco legal de sanciones, su compatibilidad con el derecho internacional es más compleja.
Washington podría alegar que el barco era apátrida, pues Guyana denunció que enarbolaba su bandera de forma fraudulenta, pero no todos coinciden.
«Estados Unidos no tiene jurisdicción para imponer sanciones unilaterales a personas que no sean estadounidenses fuera de su territorio», afirma Francisco Rodríguez, del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR). Añade que la incautación «sienta un precedente peligroso y constituye una violación del derecho internacional».
AP
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