Tras pasar ocho meses detenido en Estados Unidos (EEUU), Carlos García, quien fue alcalde del municipio Libertador de Mérida (2013-2017), tomó una decisión que años atrás habría sido difícil de imaginar: ser deportado a Venezuela, todo con el objetivo de abandonar la cárcel y buscar su libertad.
Carlos García fue destituido como alcalde de Mérida en 2017, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) indicara que incumplió la sentencia N° 371 que le ordenaba impedir barricadas y garantizar el libre tránsito durante las protestas antigubernamentales. El exalcalde había solicitado asilo en Estados Unidos.
Una vez que retornó a su país, el pasado 30 de septiembre, afirmó, en conversación con TalCual que sus planes a futuro son «seguir en Mérida, en Venezuela, ponerme al servicio de la causa por la democracia y la libertad del país».
«Políticamente, continuar apoyando para que podamos tener pronto elecciones presidenciales en Venezuela y que, finalmente, el cambio del país se termine de materializar con el retorno de la democracia», agregó.
García salió del país en 2017 y permaneció nuev años en el exilio: primero estuvo en Colombia y en 2022 llegó a EEUU por la frontera sur, cruzando el río Bravo. Junto a su esposa e hijos, que en la actualidad tienen ocho y seis años, obtuvieron el Estatus de Protección Temporal (TPS).
Cuenta que construyó una vida como la de cualquier migrante que no solo busca protección, sino mejores oportunidades de vida. Trabajó repartiendo paquetes de Amazon, haciendo delivery de alimentos con una app y en una fábrica, mientras su esposa se encargaba de cuidar a los niños.
Pero el 23 de enero de este año, en la que fue la entrevista número 32 ante autoridades migratorias, Carlos García fue detenido por funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Su esposa, quien también fue a la cita, quedó en libertad.
El exalcalde fue trasladado a una oficina de migración y luego a una cárcel de Hamilton, en Ohio. Allí pasó siete meses, el otro mes estuvo en otros centros migratorios y cárceles de Ohio y Luisiana.
Recuerda que los meses que estuvo encarcelado pasaba 21 horas en una celda, perdió más de 20 kilos y fue hospitalizado dos veces. En ese tiempo, intentó, asistido por sus abogados, obtener una fianza y presentar recursos para salir en libertad, pero las solicitudes le fueron negadas.
En principio, Carlos García sería deportado a un tercer país: Ecuador, pero cuando ya estaba en el avión, fue bajado junto a otros seis venezolanos; les dijeron que no estaban en la lista.
Nuevamente regresó a la cárcel y entendió que el proceso de deportación a una nación distinta a la suya podría prologarse hasta un año; como su esposa e hijos ya habían salido por decisión propia de territorio estadounidense, tomó la decisión de solicitar que su deportación fuese a Venezuela: «Era lo más rápido para que yo pudiera salir y estar libre», explicó.
Sin embargo, García sabía que esta decisión implicaba riesgo y le preocupaba qué ocurriría al llegar al país por la situción judicial, que explica, aún sigue vinculada a su nombre.
Carlos García recordó que huyó de su país tras enfrentar acusaciones y riesgo de ir a prisión. Nueve años después, su retorno se da en circunstancias totalmente distintas; en principio, no fue una decisión deseada, sino parte de un proceso de deportación en medio de las políticas migratorias de la administración de Donald Trump, que busca expulsar de forma masiva a migrantes, y la comunidad venezolana ha sido un blanco prioritario.
Como parte del proceso migratorio y en medio de la solicitud de asilo, García y su esposa estaban bajo supervisión de las autoridades: no podían salir del estado de Ohio y debían presentarse de forma regular a las citas.
Contó que en la cita de enero no sintieron temor de presentarse ante las autoridades, pero detalló que una funcionaria le informó que sus redes sociales estaban siendo monitoreadas. A este medio le explicó que usaba sus cuentas para denunciar situaciones en Mérida, promover su agenda social y «una o dos veces hice mensajes relacionados al tema migratorio en EEUU porque era el fin del TPS a los venezolanos y me parecía ilógico que le quitaran la protección cuando el país todavía seguía en un contexto complicado».
«Ese día me detuvieron a mí, me esposaron las manos, los pies y la cintura», recordó.
Carlos García describe los ocho meses detenido como un tiempo marcado por la incertidumbre y las restricciones. Detalló que en la cárcel de Hamilton, en Ohio, permanecen migrantes y presos comunes en distintos pabellones, aunque por momentos compartían espacios.
Contó que pasaba 21 horas del día encerrado en la celda y en las otras tres podía caminar por un pasillo sin acceso al sol ni al aire libre.
A la incertidumbre se sumaban las condiciones físicas del recinto carcelario: temperaturas demasido bajas, que le causaban episodios de tos con frecuencia. También permanecían con las luces encendidas durante toda la noche.
De acuerdo con el relato de García, estas condiciones afectaban la salud mental de algunos migrantes. Presenció intentos de suicidio de dos extranjeros, uno de origen indio y otro hondureño.
Expuso que la alimentación era otro de los problemas, que lo llevaron a enfermarse: el desayuno siempre era una pequeña porción de huevo, una bebida similar a un atol y un pedazo de ponqué, que afirma, siempre estaba pasado. Para el almuerzo, «salchichas, se veían verdosas, como descompuestas», pan de sandwich y algún vegetal. La cena, que afirmó, «siempre era la misma»; eran cuatro panes de sandwich con dos porciones de mortadela, «que a veces estaban babosas».
Luego de abordar el vuelo de deportación desde Texas hasta la ciudad de Barcelona, en el estado Anzoátegui, García contó que tenía pensamientos encontrados, que estaba feliz porque recuperaría la libertad y se reencontraría con su esposa e hijos en Mérida, pero también tenía miedo.
«Estaba con miedo porque no sabía qué me iba a enfrentar cuando llegara al aeropuerto de Anzoátegui con el tema de mi orden de captura y de mi caso abierto a nivel judicial», expuso.
Al aterrizar en Venezuela, pasó los controles migratorios habituales para los deportados; es decir, ante el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y autoridades migratorias. Afirmó que funcionarios del Sebin le tomaron fotografías y videos.
En el punto de control del Sebin, verificaron sus datos y, dijo, se preguntaron qué hacer con él, pues su situación judicial aún no está resuelta, pero lo dejaron en libertad.
También indicó que mientras estaba detenido en EEUU, su abogado consignó un escrito ante el Tribunal Supremo de Justicia para apegarse a la Ley de Amnistía, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta: «Debo reunirme con él, porque debo asesorarme qué otras acciones legales debo seguir emprendiendo para quedar libre de cargos».
Por otra parte, García consideró que la dirigencia opositora venezolana debe asumir una posición más activa frente a la situación de los migrantes venezolanos detenidos en Estados Unidos. A partir de su propia experiencia, sostuvo que los venezolanos que emigraron buscan protección y oportunidades para reconstruir sus vidas y que, aunque reconoció que una minoría pudo haber cometido delitos, aseguró que la mayoría son personas trabajadoras: «Yo sentí durante estos ocho meses que no hay como suficiente respaldo”, afirmó.
A su juicio, su caso permitió visibilizar una realidad que afecta a “miles y miles” de venezolanos que permanecen detenidos y desprotegidos en Estados Unidos: “Es importante que eso se denuncie y que además nuestros paisanos tengan el apoyo, el respaldo que requieren, que necesitan porque pareciera que no tuvieran dolientes”, sostuvo.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Santiago Rodríguez, Martín Carbonell y Juan Pablo Michelsen empezaron con Rocasol instalando paneles solares, luego…
Con un respaldo contundente de 25 votos a favor, el Consejo de Derechos Humanos de…
Han transcurrido más de 100 días desde que el doble terremoto devastó gran parte del…
El millonario diseño de Fura Gems, que explotaba la mina que fue de Víctor Carranza,…
La internacionalista y doctora en Ciencias Políticas Elsa Cardozo aborda los resultados electorales en Brasil,…
La crisi de suministro se traslada a los combustibles:La relación de interdependencia entre el petróleo…