Las 5 Zonas de Ubicación Temporal que Gustavo Petro Implementará para Combatientes en Colombia antes de Terminar su Mandato

Las nuevas ZUT funcionarán desde junio hasta diciembre y buscan acelerar la paz total, aunque persiste el choque con la fiscal Luz Adriana Camargo

A tres meses de dejar la Casa de Nariño, Gustavo Petro autorizó el traslado de combatientes de cinco grupos armados ilegales a igual número de Zonas de Ubicación Temporal, conocidas como ZUT, un paso concreto dentro de su política de paz total. Las zonas funcionarán entre el 25 de junio y el 31 de diciembre de 2026, y son la apuesta del gobierno para acelerar un proceso que, en el papel, contempla el tránsito de miembros de estructuras armadas hacia la vida civil con acompañamiento estatal y mecanismos de verificación que la ley define.

Cinco puntos estratégicos de la geografía

La distribución geográfica es precisa. En el Catatumbo habrá una zona para el Estado Mayor de los Bloques y Frentes de la disidencia que lidera Calarcá Córdoba, pero limitada al Frente 22, el que opera en esa zona de Norte de Santander. En Nariño llegará Comuneros del Sur. En Tierralta, Córdoba, el Clan del Golfo tendrá su espacio, lo que descarta, al menos por ahora, las zonas que se habían considerado para Chocó. Y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, la disidencia de Walter Mendoza, tendrá dos zonas: una en Nariño y otra en Putumayo.

El gobierno estableció una condición desde el inicio: en esta primera fase no ingresarán personas con órdenes de captura vigentes con fines de extradición. Eso deja por fuera, entre otros, a Chiquito Malo, el máximo jefe del Clan del Golfo, reclamado por Estados Unidos, y a Araña, jefe de los Comandos de Frontera, estructura adscrita a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

Esas son las Zonas a donde llegarán los alzados en armas que está adelatando conversaciones con el Gobierno Petro.

La restricción no es menor. Tiene que ver directamente con la tensión que estalló días antes del anuncio entre la Consejería Comisionada de Paz y la Fiscalía General de la Nación. Todo comenzó el 8 de mayo, cuando la Consejería le pidió a la Fiscalía suspender las órdenes de captura de 29 miembros del Clan del Golfo para permitir su acceso a las ZUT. La lista incluía a Chiquito Malo. La fiscal general Luz Adriana Camargo se negó, argumentando que la información disponible no permitía verificar los acuerdos de paz, su cumplimiento ni el universo de integrantes que quedaría bajo control institucional.

Reacciones desde la Casa de Nariño

Ante eso, el presidente Petro tomó distancia de su propia consejería: dijo que la lista de 29 con extraditables no había pasado por su consulta, y anunció que se elaboraría una nueva con 400 combatientes del Clan del Golfo, sin incluir a los requeridos en extradición. La Consejería, por su parte, respondió que la dirección de la política de paz le corresponde de manera exclusiva al presidente de la República, en virtud del Artículo 189 de la Constitución y de la propia Ley de Paz Total.

Acá la resolución firmada por @FiscaliaCol Camargo que frenó la suspensión de órdenes de captura contra 29 miembros del Clan del Golfo enviados a Zonas de Ubicación Temporal.

No hay aún información suficiente y verificable sobre el acuerdo, advierte que las ZUT no son… pic.twitter.com/DzVPmWrCt6

— Espinosa (@EspinosaRadio) May 12, 2026

La fiscal Camargo precisó que la suspensión de órdenes de captura operará a partir del 25 de junio, cuando arrancan formalmente las ZUT, y que cada caso debe analizarse de forma individual: identidad, situación jurídica, pertenencia efectiva al grupo armado, entrega de armas y desmantelamiento de estructuras. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema también sesionó para revisar el manejo jurídico de las solicitudes del gobierno y advirtió que todas las medidas deben cumplir los condicionamientos legales.

En el consejo de ministros de este 13 de mayo el presidente Gustavo Petro dio a conocer cuáles son y dónde estarán las ZUT.

El traslado a las ZUT es, según el propio Gustavo Petro, la última fase de un proceso de negociación según lo que establece la ley. El presidente lo presentó como un avance sustancial y dejó claro que los procesos de negociación funcionan con respecto a las leyes colombianas, no a las opiniones de otros funcionarios. Lo que no aclaró es cómo se resolverá la disputa con la Fiscalía ni qué pasa si los acuerdos de desmantelamiento de economías ilegales no se cumplen, que es justamente la condicion que él mismo puso para declarar los procesos en estado avanzado.