Recomposición del TSJ: Acuerdos Clave del Diálogo para Desmantelar el Chavismo según Expertos

Los politólogos como Carmen Beatriz Fernández y Enderson Sequera valoran positivamente los primeros acuerdos del diálogo, especialmente una nueva recomposición del TSJ bajo los límites que establece la Constitución y que, hasta ahora, pasaban más por un reparto partidista que beneficia al chavismo y permitía sostener el andamiaje legal de su permanencia en el poder. Sin embargo, observan la ausencia de plazos como un movimiento cauteloso, aunque de igual forma anclado a la propia vigencia de uno de los dialogantes: la Asamblea Nacional de 2015 cuyo mandato culmina en diciembre de este año.

El jueves 12 de agosto se cerró la primera ronda de diálogo entre los representantes de la administración de Delcy Rodríguez y la Asamblea Nacional de 2015, un proceso que vigila muy de cerca Estados Unidos como «tutor» de un proceso que inició tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Los acuerdos logrados en el hotel Meliá de Caracas van en dos capas: una económica –ligada a la administración Rodríguez– que implica la devolución de unas 31 toneladas de lingotes de oro depositadas en el Banco de Inglaterra y una política, con una nueva reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el cambio de todos los magistrados y algunas normativas penales.

A grandes rasgos, estas dos capas cumplen con los tres objetivos fijados por los mismos dialogantes una semana antes: atención a las víctimas de los terremotos, fortalecimiento de la democracia y derechos y garantías políticas. Pero el foco, coinciden los politólogos Carmen Beatriz Fernández y Enderson Sequera, está en los dos últimos objetivos fijados para recomponer el TSJ y, por ende, ese andamiaje construido por el chavismo para garantizar su permanencia en el poder desde hace más de 20 años.

La profesora y PhD en Comunicación Política Carmen Beatriz Fernández señala que esta ronda de diálogo es «un primer inicio muy prometedor, mucho más de lo que hubiera esperado». ¿Las razones? Ese nombramiento de nuevos magistrados, pues «lo máximo que habría esperado es una reforma a la Sala Electoral, pero esto es muchisimo más importante».

«Toda la arquitectura institucional del chavismo descansa de alguna manera en el TSJ, en la Sala Constitucional. Es una buena noticia que se vuelva a lo que establece la Constitución, a tener magistrados escogidos por méritos, cosa que nunca se hizo. Es la manera de reinstitucionalizar la República bajo el entendido de que la arquitectura de las instituciones recae en el tema TSJ, muy particularmente lo electoral», explica la profesora universitaria.

El 4 de mayo, ocho días antes de la reforma a la Ley Orgánica del TSJ, se juramentaron ocho suplentes como magistrados principales ante las vacantes por renuncias y jubilaciones.

Enderson Sequera, consultor de estrategia y especialista en políticas públicas, reafirma que de concretarse esa renovación del TSJ se estaría ante «una de las transformaciones institucionales más importantes de los últimos 20 años en Venezuela. Desde 2004, cuando el chavismo amplió el TSJ de 20 a 32 magistrados, no hay independencia judicial en el país. Un nuevo TSJ apegado a derecho sería la primera vez en dos décadas que el país tendría independencia judicial».

El sistema de justicia venezolano, incluyendo al TSJ, se fue erosionando no solo a través de leyes adoptadas y los propios cambios establecidos en la Constitución, al otorgar poderes «supra» a la Sala Constitucional, el nombramiento de jueces y fiscales a dedo, la corrupción dentro del organismo y la politización de sentencias para beneficiar a determinadas partes u ocultar graves violaciones a los derechos humanos. Así lo determinó la Misión de Determinación de Hechos en un informe detallado publicado en 2021.

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Este anuncio del diálogo, resalta Sequera, «prueba que la negociación avanza en el objetivo de reinstitucionalizar al país con miras a una transición democrática». Por su parte, Fernández señala que si bien el rodrigato puede atribuirse una «victoria temprana» al solicitar la devolución del oro, al poner en una balanza ambos acuerdos considera «más importante la reconstitución del TSJ».

Los plazos del diálogo

En el comunicado firmado por Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez se dice que el «cronograma de ejecución de los acuerdos comenzará este mes de agosto con los anuncios oficiales y acciones concretas, bajo un mecanismo de trabajo continuo que asegure el cumplimiento estricto de cada compromiso».

Sin embargo, no se fijaron fechas concretas para que la Asamblea Nacional en funciones dentro del país –la de 2020 que preside Jorge Rodríguez– se reúna, llame a la conformación de un nuevo comité de postulaciones judiciales. Cabe recordar que ya existía esta instancia (que presidía el diputado Giuseppe Alessandrello, del PSUV) e incluso un listado de más de 500 personas dispuestas a llenar los 20 cargos dejados producto de jubilación y renuncias en las distintas salas del TSJ.

Este comité, a su vez, debe fijar los plazos, el baremo y la convocatoria a los interesados en cubrir las vacantes en las cinco salas, la Dirección General de la Magistratura y la Inspectoría de Tribunales.

Tampoco se especifica que otras leyes, aparte de la Ley Orgánica del TSJ, quedaron fijadas para su reforma parcial. Justamente, el parlamento entra en receso legislativo a partir de este sábado 15 de agosto hasta el 15 de septiembre, como lo dicta el Reglamento Interior y de Debates de la AN. En todo caso, queda fijada una comisión delegada que puede hacer llamados a sesiones extraordinarias si hay urgencia por resolver estos cambios en el cortísimo plazo.

Foto: Asamblea Nacional 2020.

El politólogo Enderson Sequera señala que fijar fechas «habría generado más confianza en la ciudadanía y habría facilitado la labor de vigilancia ciudadana. Sin embargo, leo la ausencia de las fechas en clave de prudencia y de contención de las expectativas ciudadanas sobre la negociación».

Destaca que este diálogo es un proceso delicado, pero «son los resultados concretos los que permitirán que esta mesa se gane la confianza de todos los venezolanos».

Carmen Beatriz Fernández menciona además que hay un plazo, a líneas gruesas, «que es la fecha de caducidad de la Asamblea Nacional de 2015 y que lo hizo explícito la propia Dinorah Figuera: el 31 de diciembre de 2026».

«El hecho de que no hayas fijado plazos para este proceso de reconstrucción del TSJ no quiere decir que no vayas a empezar a hacer cosas en otras áreas importantes como lo es el tema electoral, que esperemos se vaya definiendo en la medida que vayan arrancando las otras rondas de negociación. Ese camino de reconstrucción del TSJ puede andar en paralelo a la reconstitución del entramado legislativo electoral, unos nuevos rectores y la definición de un cronograma, entre otros puntos; así como puede ir en paralelo también el rescate de la libertad de expresión y de derechos civiles perdidos», puntualiza la profesora universitaria.

Lidiar con los descontentos

A la par del diálogo se produjeron algunos señalamientos dentro del espectro opositor, como Andrés Velásquez que señaló este primer acuerdo como «poco y decepcionante» al no estar dirigido, a su parecer, a una liberación inmediata de todos los presos políticos. Ya Dinorah Figuera también presentó presiones antes de la reunión de grupos como la Coalición Sindical, que marchó hasta el hotel Meliá pero no logró reunirse con ella para entregar un documento con sus planteamientos.

Carmen Beatriz Fernández dice que hay críticas dentro del bando demócrata y también críticas «mucho más duras» dentro del chavismo, «pero eso es esperable dentro de un proceso muy complicado. Mucha gente queda descontenta, sobre todo si no estás incluido dentro de esos acuerdos, pero es parte de lo esperable».

Enderson Sequera afirma que «la urgencia de la gente y de algunos sectores políticos está justificada. Se basa en la desconfianza hacia el chavismo, que ha usado las decenas de negociaciones anteriores para ganar tiempo, legitimidad internacional y enfriar la calle».

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El problema tanto de este diálogo como de otros, aclara Sequera, «es que son procesos frágiles y complejos, cuyos avances no necesariamente van de la mano con los tiempos y la urgencia de la gente. En este escenario, los sectores políticos tienen el importante rol de la pedagogía ciudadana: explicarle al pueblo venezolano los avances de esta negociación y manejar sus expectativas».

Especialmente, dice el politólogo, se debe explicar a la gente «que esta negociación es diferente a todas las anteriores. Esta es una negociación para la transición, no para que el chavismo gane tiempo».

Dentro del chavismo, resalta Sequera, esas críticas van orientadas por el temor de garantizar su supervivencia política. «Saben que esta es una negociación seria. A diferencia de las anteriores, saben que aquí se están negociando los términos para una transición y eso, para ellos, significa dejar el poder y los privilegios».

A su juicio, el chavismo «aún no ha procesado los hechos del 3 de enero. No han procesado que su hegemonía llegó a su fin y no han entendido que esta negociación es el mecanismo institucional donde se van a acordar los términos de su entrega del poder. En medio de este proceso, aquellos funcionarios que saben que tendrán que rendir cuentas ante la justicia en un futuro gobierno democrático temen, con sobradas razones, al resultado de este proceso».

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