Por Maibort Petit
El juez del Distrito Sur de la Florida, Robert Scola autorizó la moción en la que el exalcalde de Guanta en Venezuela, Jhonnathan Marín Sanguino pidió no entregarse a las autoridades en abril de 2023, para cumplir con la sentencia de 27 meses que recibió tras ser procesado por delitos de corrupción y lavado de dinero.
La defensa de Marín pidió al tribunal extender la fecha de Entrega a la Oficina de Presiones prevista originalmente para el 20 de abril de 2023. Scola concedió al exfuncionario corrupto venezolano para que se entregue al BOP, a las 12:00 del mediodía del 25 de julio de 2023.
El magistrado advirtió que «Si no es designada en la fecha especificada, el acusado se entregará al Servicio de Marshals Service en el Wilkie D. Ferguson, Jr. U.S. Courthouse, 400 North Miami Avenue, 6th floor, Miami, Florida 33128».
Marín Sanguino fue acusado el 21 de abril de 2022 por la Fiscalía de los Estados Unidos de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.
El exfuncionario chavista usó su posición política y de poder, para beneficiar a empresarios que suministran bienes y servicios a PDVSA y que en la acusación del gobierno se identifican como Co-conspirador 1 y 2. El segundo de estos elementos fue identificado por la fiscalía como Carlos Enrique Urbano Fermín, propietario de la Constructora Cuferca C.A., quien igualmente fue procesado por blanqueo de capitales en una corte de Florida en la que se declaró culpable.
Marín Sanguino recibió entre 2015 y 2017 pagos de sobornos por un monto total de USD 3. 800.000, de acuerdo a la acusación de la Fiscalía de EE. UU., dinero que le entregó un contratista, a cambio de “utilizar su posición oficial como alcalde de Guanta para influenciar a funcionarios de las subsidiarias de PDVSA para adjudicar contratos a las compañías del co-conspirador 1”.
El dinero se transfirió a cuentas controladas por familiares de Jhonnathan Marín Sanguino y por él mismo, en el sur de Florida, lo que le permitió al exalcalde adquirir bienes de lujo como propiedades y hasta el uso de jets privados.
El exalcalde de Guanta es acusado por un único cargo de conspiración para cometer lavado de instrumentos monetarios y fue sentenciado a 27 meses de prisión.
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