La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el jueves en primera discución una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, después de un acuerdo de suministro de petróleo de 50 millones de barriles entre Caracas y Washington tras la destitución del presidente Nicolás Maduro.
La reforma permitiría a empresas extranjeras y locales operar yacimientos petrolíferos mediante un nuevo modelo, comercializando la producción y recibiendo el producto de las ventas, incluso siendo socios minoritarios de la estatal PDVSA, según borradores vistos por Reuters.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó la semana pasada a la Asamblea Nacional la propuesta de reforma, que se espera modifique profundamente la columna vertebral de la industria petrolera del país al cambiar la histórica ley petrolera de Hugo Chávez.
Para la autorización del proyecto se requieren dos debates y, en medio de ellos, una consulta pública con diversos sectores.
«El petróleo bajo tierra no sirve», dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante la sesión, instando a los legisladores a respaldar los cambios para que se pueda producir y exportar.
Ningún legislador que intervino el jueves se opuso a la reforma. La asamblea, que cuenta con un pequeño número de legisladores de la oposición, no ha sido reconocida formalmente por Estados Unidos debido a las dudas sobre su legitimidad.
Ejecutivos petroleros y posibles inversores exigen autonomía para producir, exportar y cobrar el producto de las ventas en el país tras las nacionalizaciones y expropiaciones de activos llevadas a cabo por Chávez hace dos décadas.
Algunos expertos han señalado que el nuevo modelo contractual propuesto por Rodríguez, que permite a las empresas producir y exportar de manera independiente mediante contratos con PDVSA, es contrario al modelo de empresa mixta en el que se basa la Ley de Hidrocarburos.
Esos contratos, impulsados por Maduro con poco éxito y nunca divulgados públicamente, favorecieron la entrada de pequeños operadores a los yacimientos petroleros venezolanos en los últimos años, a pesar de las sanciones estadounidenses.
«La empresa operadora asume la gestión integral a su propio costo y riesgo. En este modelo, el Estado no adquiere deudas y la retribución de la operadora consiste en una participación porcentual sobre los volúmenes (de producción) fiscalizados», indica el texto de la reforma propuesta al referirse a la incorporación del modelo de contrato de producción compartida.
La propuesta permitiría al gobierno ajustar las regalías hasta el 15% para proyectos especiales que requieran grandes inversiones, mientras que antes era del 33%.
«Son campos que necesitan grandes inversiones, pero para lograrlas tienen que tener también una flexibilidad en las regalías», dijo el diputado Orlando Camacho durante la presentación de la reforma legal.
El proyecto también incluye la posibilidad de recurrir a arbitraje independiente para resolver controversias, una solicitud de larga data de las empresas extranjeras tras desacuerdos y demandas judiciales para reclamar una compensación por los activos expropiados en Venezuela.
Reuters
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