Violencia y represión en Venezuela tras las elecciones de 2024: Análisis del informe de HRW sobre asesinatos y desapariciones

La madrugada del 30 de julio de 2024 marcó un punto de no retorno. Mientra el Consejo Nacional Electoral adjudicaba un improbable 51 % a Nicolás Maduro, miles de venezolanos exigían tranparencia. La respuesta fue una ofensiva que combina viejas tácticas represivas con métodos de contrainsurgencia digital. El informe de HRW —Castigados por buscar un cambio— ofrece ahora la anatomía completa de esa represión. Este artículo sintetiza sus hallazgos y los contrasta con testimonios recogidos por La Gran Aldea.

1. Claves del informe de HRW

Al menos 25 asesinatos ocurridos en el contexto de protestas, perpetrados por la Guardia Nacional, la Policía Nacional y colectivos armados, con especial letalidad en barrios populares de Caracas y Maracay. La mayoría fueron asesinados entre el 29 y 30 de julio de 2024, cuando las protestas alcanzaron su punto más álgido; 22 de las 25 personas asesinadas tenian menos de 40 años y procedían, en su mayoría, de barrios de escasos recursos.

Más de 2.000 detenciones entre el 28 de julio y el 31 de diciembre; cientos de personas siguen presas bajo cargos de “terrorismo” o “incitación al odio”.

Desapariciones forzadas sistemáticas: familiares y abogados pasan días sin saber en qué calabozo está el detenido, violando normas internacionales.

Detención y tortura de menores: HRW y Amnistía Internacional documentaron a adolescentes de 14-17 años incomunicados y golpeados para obligarlos a confesar supuestos planes sediciosos.

Uso de colectivos motociclistas como fuerza parapolicial para intimidar votantes, disolver marchas y marcar casas de opositores.

2. Asesinatos selectivos y violencia letal

Las primeras 48 horas tras el cierre de urnas bastaron para dejar claro que el aparato chavista había optado por la fuerza letal. Los fallecidos identificados por HRW murieron por disparos de fusil o escopeta cuando exigían un conteo tranparente o simplemente caminaban cerca de las protestas.

Los colectivos desempeñaron un rol decisivo: llegaron en motos, armados y con chalecos negros para disparar contra grupos que coreaban “¡Que publiquen las actas!”. La cadena de mando, lejos de ser caótica, muestra coordinación con cuerpos oficiales: en varios videos se observa a la Guardia Nacional abriendo paso a los motorizados antes de los ataques.

3. Desapariciones y detenciones arbitrarias

El patrón descrito por HRW replica tácticas vistas en 2014 y 2017, pero con mayor sofisticación digital: la “Operación Tun Tun” combinó checkpoints con verificación de teléfonos, búsquedas domiciliarias y delaciones a través de la app oficial VenApp, que ofrecía recompensas por “terroristas”.

Falta total de garantías procesales

Presentaciones grupales vía Zoom sin acceso a defensa.

Negación recurrente de paradero, configurando desaparición forzada.

Obligatoriedad de firmar actas de “buen trato” para obtener medidas cautelares.

4. Las historias detrás de las cifras

Freddy Superlano
Detenido el 29 de julio, sobrevive en una celda plagada de ratas y cucarachas. Su esposa relató que él le pide “trampas para ratones y veneno para chiripas” para mantenerse con vida.

Perkins Rocha
Abogado de derechos humanos; su familia entrega comida a un calabozo sin saber si la recibe. No ha sido visto por un juez desde su captura en noviembre.

Los cinco asilados en la embajada argentina
Pedro Urruchurtu, Magalli Meda, Claudia Macero, Omar Moreno y Humberto Villalobos llevan más de 400 días viviendo bajo asedio: cortes de luz, vigilancia permanente y amenazas de desalojo. Meda calificó la reciente “convocatoria a elecciones regionales” de “basura”.

Niños y adolescentes secuestrados
HRW respalda la investigación de La Gran Aldea sobre más de 150 menores retenidos en cuarteles y sedes de la FAES, sometidos a choques eléctricos y simulacros de ejecución para disuadir futuras manifestaciones.

Sippenhaft a la venezolana
El chavismo ha refinado la práctica nazi de castigar a la familia del opositor: esposas, madres y hermanas son detenidas o amenazadas para forzar confesiones, tal como documentamos en febrero de 2024.

5. Propaganda vs. Realidad: las sanciones no son la causa

El régimen sostiene que las sanciones explican la escasez, el éxodo y la protesta. Sin embargo, el informe de HRW prueba que la represión se disparó antes de la imposición de nuevas sanciones y después de una victoria electoral opositora que el chavismo se negó a reconocer. Las sanciones ni asesinan manifestantes ni torturan niños; esos crímenes llevan sello oficial.

6. ¿Qué pide HRW y qué debería hacer la comunidad internacional?

1. Liberación inmediata de los detenidos por motivos políticos y publicación de las actas electorales oficiales.

2. Ampliar sanciones individuales (prohibiciones de viaje, congelación de activos) a mandos medios de la represión.

3. Respaldar la investigación de la Corte Penal Internacional y proveer fondos de emergencia a ONG que documenten abusos.

Los gobiernos que han optado por “reabrir canales diplomáticos” deben sopesar si la normalización con Caracas vale el precio de legitimar crímenes de lesa humanidad.

Conclusión

La violencia estatal descrita por HRW no es la reacción aislada de un gobierno bajo presión, sino la fase más reciente de un proyecto autoritario que —como demuestra la Sippenhaft venezolana— no duda en castigar incluso a los familiares de sus críticos. A casi un año del 28-J, el desafío para la comunidad internacional no es comprobar la naturaleza criminal del régimen, sino decidir cuánto más permanecerá indiferente.

La urgencia es moral y política: detener la represión hoy es frenar el próximo éxodo y evitar que la impunidad se convierta en norma continental.

INFORME COMPLETO AQUÍ.

La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.