La extradición de Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, desde España hacia Ecuador parece estar más cerca. El 29 de julio, mediante el Auto 587/2026, la Audiencia Nacional de España, Sala de lo Penal, Sección Tercera, resolvió de manera favorable la solicitud de extradición presentada por Ecuador. No obstante, aún existe una instancia de apelación por parte del líder de Los Lobos, solicitado por la justicia ecuatoriana.
La resolución de la Audiencia Nacional no es definitiva y puede ser recurrida mediante recurso de súplica en un plazo de tres días. Asimismo, la decisión judicial se adopta “sin perjuicio de la última decisión que corresponde al Gobierno de la Nación”, menciona el documento al que este medio tuvo acceso.
A pesar de que la decisión fue tomada hace dos semanas, recién se dio a conocer por reportes de agencias de noticias internacionales. La información sobre extradiciones se maneja de forma anónima. Por ello, en la decisión oficial de las autoridades españolas se identifica a “Pipo” con el nombre de “José Augusto”.
La decisión de España es positiva, especialmente considerando que hace varias semanas, las mismas autoridades negaron la extradición de “Pipo” al Gobierno de EE.UU.
España ha considerado apropiado extraditar a Pipo a Ecuador para que complete su condena vigente de 16 años. Aún le quedan 4 años y 282 días. También es muy significativo que España determinó que las garantías ofrecidas por Ecuador son suficientes para descartar un riesgo de trato inhumano. Esto refuta la tesis que ha sido presentada por otro de los acusados en el caso Magnicidio, José Serrano, sobre los peligros de trato inhumano o riesgos del sistema penitenciario.
Criterio sobre garantías en Ecuador
Justamente, frente a la aprobación de la extradición, la defensa de alias “Pipo” se opuso citando un supuesto riesgo de sufrir tratos inhumanos o degradantes en las cárceles ecuatorianas. También mencionó un riesgo por el perfil atribuido a Chavarría: “líder de Los Lobos”, y por el contexto de la lucha contra el narcoterrorismo y la situación del sistema penitenciario ecuatoriano. La defensa también cuestionó que la solicitud no proviniera del juez encargado de ejecutar la sentencia.
Según el documento, Ecuador respondió ofreciendo garantías penitenciarias individualizadas. Indicó que, en caso de ser extraditado, sería ingresado al Centro de Privación de Libertad Santa Elena N.º 1, “El Encuentro”, con vigilancia permanente, controles de acceso, atención médica y psicológica, protocolos específicos de seguridad y medidas reforzadas para proteger su integridad física, psicológica y sexual.
Un dato revelador fue que el Estado ecuatoriano aseguró que el centro penitenciario tiene capacidad para 800 personas y al momento del informe tenía 644 internos, por lo que no existía riesgo de hacinamiento.
La Audiencia Nacional consideró que se cumplen los requisitos legales para la extradición:
* Existe un tratado de extradición vigente entre España y Ecuador.
* Los hechos cumplen el principio de doble incriminación.
* La pena impuesta fue de 16 años.
* La pena no está prescrita.
* La condena sigue vigente.
* El tiempo restante de la condena (4 años y 282 días) supera ampliamente los seis meses mínimos exigidos por el tratado para conceder una extradición destinada a ejecutar una condena.
La Audiencia además descartó que su presunta condición de líder de Los Lobos o su peligrosidad fueran, por sí mismas, razones para negar la extradición, especialmente porque Ecuador había presentado garantías específicas para su custodia.
La noticia ha generado un gran interés en Ecuador, ya que actualmente se le está procesando por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. El 13 de agosto, Mishelle Moreno, una de las abogadas de los procesados (Daniel Salcedo), alertó a los recluidos en la cárcel de El Encuentro sobre la inminente extradición.
Aplicando una estrategia nada ortodoxa, escribió a mano un mensaje que mostró por zoom: “Aprobaron extradición de Pipo a Ecuador. Ojo”. Sobre esta actuación, la fiscal Ana Hidalgo comentó que llama la atención este comportamiento y no se entiende bien si la abogada busca advertir o presionar a los procesados.
La abogada Moreno es actualmente la única defensora de Daniel Salcedo, luego de que este 14 de agosto se conoció la renuncia del abogado Renato Montero. No se sabe exactamente cuáles son los motivos, pero se supo que el defensor Montero había sido impedido de entrevistarse con Daniel Salcedo desde el momento en que llegó a la cárcel de El Encuentro. El traslado ordenado por el SNAI, sin razones claras, genera dudas sobre los motivos.
En ese tema, Montero incluso recibió amenazas de muerte anónimas si se acercaba a la cárcel de El Encuentro donde estaba su ahora ex cliente. En cambio, la abogada Moreno tuvo acceso normal.
La solicitud de extradición se basa en una sentencia de la justicia ecuatoriana de 2010, que le impuso 16 años de prisión por robo agravado. Según las noticias de ese año, se produjo un asalto a una sucursal del Banco del Austro en Cuenca. Se sustrajeron $ 38.000 y ocurrió un enfrentamiento armado con la Policía que dejó muertos y heridos.
Sin embargo, en 2021, Ecuador declaró extinguida esa pena porque supuestamente el condenado había muerto. Sin embargo, en 2022, la Fiscalía descubrió que el certificado de defunción utilizado para obtener esa declaración había sido obtenido de manera fraudulenta.
Posteriormente, el Registro Civil cambió el estatus de Wilmer Chavarría. Así, ya no constaba como fallecido, sino como ciudadano vivo. Después, las autoridades informaron que se encontraba en España utilizando otra identidad (Danilo Fernández) con documentos colombianos. También se supo que se había sometido a varias operaciones estéticas para cambiarse el rostro.
“Pipo” fue detenido en España en noviembre del 2025, cuando viajaba de Marruecos a Málaga. En esos mismos días, Ecuador anuló la extinción de la pena y volvió a ordenar su localización y captura.
En estos momentos, Wilmer Chavarría Barré, alias “Pipo”, también es requerido en Ecuador con orden de prisión preventiva por el magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto del 2023. Sobre este tema, la Audiencia fue clara: ese proceso no forma parte de esta extradición y no constituye una causa para denegarla.
El tribunal explicó que, si Ecuador presenta otro pedido de extradición por hechos distintos, esta deberá tramitarse conforme a las reglas correspondientes.
Previamente, alias “Pipo” hizo una declaración ante la autoridad española muy poco creíble. En esta dijo que se dedicaba a chapuzas (trabajos de poca monta en tema de obras y arreglos en el hogar), una suerte de albañil. También aseguró que no tenía nada que ver con el narcotráfico, pero afirmó que el actual presidente del Ecuador, Daniel Noboa y el ministro John Reimberg lo consideraban un competidor en el narcotráfico. Finalmente, también dijo, sin presentar ninguna prueba, que ambos funcionarios públicos habían mandado a asesinar a Fernando Villavicencio.
Quedan algunas interrogantes sobre la extradición de “Pipo”. ¿EE.UU podría solicitar nuevamente a España su extradición? ¿Si se cumple la extradición a Ecuador, se podría facilitar en su momento la extradición a EEUU?
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