Deportaciones en Chile: Promesas Vacías y la Realidad de los Venezolanos en Situación Irregular

Los venezolanos serían los más afectados por una posible política de expulsiones en Chile, ya que constituyen el mayor grupo migrante en el país. Se estima que más de 330.000 extranjeros están en situación irregular, con un predominio de nacionales de Venezuela. Expertos advierten que, ante este panorama, el enfoque no debería centrarse solamente en la expulsión, sino también en políticas de integración y regularización.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha enfatizado que su gobierno avanzará en la expulsión de migrantes en situación irregular, luego de concretar en días recientes las primeras deportaciones en un vuelo con destino a varios países. Advirtió que quienes no salgan de forma voluntaria perderán la posibilidad de permanecer en ese país.

Sin embargo, existe una brecha amplia entre el discurso oficial y la ejecución, que los expertos consideran difícil de cerrar, pues el país no cuenta con las condiciones políticas, jurídicas ni operativas para llevar a cabo deportaciones masivas, particularmente de ciudadanos venezolanos, que constituyen la mayoría de la migración irregular.

Luis Eduardo Thayer, sociólogo y exdirector del Servicio Nacional de Migraciones de Chile durante el gobierno de Gabriel Boric, sostiene que el anuncio carece de elementos básicos de política pública: «No hay metas, no hay plan, y no hay claridad con respecto a los plazos».

A su juicio, los planteamientos de Kast son «generalidades», que carecen de definiciones sobre prioridades, mecanismos o tiempos de ejecución. Sin estos elementos, dice, las palabras del presidente quedan en promesas vacías.

La profesora de Derecho Internacional e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Rita Lages, coincide con Thayer en el diagnóstico general y lo amplía. Expone que no solo se trata de planificación, sino que las deportaciones conllevan una complejidad estructural.

«La expulsión es, por naturaleza, dispendiosa. Entonces habrá que ver cómo se gestiona dicho programa con la política de austeridad económica que el gobierno ha anunciado que desea aplicar», agrega Lages.

Sin Venezuela no hay deportaciones

El principal obstáculo de Chile para concretar las deportaciones de venezolanos es que ambas naciones rompieron relaciones desde el año 2024 y sin la cooperación de Caracas, el plan está destinado a fracasar.

«Sin relaciones consulares no se puede expulsar a nadie a Venezuela», enfatiza Luis Eduardo Thayer.

En medio del endurecimiento de la política migratoria de la administración de Kast, enfocada en la expulsión de migrantes en situación irregular, el mandatario dijo que contemplan el uso de vuelos y corredores terrestres para llevar a cabo estas salidas. Sin embargo, Rita Lages indica que para concretar deportaciones «es menester contar con la colaboración de los países vecinos por los que se realice el tránsito», pero asevera que más allá de intentos de conversaciones diplomáticas «no hay nada claro»; lo que hace el anuncio inejecutable.

En paralelo, el canciller venezolano, Yván Gil, afirmó que es «imposible» hablar de restablecer las relaciones diplomáticas con Chile, cuando su presidente «convierte cada declaración en un ataque contra Venezuela y contra los venezolanos».

Frank Sauerbaum, actual director de Migración Chile, afirmó recientemente que más de 60% de los venezolanos con orden de expulsión no han podido ser procesados debido a las «situaciones diplomáticas».

La actual administración chilena también sostuvo una reunión con representantes de Estados Unidos para que este país interceda con Venezuela en la búsqueda de mecanismos que permitan concretar las expulsiones de migrantes en situación irregular.

Una promesa difícil de cumplir

Aunque el pasado jueves 16 de abril partió el primer vuelo desde ese país con 40 deportados a Bolivia, Colombia y Ecuador en un avión de la Fuerza Aérea de Chile, ese fue un proceso gestionado por el gobierno de Boric. El exdirector de migración Thayer afirmó que esas gestiones se coordinaron con la policía desde inicios de año.

«Los primeros pasos para este vuelo (…) fue un proceso que se inició en el mes de febrero-marzo del presente año (…) Este vuelo es parte de la continuidad de lo que se venía haciendo», precisó el experto en migración.

De acuerdo con las autoridades chilenas, los deportados, entre los que había hombres y mujeres, estaban vinculados a delitos como tráfico de drogas, robos e ingreso irregular al país.

La promesa de José Antonio Kast de expulsar migrantes de Chile parece complicada de cumplir, pese a que fue parte de sus banderas en la campaña electoral, incluida en el programa de seguridad. «El problema está en cómo adoptar e implementar un programa de expulsiones a larga escala sin que ello implique violar alguna norma nacional o internacional», sostiene la defensora de DDHH Rita Lages.

Asimismo, agrega que para concretar este plan de deportación de migrantes en situación irregular en Chile «son necesarios algunos cambios legislativos», lo que depende de mayorías en el Congreso y Senado y conlleva tiempo.

«La expulsión masiva de extranjeros es una medida intentada por varios gobiernos de diferentes países y precisamente esa experiencia comparada nos muestra lo difícil que es tal objetivo, y no son pocos los que fallan en ese intento», detalla la profesora de la Universidad de Chile.

Thayer aterriza la idea de deportaciones masivas y explica que con recursos limitados, «lo que correspondería sería expulsar a personas que han cometido delitos y no a familias«.

El experto en políticas migratorias insiste en que no hay condiciones para aumentar significativamente el volumen de expulsiones de migrantes desde esa nación a sus países de origen. Considera que «es una cosa más comunicacional», que una política en ejecución.

Los venezolanos: mayoría y vulnerabilidad

El impacto del discurso del presidente José Antonio Kast recae principalmente sobre los venezolanos.

De acuerdo con el Centro de Estudios, Libertad y Desarrollo de Chile, en ese país viven 1,9 millones de extranjeros; 42% son nacionales de Venezuela. De ese total, 336 mil no están regularizados; 75% de estos últimos son venezolanos, es decir, alrededor de unos 252 mil ciudadanos.

Después de los venezolanos, los nacionales de Bolivia y Colombia forman parte de los migrantes irregulares en Chile, pero en proporciones menores, 7,7% y 5%, respectivamente.

Ante la imposibilidad de expulsar a los venezolanos, el Ejecutivo chileno busca impulsar la salida voluntaria de estos ciudadanos. Autoridades migratorias sostienen que la próxima semana darán a conocer los detalles de esta medida.

Lages además advierte que sobre los venezolanos «hay un estigma importante, pues se vincula directamente esta nacionalidad a la existencia de criminalidad y violencia grave», lo que los hace más vulnerables.

Ese desfase entre discurso y realidad ya ha sido percibido por los propios nacionales de Venezuela que migraron a Chile. Un trabajo previo de TalCual recogió que los venezolanos en Chile no ven viables las deportaciones masivas, pero sí esperan un ambiente más hostil.

Más allá de la posibilidad, el discurso del presidente puede tener efectos concretos sobre la población migrante. Rita Lages advierte que este tipo de narrativa «no es descartable» que impacte en el entorno social, especialmente si se combina con «una actitud social generalizada de abierta hostilidad», que puede traducirse en comportamientos «racistas o xenófobos».

Para Luis Eduardo Thayer, el desafío del gobierno está en «regular la expectativa», luego de haber hecho «una campaña muy ofensiva» con promesas que son «difíciles» de cumplir.

El exdirector de Migración Chile considera que la política migratoria no puede sustentarse solo con la expulsión y cree necesario incorporar «criterios de integración y de regularidad» para quienes ya forman parte del país y contribuyen al desarrollo.