Según un extenso reportaje de The Conversation —basado en documentos filtrados y miles de registros judiciales—, al menos 135,000 armas cruzan ilegalmente cada año de EEUU a México. Rifles calibre .50, ametralladoras Browning, pistolas Glock: casi todas compradas en tiendas legales en Texas, Arizona, Oregón y otros estados.
El circuito es perverso: EEUU envía armas que alimentan la violencia, México exporta fentanilo y metanfetaminas, y miles de migrantes huyen del terror que esas mismas armas facilitan. El resultado es un doble flujo letal, como lo retrata la historia de comunidades desplazadas en Guerrero tras ataques de carteles armados con rifles traídos de EEUU.
El negocio es tan rentable como opaco. The Conversation calcula que el 83% de las armas traficadas provienen de tiendas independientes, muchas bajo mínimos controles. Por ejemplo: la tienda Adaptive Firing Solutions, en Oregón, vendió 14 rifles (incluidos tres calibre .50) en un solo día a un intermediario que luego los llevó a México. O casos como el de Joshua Kimball, un comerciante que cerró su tienda en Missouri tras ser investigado y abrió otra en California, desde donde las armas reaparecieron en escenas de crimen en EEUU y México.
Mientras tanto, el sistema legal es tan permisivo que la ATF debe almacenar registros en cajas de papel para no colapzar sus pisos.
México intentó frenar esta dinámica en los tribunales. Según AP, la Corte Suprema de EEUU desestimó la demanda de $10,000 millones que México presentó contra fabricantes de armas como Smith & Wesson y Glock, alegando que sus prácticas facilitaban el tráfico.
El fallo fue unánime: no había pruebas de que las empresas hubiesen colaborado activamente con los traficantes. Sin embargo, el gobierno mexicano insiste en que seguirá peleando, mientras avanza una segunda demanda contra cinco tiendas de armas en Arizona.
El impacto es innegable. The Conversation muestra que por cada 10,000 armas traficadas, la tasa de homicidios en México sube entre 0.7 y 2.5 por cada 100,000 personas.
El 70% de las armas recuperadas en escenas de crimen mexicanas provienen de EEUU. Y el círculo se cierra: más armas para los carteles, más muertos, más migración forzada. En palabras de una madre desplazada de Guerrero: “Cuando supimos que esas armas venían de allá, entendimos que ese país no garantiza la vida para la gente en México.”
Pero el flujo de armas no se queda en México. Esta misma semana, la Fiscalía colombiana confirmó que el arma utilizada en el atentado contra el senador Miguel Uribe fue una pistola Glock 9 mm, comprada legalmente en Arizona en 2020.
El caso ilustra que las rutas del tráfico son porosas y transversales: armas que entran por el comercio formal en EEUU terminan alimentando la violencia política y criminal en América Latina.
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