Adjudicación de Viviendas a Damnificados del Terremoto: Proceso y Desafíos del Estado en Venezuela

¿El Estado entregarà títulos de propiedad a los afectados por el terremoto? En el papel, el Ministerio de Hábitat y Vivienda (Minhvi) sostiene que sí. Para las 4.000 viviendas que el Ejecutivo preveé entregar, las autoridades aseguran contar con un mecanismo de adjudicación legal que busca formalizar la titularidad de los inmuebles.

La viceministra de Redes Populares del Minhvi, Patricia Cabrera, explicó para TalCual que el primer paso en el terreno es la caracterización de las familias para certificar la necesidad real de la vivienda. La vicepresidencia social, encabezada por Héctor Rodríguez, establece el primer contacto, mientras que el viceministerio corrobora la información mediante entrevistas socioeconómicas, visitas de campo y el cruce de datos con plataformas estatales como el Sistema Patria y el Registro Único de Vivienda (RUV).

Según detalla Cabrera, la prioridad de atencion se le ha otorgado a las personas instaladas en campamentos transitorios. No obstante, las autoridades han detectado familias que no resultaron afectadas por el terremoto e intentaban aprovechar la coyuntura para agilizar el acceso a un inmueble.

«Hay casos donde la familia se fue en el momento de la emergencia, pero ya sus viviendas fueron rehabilitadas y pueden volver. Hay otros que realmente no habitaban la vivienda, así que no aplican para la adquisición de un nuevo inmueble. Y hay casos donde la vivienda está para recuperación y nosotros debemos emprender el plan de la rehabilitación a través de Venezuela Renace» precisa la funcionaria sobre los criterios de exclusión.

Con la documentación consolidada, el siguiente paso es la aprobación del punto de cuenta. El viceministerio arma un documento dirigido a la ministra de Hábitat y Vivienda, cargo ocupado por la arquitecto Paola Posani, donde se solicita formalmente la adjudicación del inmueble y la autorización expresa para certificar la data social de la familia.

En paralelo, el Instituto Nacional de Tierras Urbanas (INTU) se encarga de la certificación de la data técnica, mientras que el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih) evalúa la documentación financiera y define un esquema crediticio.

Ese análisis financiero responde a que la adjudicación no es una donación automática por parte del Estado. Cabrera aclara que los fondos ejecutados en las obras provienen del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV), alimentado por los aportes de los trabajadores del país. «Eso tiene que ser revertido, ¿por qué? Porque es un fondo de ahorristas», señala.

Entonces, se evalúan los ingresos familiares para determinar si se otorga un crédito hipotecario a largo plazo o si procede una exoneración por vulnerabilidad extrema. El análisis pondera variables como los ingresos del núcleo familiar y si lo integran adultos mayores, niños, madres solteras, entre otros grupos vulnerables.

El tramite culmina con la protocolización del título de la vivienda ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren). Cabrera explica que en este punto las familias formalizan la adjudicación a través de dos instrumentos legales. «Firman un título multifamiliar, que es lo que les da la propiedad del terreno donde se construyó la vivienda, y un título unifamiliar, que da el Banavih».

Si el beneficiario debe cancelar cuotas, el inmueble se inscribe con una hipoteca de primer grado hasta saldar la deuda. En cambio, si la familia es exonerada, entonces se otorga la titularidad libre de gravamen.

Pero la entrega formal del título tropieza con un nudo legal previo: la propiedad del suelo. Múltiples desarrollos de la Gran Misión Vivienda Venezuela se erigieron sobre terrenos privados o bajo tenencias irregulares donde el Estado jamás concretó el proceso de expropiación ni canceló el correspondiente justiprecio a los dueños originales, lo que paraliza la certificación de la data técnica

«En ese caso se hace un documento notariado de venta a plazos donde realmente estamos certificando que son los adjudicatarios por parte de nosotros de la gran misión y que, digamos, nosotros hicimos una inversión sobre la bienhechuría de ese inmueble. Lo óptimo sería que nosotros llegáramos a regularizar toda la situación de esos terrenos, a fin de concretar y que nos hagan la transferencia de la propiedad y nosotros hacer lo propio con todas las familias que viven allí», detalló la viceministra a TalCual.

Hasta la fecha, según cifras oficiales, se han asignado alrededor de 700 inmuebles de los 4.000 estimados. De acuerdo con la data del Minhvi, entre un 60% y 70% de ese grupo ha completado la fase inicial de certificación de la data social.

La trampa del papel y el error del algoritmo

Uno de los requisitos para llevar a cabo el protocolo es demostrar que la persona que llega a la nueva vivienda era adjudicatario inicial del inmueble que colapsó. Pero probar esta condición no es factible para todos.

Lucía* tiene problemas para certificar que es dueña de un apartamento que heredó en los superbloques de la urbanización José Antonio Páez en Catia La Mar (La Guaira).

Aunque cuenta con la declaración y solvencia sucesoral de su apartamento, el documento registrado en La Guaira fue rechazado por «viejo», exigiéndole que se moviera hasta la sede del Saren en La Castellana para sacar una copia certificada actualizada del título de propiedad.

El traslado a Caracas no resolveu el trámite. «Nos dijeron: ‘Acá no tenemos nada de La Guaira, no tenemos libros, aquí no se está haciendo ninguna digitalización, esperen instrucciones del director’. Armé un expediente de mi caso, escribí correos, mandé capturas por WhatsApp y la respuesta siempre fue la misma, que esperara», denuncia.

Para atender los trámites del litoral, las autoridades terminaron habilitando una taquilla especial en La Urbina, en el extremo este de Caracas. Pese a la distancia, Lucía* cuenta que la atendieron con rapidez y los propios funcionarios la ayudaron a tramitar la solicitud en el portal web, ya que ella no había podido completarlo porque los bloques construidos por el antiguo Banco Obrero no aparecen registrados bajo el sistema actual.

Sin embargo, tras semanas de espera, el correo con la respuesta sigue sin llegar. Y así como Lucía, aquellos que habitaban inmuebles adquiridos mediante traspasos informales o que perdieron todos sus documentos originales tras el colapso o el saqueo de las estructuras evacuadas también pueden tener problemas para demostrar la titularidad.

Además de las trabas documentales están los errores del censo habitacional. Vecinos del edificio Arichuna, una estructura en La Guaira que colapsó por el sismo, denunciaron a TalCual que el código QR les indica que sus viviendas colapsadas mantienen «etiqueta amarilla», una clasificación que define al inmueble en riesgo medio o aún habitable.

Los propietarios del edificio han acudido a las sedes de Banavih y de «Venezuela Renace». Han entregado cartas de exposición de motivos, y las pruebas correspondientes al caso. Y aunque los documentos fueron recibidos y firmados por algunos funcionarios, los afectados afirman que estos terminan archivados.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.