Las comunidades de vecinos se han organizado en este mes y medio para realizar las reparaciones más urgentes a los edificios afectados por los terremotos. Varias alcaldías también han proporcionado ayudas para subsanar los daños, mientras que el gobierno promociona VenApp para que presenten sus casos.
En las Residencias Los Dos Caminos (municipio Sucre del estado Miranda), los terremotos dejaron su huella: los primeros dos pisos presentaron daños en paredes, así como la fosa de ascensores, en la escalera y la pantalla ubicada en la fachada, además de una fuga de gas. Después de un mes de trámites, al menos cuatro evaluaciones técnicas y papeleos ante diversas oficinas de la Alcaldía de Sucre, los vecinos han resuelto de su propio bolsillo y, con ayuda de ingeniería municipal, han comenzado la reconstrucción de los dos edificios.
Esta semana, comenta Mario Correia, el vecino designado para la gestión de ayudas, la Alcaldía de Sucre empezó a demoler parte de la fachada que resultó afectada por los sismos. El daño es más que visible, pues quedaron expuestas las áreas de baños principales y de servicios en las torres A y B del conjunto.
Para lograr esa demolición parcial de fachada, pasaron por dos evaluaciones del Colegio de Ingenieros, una de una empresa privada y otras dos de la Alcaldía de Sucre. El pasado 22 de julio se les colocó la etiqueta roja que describe todos los daños que sufrieron casi un mes antes.
Pero ya los vecinos, que siguen habitando los edificios al no haber riesgo de colapso, habían resuelto otros temas: con ayuda de Pdvsa Gas se identificó una fuga en la torre B, se contrató a una empresa privada y se solucionó; también repararon las escaleras que les sirven como salida de emergencia. En privado, otros vecinos como José Rincón han estado gestionando las afectaciones dentro de sus viviendas.
Rincón tiene paredes y tuberías dañadas debido a los sismos dentro de su apartamento en la torre A. Si bien no tiene un monto total, estima que debe pagar entre 4.000 y 5.000 dólares. Pero el costo más alto era demoler la fachada afectada.
*Mario Correia indicó que en una junta de emergencia los vecinos de Los Dos Caminos decidieron dividirse en grupos. Él mismo se ofreció y reunió todos los papeles, acompañó todas las evaluaciones técnicas, rellenó el formulario que dispuso la Alcaldía en su página web para ayudas y visitó las oficinas hasta que les aprobaron las gestiones.
Las cuadrillas de la Alcaldía, supervisadas por un ingeniero, trabajan en paralelo a los arreglos que hacen los vecinos dentro de sus viviendas. Solo en dos apartamentos se solicitó que fueran deshabitados para hacer las reparaciones respectivas.
En otros municipios como Chacao también se ha iniciado una base de datos, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Mundial, para identificar las vulnerabilidades estructurales de cada uno de los edificios y tomar decisiones de presupuesto.
El alcalde Gustavo Duque ha mencionado que las reparaciones estructurales de los edificios con letreros amarillos y rojos oscilan entre los 70.000 y 150.000 dólares, «una cifra inalcanzable para las juntas de condominio». Además del apoyo del BID, se diseñó un plan tributario de ‘apadrinamiento’, es decir, que los bancos y grandes contribuyentes financien la reparación del edificio y la Alcaldía descuenta ese gasto de sus impuestos municipales por dos años.
Duque también ha comentado que reparar un apartamento con letrero verde en su municipio, con daños leves y un área aproximada de 80 metros cuadrados, puede costar entre 2.500 y 4.000 dólares, por lo que han activado alianzas con ferreterías para que los vecinos obtengan materiales a precio de costo.
En otros edificios, especialmente en los urbanismos de Misión Vivienda, ha sido el Plan Venezuela Renace el que ha asumido las reparaciones. Se ha designado no solo al personal de la Misión Juntos es Posible, sino que también se han asignado efectivos militares en labores de remoción de escombros, limpieza de espacios o pintura de edificaciones.
Delcy Rodríguez aseguró el 5 de agosto que el Estado asumió la reparación de más de 13 mil viviendas afectadas en todo el país. También pidió a los ciudadanos que usen la aplicación VenApp para sus solicitudes de reparaciones y «que nosotros lleguemos a apoyar. Sé que el estado La Guaira es el más impactado, pero también en coordinación con el gobernador de Miranda, con el alcalde de Chacao, de Sucre, de Valencia, de todos los estados… estamos atendiendo todas las necesidades, que nadie quede desamparado».
Según la comisión presidencial para la evaluación de habitabilidad de infraestructuras, hasta el 7 de agosto se han realizado 51.124 inspecciones a viviendas o infraestructuras públicas. De ellas, 58% tiene etiqueta verde, es decir, que no requieren intervenciones; 23% están en el espectro amarillo, donde «interviene el plan Venezuela Renace»; y un 18% de las edificaciones revisadas recibió etiquetado rojo.
El ministro Francisco Garcés, quien coordina esta comisión, dijo que menos del 10% de las viviendas o edificios con etiqueta roja tendrán que ser demolidos.
Asimismo, la comisión ya dio por iniciada la «fase 2» que consiste en las reparaciones a aquellas edificaciones con etiquetado amarillo y que implica el apuntalamiento de columnas, vigas y losas de concreto armado, así como la reparación o restitución de paredes de mampostería dañadas por los sismos. También continúan las segundas inspecciones a infraestructuras con etiquetas rojas para determinar si son reparables.
En sus tres manuales técnicos de reparación y apuntalamiento, la comisión advierte que todos esos trabajos «deben ser realizados exclusivamente por persoanl calificado», es decir, por profesionales y técnicos de la ingeniería. También señalan que esos procedimientos «no sustituyen la evaluación estructural de la edificación» que debe hacerse después de las reparaciones ni autorizan a la reocupación inmediata de estas estructuras.
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