Recuperación de Venezuela: La Crucial Necesidad de Democratización y Reestructuración Judicial

Por qué la recuperación de Venezuela comienza en los tribunales, no en los campos petroleros

El 3 de enero abrió una nueva etapa en la crisis venezolana. La salida de Nicolás Maduro y la instalación de un gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez fueron presentadas como el inicio de un proceso de estabilización. Para una sociedad golpeada por años de represión, colapso institucional y migración masiva, aquel día introdujo una expectativa contenida.

Pero estabilizar no es transformar. La experiencia venezolana ha demostrado que no hay estabilización sostenible sin democratización, y no existe democratización posible sin la restauración del Estado de derecho.

El sistema de justicia sigue siendo el núcleo del problema. Más del 98 % de los jueces son provisorios, dependientes del poder político para su permanencia. Esta precariedad convierte a la independencia judicial en una formalidad vacía. Los tribunales operan como instrumentos de control, no como garantes de derechos.

El Ministerio Público, encabezado por Tarek William Saab, ha sido señalado internacionalmente por su rol en la negación de graves violaciones de derechos humanos. En el caso de la muerte de Fernando Albán bajo custodia estatal, Saab sostuvo que se trató de un suicidio, una versión ampliamente cuestionada por organismos independientes. El mensaje fue claro: la verdad judicial es subordinada a la conveniencia política.

A ello se suma un aparato policial convertido en mecanismo de extracción. La extorsión a comerciantes, viajeros y familias con parientes en el exterior se ha normalizado. En los tribunales penales, civiles y mercantiles es ampliamente reconocido que las sentencias pueden comprarse. La justicia funciona, en demasía casos, como mercado.

Los rankings internacionales reflejan esta realidad. El World Justice Project ubica a Venezuela en el último lugar global en Estado de derecho. Los indicadores de gobernanza del Banco Mundial sitúan al país entre los peores del mundo en control de la corrupción, rendición de cuentas y calidad institucional.

El riesgo de una apertura económica sin reforma institucional

La Asamblea Nacional ilegítima, presidida por Jorge Rodríguez, impulsa una nueva ley de hidrocarburos que amplía la participación privada y establece el arbitraje internacional como vía principal para resolver disputas. El giro contradice el discurso histórico del chavismo y revela una admisión tácita: los tribunales venezolanos no ofrecen garantías mínimas.

Sin embargo, el arbitraje no sustituye al Estado. La ejecución de contratos, las decisiones regulatorias y la seguridad jurídica cotidiana seguirán dependiendo del mismo entramado judicial y policial. El aparato de (in)justicia continuará siendo un actor central en cualquier proceso económico.

Algunos analistas, como Alejandro Grisanti, de Ecoanalítica, estiman que el PIB de Venezuela podría superar los 33 mil millones de dólares este año, impulsado por mayores ingresos petroleros. Sin una transformación institucional, ese repunte corre el riesgo de reproducir el patrón conocido: captura de nuevas rentas por redes políticas, militares y judiciales.

Crecimiento sin Estado de derecho no es recuperación. Es consolidación de un modelo extractivo.

Mientras se escriben estas líneas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declara ante el Senado que los fondos bajo control estadounidense serán liberados al gobierno interino de Delcy Rodríguez de forma mensual, sujetos a aprobación presupuestaria por Washington.

La señal es inequívoca: el ciclo político iniciado por Hugo Chávez y continuado por Nicolás Maduro ha sido formalmente cerrado bajo Delcy Rodríguez.

Para millones de venezolanos, esto representa el final oficial de uno de los períodos más devastadores de su historia reciente. Es comprensible que despierte una esperanza prudente.

Pero esa esperanza solo será sostenible si se traduce en reformas reales.

Venezuela no se reconstruirá con licencias petroleras ni con flujos financieros controlados. Se reconstruirá cuando los jueces no dependan del poder, cuando los fiscales no fabriquen relatos y cuando la policía deje de ser un sistema de extorsion.

La salida pasa por una reforma profunda del Poder Judicial, idealmente en el marco de una transformación constitucional que restablezca la separación de poderes y la independencia judicial, e incluso el cambio de la forma de Estado hacia un nuevo federalismo. Ese debate será desarrollado con mayor profundidad en una próxima entrega.

Por ahora, me quedo con una imagen: la del secretario Rubio explicando que los recursos que administrará el gobierno interino de Delcy Rodríguez serán aprobados mes a mes por Estados Unidos.

En esa frase se condensa algo más que un procedimiento técnico. Marca el cierre formal de uno de los experimentos políticos más destructivos de la historia venezolana.

La transición no está garantizada. Pero, por primera vez en mucho tiempo, vuelve a ser posible. Y eso debe llenarnos a todos los venezolanos de esperanza y, aún más, entusiasmarnos a pensar, articular y materializar la transformación institucional de la nación.