Tras la captura de Nicolás Maduro, Donald Trump ha colocado el petróleo venezonalno en el centro de su estrategia hacia Venezuela, prometiendo incentivos y compensaciones a petroleras —principalmente estadounidenses— para reactivar el sector en un plazo ambicioso de 18 a 24 meses. La Casa Blanca plantea un esquema de inversión estimado en hasta US$100.000 millones, con control estadounidense sobre la comercialización del crudo y un levantamiento selectivo de sanciones.
Sin embargo, expertos y actores del sector coinciden en que la industria petrolera venezolana se encuentra estructuralmente colapsada: infraestructura obsoleta, más de 28.000 pozos inactivos, una PDVSA prácticamente inoperante, deudas superiores a US$35.000 millones y un largo historial de expropiaciones y arbitrajes internacionales.
El principal obstáculo no es técnico ni financiero, sino político y jurídico: ausencia de Estado de derecho, reglas de juego inciertas, posible cambio de política estadounidense tras 2028 y la fragilidad del gobierno interino de Delcy Rodríguez. En este contexto, las petroleras —que planifican a 10–25 años— mantienen una postura de cautela y bajo entusiasmo.
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