Un análisis efectuado por Greenpeace Brasil y divulgado este lunes, reveló que de enero a junio de este año, la minería ilegal destruyó 417 hectáreas en tierras indígenas del Amazonas, lo cual equivale a alrededor de 584 campos de fútbol.
La tierra indígena de Kayapó es una de las más perjudicadas, con una pérdida de 227 hectáreas debido a actividades ilegales. Sin embargo, en comparación con el mismo periodo de 2023, hubo una reducción del 60.18%.
En las tierras yanomamis, se destruyeron 169.6 hectáreas en los primeros seis meses del año. Comparado con las alertas recibidas en 2023, la disminución fue del 5.92%.
En las tierras de los Mundurukú, se devastaron 20.2 hectáreas.
El portavoz del Frente de Pueblos Indígenas de Greenpeace, Jorge Eduardo Dantas, recordó que una de las grandes demandas de los pueblos originarios es «la expulsión total de los mineros ilegales de sus tierras».
En junio, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social asignaron $58 millones al Plan Amazonia: Seguridad y Soberanía (AMAS), un proyecto centrado en acciones de inteligencia para detectar actividades ilegales en la región.
Uno de los objetivos del AMAS es la creación de un Centro de Cooperación Policial Internacional (CPPI) en Manaos, la capital del estado de Amazonas, que contará con agentes de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.
Al asumir la presidencia de Brasil, una de las metas principales de Luiz Inácio Lula da Silva fue eliminar la minería ilegal en territorios de pueblos originarios.
Para lograrlo, se lanzaron diversas operaciones que expulsaron a miles de mineros ilegales, quienes desafiaron al Gobierno y volvieron paulatinamente.
Durante la ceremonia de lanzamiento de la iniciativa, Lula hizo un llamado a «menos burocracia» y a una mayor «rapidez» en la lucha contra el crimen organizado y la minería ilegal, que están destruyendo la mayor selva tropical del mundo.
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