Quizás una de las preguntas que más me han hecho últimamente, es si las elecciones presidenciales pautadas en Venezuela para el 28 de julio podrán ser reconocidas internacionalmente como libres y justas.
La respuesta corta es la siguiente: ningún resultado en el cual Nicolás Maduro sea proclamado como presidente electo, será considerado libre y justo. Por el contrario, ese resultado dará lugar a una elección disputada. Según el tipo de fraude que se cometa, el rechazo a la elección podrá ser mayor o menor. Pero hay que descartar cualquier escenario en el cual la reelección de Maduro lleve a respaldos que consideren que la contienda electoral fue justa (salvando, por supuesto, las muestras de apoyo de aliados políticos).
Voy a explicar la fundamentación jurídica de esta conclusión. Estas consideraciones son muy importantes para demostrar por qué no es razonable esperar la “normalización” de las condiciones políticas, económicas y sociales de Venezuela en un escenario de elecciones fraudulentas. Estas reflexiones, a su vez, apuntan a la oportunidad de cambio que podría originarse, si la Plataforma Unitaria logra movilizar a los electores, reduciendo la abstención, por ejemplo, a niveles comparables con la participación en la elección de 2013.
En un célebre trabajo de Elkit y Svensson se resumieron las condiciones bajo las cuales una elección puede ser considerada libre y justa. Mientras que los criterios de libertad se vinculan con el ejercicio efectivo de los derechos políticos, los criterios de justicia apuntan a la integridad del proceso electoral. Para ello, los autores distinguieron diversos criterios que aplican antes, durante y después de la elección. Bishop y Hoeffler prepararon una base de datos para identificar los criterios que, en la práctica, resultan más relevantes para calificar a una elección como libre y justa.
Con base en esta metodología, Pippa Norris estudió las condiciones de integridad electoral que derivan de los derechos humanos, desde el ciclo electoral, a través de once elementos. Estos elementos otorgan una herramienta técnica para determinar en qué medida la voluntad del pueblo puede expresarse de manera legítima, como dispone la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Sin embargo, el estudio de estas condiciones rara vez culmina en un dictamen limitado a determinar si la elección fue o no “libre y justa”. Más bien, por medio de mecanismos de cooperación electoral, incluyendo misiones de observación, suele hacerse un diagnóstico de las condiciones de integridad electoral, para determinar qué tan “libres y justas” son las elecciones.
Pero hay casos en los cuales la gravedad de los fraudes cometidos es tal, que la comunidad internacional desconoce el resultado de las elecciones. Por ejemplo, la elección presidencial de Rusia de 2018 fue considerada fraudulenta. El mejor punto de comparación es la elección de Maduro, también en 2018, la cual fue rechazada globalmente.
Con independencia de lo que suceda de aquí al día de la elección, el conjunto de graves violaciones a las condiciones de integridad electoral adoptadas por el Gobierno de Maduro son suficientemente considerables como para impedir que cualquier reelección sea considerada libre y justa.
Si repasamos las condiciones del ciclo electoral, podremos observar cómo la legislación electoral -incluyendo el calendario- cambia al antojo del Gobierno, al igual que los procedimientos electorales. El registro electoral ha resultado en la masiva violación del derecho al sufragio de los electores, en especial, de aquellos fuera de Venezuela.
El sistema de registro de candidatos y partidos es igualmente fraudulento, como resultado de la judicialización de partidos políticos, las inhabilitaciones y el apartheid a la Plataforma Unitaria. No existe libertad de prensa, como resultado de la constante censura impuesta por medios criminales. Las libertades políticas también están cercenadas, ante las detenciones arbitrarias de activistas de la Plataforma Unitaria. El Gobierno impidió la observación electoral, frustrando los avances que se habían logrado desde el Memorando de Entendimiento firmado en México y las elecciones regionales de 2021. El árbitro electoral está claramente parcializado a favor del Gobierno, como sucede también con el Tribunal Supremo de Justicia. Finalmente, y como es ya tradición, el Gobierno ha usado recursos públicos para hacer campaña electoral.
El resumen de todo ello puede reflejarse en el índice de elecciones libres y justas, que colocan a Venezuela al mismo nivel del Congo.
Estas violaciones son irreversibles, en el sentido que el proceso electoral está viciado por los fraudes ya perpetrados. Así, podemos hablar de un fraude electoral continuado, orquestado por Maduro para burlar el cumplimiento del acuerdo de Barbados.
Además, como toda violación a derechos humanos, esas violaciones no pueden ser convalidadas. No deja de sorprender que el Gobierno de Maduro, una vez más, haya acudido al desgastado truco de fingir un acuerdo con la “oposición” para cumplir con los resultados electorales. Quienes firmaron ese acuerdo, afirmaron que el Consejo Nacional Electoral “ha venido dando cumplimiento a las garantías electorales”. La contundencia de la evidencia en contra permite comprender que tal acuerdo es, en realidad, parte del fraude. Y también demuestra otra de las variantes del fraude, como es la cooptación política que el régimen autoritario hace de actores políticos que se presentan como “oposición”.
En resumen estas violaciones son de tal entidad que ellas permiten calificar al proceso electoral como fraudulento (artículo 215.2 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales). Sin embargo, en el Derecho Electoral, el fraude es relevante si funciona, o sea, si quien ejecuta el fraude -en este caso, el Gobierno- logra su objetivo, cual es torcer la libre voluntad del electorado. Por ello, conviene repasar los dos escenarios del 28 de julio.
Hay dos principales escenarios para el día de la elección: el CNE proclama la reelección de Maduro, o proclama como presidente electo a Edmundo González.
En las elecciones competitivas, la proclamación del candidato ganador siempre responde a criterios inciertos. Pero hay casos en los cuales la incertidumbre es menor. Por ejemplo, en las recientes elecciones presidenciales en República Dominicana, las encuestas daban por ganador al presidente Abinader, como en efecto sucedió. En México, las encuestas favorecían a Sheinbaum, y aquí tampoco hubo sorpresas.
En Venezuela, las encuestas dan por ganador a Edmundo González. Si acudimos a la misma Wikipedia, veremos una afirmación similar a la que la página refirió en relación con República Dominicana y México: “la mayoría de las encuestas favorecen que González Urrutia gane las elecciones por un amplio margen”.
Ni soy politólogo, ni mucho menos pretendo ejercer de analista político. Como jurista, aquí tomo este dato como una evidencia más. Y lo tomo a sabiendas de los sesgos que las encuestas pueden tener, y que pueden incluso afectar el clima electoral. Sin embargo, el sesgo de las encuestas no puede interpretarse en un vacío, sino que es necesario tomar en cuenta el entorno institucional. De allí el peso de las encuestas en el entorno electoral venezolano: a pesar de la clara ventaja de González, existe una gran incertidumbre, debido al fraude continuado que hace que esta elección sea no-competitiva.
Luis Vicente León -con muchísima más experiencia en análisis políticos- ha reconocido que hay dos variables que pueden incidir en el resultado: la ingeniería electoral y el control institucional. Pero desde mi área de experticia -el Derecho- creo que este análisis es confuso.
La palabra “ingeniería electoral” es muy ambigua, pero ella es usada para aludir a reformas electorales. Más claro es el sentido del control institucional, que alude al control de los órganos del Poder Público en el Derecho Constitucional.
Por supuesto, Luis Vicente no emplea esas palabras con ese sentido. Lo que yo creo que él quiere decir es que la única variable que explicaría un triunfo de Maduro es el fraude electoral. Y quizás, ésa sea la apuesta de Maduro: que el fraude electoral continuado y reforzado el día de las elecciones, sea suficiente para forzar su proclamación como presidente electo, a pesar de lo que expresen los electores que voten.
Pero no es igual decir que Maduro ganó por ingeniería electoral, que señalar que la reelección de Maduro se debe a un fraude electoral continuado, que ha sido ejecutado como parte de graves violaciones a derechos humanos. Hablar de ingeniería electoral puede generar dudas, al considerarse que las trampas fueron más operativas que sustanciales, lo que podría reducir su impacto adverso en la percepción de las condiciones de integridad electoral.
No es ese el caso de Venezuela. En las actuales condiciones, el fraude continuado es de tal intensidad que hará muy difícil que las democracias estables del mundo -como Estados Unidos y la Unión Europea- reconozcan el triunfo de Maduro. Incluso Brasil y Colombia han pedido elecciones libres en Venezuela, lo que difícilmente les llevaría a respaldar públicamente la fraudulenta reelección de Maduro.
No estoy tomando en cuenta, en este análisis, los fraudes que puedan cometerse de aquí al día de las elecciones, e incluso, el propio día de la contienda, por ejemplo, anunciando ficticios resultados como resultó en el referendo del Esequibo. Mientras mayor sea el fraude, mayor será el repudio y la condena a la reelección de Maduro.
Las consecuencias de una fraudulenta reelección de Maduro no son solo internacionales. Investigaciones académicas han señalado que elecciones fraudulentas o disputadas, pueden afectar severamente el clima político, en tanto promuevan protestas masivas.
Sin embargo, si a pesar del fraude, los venezolanos que pudieron sortear los obstáculos se pueden expresar el día de la elección, y González es proclamado como presidente electo, entonces, las elecciones sí serán reconocidas libres y justas. Por ejemplo, eso fue lo que pasó con los comicios de Guatemala de 2023.
Entre una elección disputada (reelección de Maduro) y una elección legítima (elección de González), solo la última crea las condiciones institucionales necesarias para emprender las reformas de fondo para la recuperación de Venezuela, desde la centralidad de los derechos humanos.
Resumiendo muy mucho mis anteriores razonamientos, podemos formar esta conclusión: las elecciones no serán reconocidas libres ni justas si Maduro es proclamado ganador, pero serán libres y justas si González es proclamado ganador.
He resumido así mi conclusión para estimular el debate: ¿no es oportunista alegar que hay fraude solo si Maduro gana? ¿Este no es un intento de desconocer la elección? ¿Esta afirmación no está sesgada por la toxicidad de la oposición y la profunda división del país?
La conclusión se basa en el aforismo latino con el cual comienzo esta sección: nadie puede mejorar su condición con su propio delito.
El fraude electoral continuado que ha implementado Maduro, en el marco de graves y sistemáticas violaciones a derechos humanos, tiene como propósito torcer la voluntad electoral para proclamarse ganador. Maduro no podría beneficiarse de ese resultado, pues nadie puede mejorar su posición con fraude. Y como dije, a mayor fraude, mayor repudio y rechazo.
El fraude electoral continuado es el entorno que debe tomarse en cuenta en cualquier análisis sobre las elecciones en Venezuela. Vuelvo sobre el ejemplo de las encuestas. Asumamos que hay un sesgo y que el resultado electoral refleja una mayor votación a favor de Maduro. No es científicamente posible comprobar si esa diferencia responde a un error estadístico de las encuestas, al súbito apoyo popular de Maduro, o a la abierta manipulación del resultado electoral.
Ahora pensemos en una situación en la cual el resultado final arroja una ventaja muy reducida a favor de Maduro. Si las encuestas tenían o no sesgos es jurídicamente irrelevante. Lo que es importante es que ese estrecho margen estuvo incidido por el fraude continuado, lo que de conformidad con el Derecho Electoral llevaría a anular la elección.
Pues al final, y volviendo sobre la línea de investigación de Pippa Norris, la medición de las condiciones de integridad electoral responde, antes que nada, a un asunto de percepción. El fraude continuado que ha implementado Maduro es de tal magnitud, que la percepción electoral está muy deteriorada: cualquiera que sea el resultado electoral, éste estará fraudulentamente manipulado a favor de Maduro,
Señalo ahora tres posibles escenarios de resultados electores, para explicar cómo pueden influenciar en la percepción de las elecciones:
En un contexto de alta abstención -como la elección de 2018- el CNE proclama ganador a Maduro. Este anunció estará afectado por el fraude continuado y no dará lugar a sólidos reconocimientos de apoyo a las elecciones libres. Pero como en este escenario el fraude en el día de la elección es moderado, entonces, eventualmente Maduro podría reducir el costo -doméstico e internacional- de su fraudulenta reelección. Pero en ningún caso obtendría el reconocimiento político que tanto ansía. En un escenario de alta participación, Maduro impone su resultado, pero solo para generar una crisis que termine removiéndolo del poder y convocando, ahora sí, a elecciones más libres y justas. No hay que ir muy lejos para buscar un ejemplo de este escenario: el fraudulento plebiscito de Pérez Jiménez, de 1957. En un escenario de alta participación, el fraude continuado no logra cambiar la voluntad y González es proclamado presidente. Este es el único escenario que conduciría a un amplio reconocimiento de las elecciones como libres y justas. Bajo el derecho electoral, este es el único supuesto en el cual el fraude cometido es irrelevante.
¿Por qué es tan importante la participación? He seguido muy de cerca los aspectos jurídicos de las elecciones presidenciales de 2013 y 2018. En ambas hubo elementos de fraude. Pero la participación redujo su costo. En 2013, la diferencia fue tan reducida, que con fraudes basados en sustitución de electores y otras malas prácticas menores, Maduro fue electo, al tiempo que su Tribunal Supremo impidió la revisión de la elección. En 2018, el boicot de la oposición dejó a Maduro a sus anchas, en un escenario de alta abstención, que generó el rechazo internacional pero que, en lo inmediato, no afectó severamente la gobernanza del régimen.
Esta es la primera vez que la oposición, reconociendo que una elección nacional es fraudulenta, decide participar. En las actuales condiciones, existen incentivos para una alta participación que fuercen a Maduro a escoger entre dos opciones: avanzar en un fraude tan grosero que afectará irreversiblemente su gobernanza, o tolerar el triunfo de González. Al final, la percepción de elecciones libres y justas se basa en evidencias, y la participación es, sin duda, una de las evidencias más importantes que serán tomadas en cuenta.
Con lo cual, surge una pregunta: ¿bajo cuáles condiciones Maduro se vería forzado a tolerar la proclamación de González en un escenario de alta participación? Aquí entra en juego la comunidad internacional.
El Gobierno de Colombia ha asumido una posición líder al hacer una propuesta de acuerdo político, la cual fue reiterada recientemente. El pedimento de Colombia es muy contundente: elecciones libres en Venezuela y reconocimiento de los derechos de quienes participan en la elección. Estos nuevos pronunciamientos de Colombia se han dado justo cuando el Alto Comisionado denunció graves violaciones a derechos humanos que, en pleno proceso electoral, han reducido el espacio cívico, lo que es otra evidencia del fraude continuado.
El interés de Colombia es evitar una elección fraudulenta, entre otras razones, pues el fraude aumentará los riesgos de conflictos, y éstos pueden agravar la crisis migratoria, resultando en el aumento del flujo masivo de personas que huyen hacia Colombia. Una condición necesaria para atender la causa raíz de la crisis migratoria es, precisamente, la estabilidad política de Venezuela. Tal estabilidad pasa por lograr una elección que no sea reputada como ilegítima. Y este es un escenario mucho más probable si, como la mayoría de las encuestas lo anticipan, González es proclamado presidente.
Maduro quiere evitar ese resultado no solo para perpetuarse en el poder sino para preservarse a sí y a su élite inmediata, ante los riesgos derivados de su salida del poder. Como los costos de salida son tan altos, es necesario insistir en un acuerdo político basado en la transición hacia la democracia, con elementos de justicia transicional. En lo personal, interpreto que la propuesta de Colombia va en ese sentido: reducir los costos de salida de Maduro y aumentar las condiciones de estabilidad política en Venezuela.
Para ayudar a tener una guía clara de los escenarios bajo los cuales la elección presidencial puede ser considerada libre y justa, culmino con esta guía rápida:
Si Maduro es proclamado presidente, la elección no será reputada libre y justa. En un escenario de alta participación, este escenario elevará los riesgos de inestabilidad política y de medidas adoptadas por la comunidad internacional, como sanciones., pues la reelección solo podrá ser posible a través de un fraude masivo el día de la elección. En un escenario de baja participación, y pese al repudio de la elección, la gobernanza podría no ser afectada de inmediato. Pero en ningún supuesto la reelección de Maduro dará lugar a una amplia percepción de elecciones libres y justas, y esto genera condiciones adversas para implementar políticas de reinstitucionalización. Si González es proclamado presidente, el resultado recibirá un alto respaldo, con una elevada y compartida percepción de elecciones libres y justas, lo que genera condiciones favorables para implementar políticas de reinstitucionalización.
La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.
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