Actos de la DGCIM: Represión y Criminalización de la Libertad de Expresión en Venezuela

Pedro José González Cavanier, un comerciante del estado Bolívar, fue acusado de incitación al odio y ataque al centinela. Estuvo un poco más de un mes preso. La Constitución establece en el artículo 57 que «toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos sin que pueda establecerse censura»

Autor: Aseret Ramírez

La libertad de expresión en Venezuela enfrenta severas limitaciones, como lo demuestra la historia de Pedro José González Cavanier, un comerciante de 42 años detenido el 21 de enero en el estado Bolívar. El motivo de su aprehensión fue el envío de un sticker de risas vía WhatsApp tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. El mensaje fue enviado a un funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) a quien González consideraba su «amigo».

González fue imputado por los delitos de incitación al odio y ataque al centinela. Según relató el comerciante, tras su liberación el pasado 26 de febrero a través de un video, «las personas no entendían por qué estaba detenido bajo ese argumento y se asombraban de que estuviera en una cárcel de máxima seguridad por algo así». Su salida de El Rodeo I, en Caracas, ocurrió casi a la medianoche del 27 de febrero.

Sobre el cargo de «ataque al centinela», la organización Acceso a la Justicia aclara que es un delito del Código de Justicia Militar que plantea una agresión física directa contra un centinela. Este código, utilizado contra civiles desde 2017, contempla penas de entre catorce y veinte años de prisión.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Familiares del comerciante denunciaron que la detención fue un procedimiento arbitrario sin orden judicial. Asimismo, revelaron que González había recibido amenazas previas por parte del funcionario de la Dgcim, quien le advirtió que lo iba a «meter preso y a torturar».

Contradicción

Aunque el artículo 57 de la Constitución garantiza que «toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos sin que pueda establecerse censura», la realidad de González fue una historia de represión y hostigamiento. «Gracias a Dios estoy libre», expresó el comerciante al recordar el momento en que le notificaron su boleta de excarcelación, tras un chequeo médico de rutina en el penal.

Al salir, se reencontró con su familia, quienes viajaron más de 500 km desde el estado Bolívar hasta Caracas, permaneciendo en el lugar para esperar su liberación.

En el contexto de la aprobación de la Ley de Amnistía que abarca períodos entre los años 1999 y enero 2026, González comentó que existe una profunda preocupación entre los presos políticos. La incertidumbre sobre quiénes serán «incluidos o excluidos» mantiene en suspenso a quienes esperan recuperar su libertad.

El caso de González evidencia prácticas gubernamentales que vulneran la libertad de expresión y fomentan un clima de miedo y persecución ante cualquier manifestación de opinión pública vinculada a ideologías políticas distintas.

 

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