La UCV y LUZ: Reflexiones sobre la Resiliencia Universitaria tras el Terremoto en Venezuela

Cuando la Universidad Central de Venezuela (UCV) anunció que las actividades académicas y administrativas regresarían el 1 de septiembre, el calendario universitario volvió a moverse después de semanas llenas de incertidumbre. La fecha no significó lo mismo para todos: mientras algunos estudiantes comenzaron a organizar trabajos pendientes y materias por recuperar, otros sintieron que ese tiempo adicional era una oportunidad para ordenar algo que ningun cronograma académico contempla: la capacidad emocional para volver.

María Castillo, estudiante de la institución, leyó el anuncio desde su teléfono y durante unos segundos no pensó en las materias pendientes ni en los trabajos que tendría que recuperar. Pensó en algo más inmediato: en el agotamiento que había acumulado desde el 24 de junio, en la dificultad de regresar a una rutina cuando todavía intentaba ordenar lo que había ocurrido y en esa sensación extraña de estar obligada a continuar mientras una parte de ella seguía detenida en esos días de incertidumbre.

“Mi cabeza no da para más”, comentó.

La frase, aunque breve, contiene una realidad que pocas veces aparece en los comunicados universitarios. Los estudiantes suelen aparecer allí como cifras: cantidad de inscritos, número de materias abiertas, porcentaje de reincorporación. Pero detrás de cada matrícula existe una persona que no necesariamente vuelve al aula con las mismas condiciones emocionales con las que salió.

El doblete sísmico del 24 de junio no solo obligó a revisar estructuras físicas. También planteó una pregunta más incómoda: ¿qué hace una universidad cuando la realidad interrumpe el funcionamiento normal de la academia?

La respuesta parece sencilla cuando se observa desde una perspectiva administrativa: evaluar daños, reorganizar horarios, garantizar seguridad y continuar. Sin embargo, una universidad es una institución social antes que una maquinaria de producción académica. Sus tiempos no siempre pueden medirse únicamente con calendarios, porque sus comunidades están atravesadas por pérdidas, miedo y agotamiento.

En la UCV, la suspensión inicial de actividades respondió a la necesidad de evaluar las condiciones del campus después de los movimientos telúricos, pero también coincidió con un momento de impacto para la comunidad universitaria por la pérdida de integrantes de la institución. Además, la universidad abrió sus espacios como centro de acopio para apoyar a los afectados, asumiendo temporalmente una función que excede sus tareas habituales.

Esa decisión generó una discusión que va más allá de si una universidad debe abrir o cerrar sus puertas después de una emergencia. Lo que estaba en juego era la manera en que una institución interpreta la palabra comunidad.

Para Andrea Ferreira, socióloga, allí aparece una de las mayores dificultades del duelo colectivo: la rapidez con la que una sociedad intenta recuperar sus rutinas puede confundirse con una verdadera recuperación. “La gente vuelve a hacer lo que hacía porque tiene que sobrevivir, pero el duelo no funciona así”, plantea. La normalidad puede regresar antes que las personas.

Esa diferencia entre continuar y procesar es precisamente uno de los puntos ciegos de muchas instituciones. La academia está acostumbrada a organizar la vida alrededor de períodos, fechas y objetivos medibles. Un semestre tiene inicio y cierre. Una materia tiene contenidos. Una evaluación tiene una fecha establecida. Pero una tragedia no responde a ninguna planificación.

El problema aparece cuando una universidad intenta imponer la lógica del calendario sobre una experiencia humana que todavía no ha encontrado lugar para expresarse.

En Maracaibo, la Universidad del Zulia (LUZ) vivió un proceso diferente. El Consejo Universitario suspendió inicialmente las actividades académicas y administrativas durante los días jueves 25 y viernes 26 de junio como medida preventiva. Luego anunció el retorno para el lunes 29 de junio, una decisión que generó rechazo entre estudiantes que pensaban que el reinicio era demasiado pronto. Tras las protestas, la suspensión fue extendida hasta el 7 de julio.

El debate en LUZ no se concentró únicamente en la fecha de regreso. Para algunos estudiantes, la discusión no estaba en la fecha exacta del regreso, sino en una pregunta previa: si la universidad estaba preguntando primero cómo estaban quienes debían volver a ocupar sus aulas. El reclamo no era solo por un calendario modificado, sino por la percepción de que la institución estaba intentando ordenar los procesos académicos antes de procesar el impacto humano.

Rosa Lunar, estudiante de la institución, recuerda especialmente un aspecto que, desde su perspectiva, evidenció esa distancia: la falta de un pronunciamiento institucional ante el fallecimiento de Vicky Urdaneta, cursante de la carrera de Idiomas Modernos perteneciente a la Facultad de Humanidades y Educación.

“No era solo una estudiante. Era alguien que pertenecía a la universidad”, señala.

Para ella, ese silencio fue interpretado como una falta de acompañamiento en un momento donde los símbolos institucionales importan tanto como las decisiones administrativas.

La discusión revela una tensión compleja. Las universidades públicas venezolanas tienen razones históricas para reclamar atención. Durante años han sufrido un deterioro progresivo producto de políticas estatales que redujeron su capacidad financiera, afectaron salarios, aceleraron la salida de profesores y dejaron infraestructuras en condiciones cada vez más precarias. El abandono del Estado no es una percepción aislada: es una realidad que ha sido denunciada durante años por autoridades universitarias, docentes y organizaciones vinculadas al sector.

Sin embargo, existe una conversación pendiente que resulta más difícil de asumir: una institución puede ser víctima de un proceso externo y, al mismo tiempo, reproducir problemas internos.

Allí aparece una de las críticas más fuertes hacia la cultura universitaria venezolana. El politólogo José Fuenmayor sostiene que la crisis de las universidades públicas no puede explicarse únicamente por la falta de recursos, porque también existen dinámicas internas relacionadas con burocracias, disputas de poder y estructuras que dificultan la renovación.

Uno de los ejemplos que plantea es la manera en que algunas situaciones excepcionales terminaron incorporándose como parte de la vida universitaria. La permanencia prolongada de un estudiante dentro de una carrera puede leerse como una muestra de resistencia frente a las dificultades del sistema, pero también como una señal de que existen obstáculos institucionales que requieren ser revisados.

La pregunta no debería ser únicamente cuánto ha resistido una persona dentro de la universidad, sino qué condiciones hicieron posible que esa resistencia fuera necesaria.

Esa discusión abre una tensión más profunda: la universidad venezolana corre el riesgo de quedar atrapada en una narrativa donde el daño recibido termina ocupando tanto espacio que dificulta mirar sus propias responsabilidades.

El concepto no significa negar el daño que ha sufrido. Sería injusto desconocer décadas de abandono, precarización y pérdida de capacidades. El problema surge cuando la condición de víctima se convierte en la única narrativa posible y deja poco espacio para revisar responsabilidades propias.

Durante años, las universidades han denunciado el abandono estatal: presupuestos insuficientes, salarios deteriorados y una infraestructura que envejece sin respuestas suficientes. Pero dentro de esos mismos espacios existe otra conversación menos cómoda: estudiantes que sienten que, además de enfrentar una crisis nacional, deben enfrentarse a una institución que a veces responde con los mismos tiempos burocráticos que ellos padecen.

Un profesor que no recibe condiciones dignas de trabajo está sufriendo. Un estudiante que tarda años adicionales para culminar una carrera también está sufriendo. Un joven egresado que no encuentra espacios para incorporarse a la docencia porque las estructuras internas no se renuevan también está sufriendo.

La crisis universitaria no puede convertirse en una competencia por determinar quién tiene más razones para sentirse afectado. La salida, precisamente, debería estar en recuperar una cultura de conversación. Sin egos. Sin defensas automáticas. Sin convertir cualquier crítica en un ataque. Esa misma contradicción aparece en su escuela de Comunicación Social.

La discusión plantea una contradicción más amplia: una escuela encargada de formar comunicadores debe promover el análisis crítico del periodismo, incluso cuando ese periodismo resulta incómodo para cualquier actor político. La defensa de la verdad no puede depender de simpatías ideológicas, sino de la capacidad de examinar hechos, métodos y responsabilidades.

En un mural ubicado en el bloque C, planta alta, específicamente en el área del Departamento de Periodismo e Investigación, se plantea una crítica sobre la pérdida del género de opinión dentro de los medios digitales venezolanos. El texto sostiene que la reducción de estos espacios afecta la formación d una ciudadanía crítica y relaciona esa transformación con procesos de autocensura.

La preocupación de lo expuesto para el público tiene sentido: una democracia necesita espacios donde las ideas puedan confrontarse. Una sociedad sin debate público pierde herramientas para cuestionar el poder.

El panorama de los medios digitales venezolanos no puede reducirse a la idea de una desaparición absoluta de la opinión. La transformación responde a múltiples factores: cambios en los hábitos de consumo, dificultades económicas, riesgos legales, presión política y nuevas formas narrativas. Organizaciones como IPYS Venezuela y Espacio Público han documentado durante años las restricciones que enfrenta el periodismo venezolano, desde agresiones hasta mecanismos de censura y autocensura.

La discusión no debería ser si existe o no opinión, sino bajo qué condiciones puede existir y qué espacios tiene para desarrollarse. Esa es precisamente la tarea de una universidad: evitar respuestas fáciles.

En contraste, la Escuela de Comunicación Social de la UCV ha mantenido una relación más visible con espacios externos al aula mediante encuentros profesionales, actividades con medios y proyectos orientados a acercar a los estudiantes al ejercicio periodístico.

El movimiento sísmico del 24 de junio terminó, pero dejó una pregunta abierta que va más allá de Caracas o Maracaibo. ¿Puede la universidad venezolana abandonar por un momento la necesidad de defenderse y comenzar a escucharse?

Porque escuchar no significa aceptar todas las críticas. Significa reconocer que una institución no pierde autoridad cuando admite sus errores.

La universidad necesita reclamar al Estado las condiciones que le fueron negadas durante estas últimas décadas, pero también necesita mirar sus propias prácticas. Necesita defender a sus profesores, pero también cuidar a sus estudiantes. Necesita preservar su historia, pero permitir que nuevas generaciones puedan formar parte de ella.

Lunar lo resume desde una incomodidad que no nace del rechazo a la universidad, sino precisamente de pertenecer a ella.

“Uno entiende que la universidad tiene que seguir. Nadie está diciendo que todo debe detenerse para siempre. Pero hay momentos donde uno espera que la institución mire a su alrededor y pregunte cómo está su gente.”

Ese “cómo está su gente” parece una frase sencilla, pero encierra una de las mayores deudas de la universidad venezolana: la dificultad para construir espacios donde las decisiones no sean únicamente administrativas, sino humanas.

En esa contradicción aparece una especie de fiebre dentro de la cultura universitaria: la necesidad permanente de demostrar quién ha sido más golpeado. La universidad denuncia, con razón, el abandono del Estado; los profesores denuncian, con razón, la pérdida de sus condiciones laborales; los estudiantes denuncian, con razón, que reciben una institución debilitada que no ayudaron a construir. Todos tienen una herida. El problema comienza cuando las heridas dejan de escucharse entre sí.

Porque mientras las instituciones defienden su historia y sus dificultades, hay una generación joven intentando estudiar dentro de un sistema que heredó problemas acumulados durante décadas. Son estudiantes que llegaron a una universidad que ya estaba cansada antes de que ellos entraran por primera vez a un salón. No eligieron la crisis. Pero están viviendo sus consecuencias.

“Nosotros estamos recibiendo una universidad que ya venía con problemas. No fuimos quienes construimos esto, pero somos quienes tenemos que estudiar aquí”, reitera.

Esa frase permanece porque contiene una contradicción difícil de resolver.

Los estudiantes actuales no crearon la precariedad universitaria, no diseñaron las estructuras burocráticas que retrasan procesos, no decidieron las políticas que debilitaron la educación pública y no fueron responsables de las disputas internas que durante años consumieron energía institucional.

Pero son ellos quienes esperan.

Esperan profesores.

Esperan respuestas.

Esperan oportunidades.

Esperan una universidad que no solamente les enseñe a resistir, sino que también les permita construir.

La discusión abierta por el terremoto no debería reducirse a decidir qué universidad reaccionó mejor. Esa comparación sería demasiado cómoda. La pregunta más difícil es otra: qué tipo de universidad quiere sobrevivir.

Una que únicamente aprenda a soportar golpes o una que también aprenda a escucharse.

Porque el Estado tiene una deuda enorme con la población, pero las universidades también tienen una deuda con sus estudiantes: la de no convertir la resistencia en una excusa para dejar de revisarse.