La tragedia política que precedió al terremoto en Venezuela: un llamado a la reconstrucción y la solidaridad auténtica

Ha pasado un mes del doble terremoto que golpeó a Venezuela. Un mes desde que la tierra se movió dos veces, con apenas segundos de diferencia, y cambió para siempre la vida de miles de personas. Un mes desde que vimos edificios desplomarse, comunidades enteras quedar destruidas y familias perderlo todo.

Pero también ha pasado un mes desde que volvimos a ver algo profundamente venezolano: ciudadanos ayudando a ciudadanos frente a la ausencia del Estado.

Todavía hay personas buscando a sus familiares entre los escombros. Todavía hay damnificados viviendo en campas y refugios improvisados. Todavía hay niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas enfermas que dependen de la solidaridad de otros venezolanos para comer, conseguir agua potable o recibir atención medica.

El terremoto dejó de ocupar durante algunos días las portadas y las tendencias de las redes sociales, pero no por eso terminó. Venezuela sigue necesitando ayuda. Ahora, quizas, más que nunca.

Durante este último mes hemos visto la mejor cara del país. Vecinos que removieron toneladas de concreto con sus propias manos. Médicos y enfermeros trabajando en condiciones imposibles. Jóvenes organizando centros de acopio. Miles de venezolanos, dentro y fuera del país, enviando medicinas, alimentos, agua, dinero y equipos. También vimos llegar a rescatistas internacionales desde distintos lugares del mundo para salvar vidas cuando el Estado venezolano no tenía capacidad suficiente –ni intención– para hacerlo.

En las primeras semanas participaron más de 2.400 rescatistas internacionales y cerca de 200 perros especializados. Hubo sobrevivientes encontrados seis y hasta ocho días después de los terremotos. Detrás de esos rescates hubo técnica y cooperación internacional, pero también vecinos, voluntarios y familiares que nunca abandonaron los lugares donde permanecían enterrados los suyos.

Ellos representan la mejor Venezuela.

Pero si esa solidaridad explica lo mejor del país, la actuación del poder de facto explica exactamente lo contrario.

El doble terremoto fue un fenómeno natural. La magnitud de la tragedia humana, en cambio, no puede separarse de la tragedia política que Venezuela arrastra desde hace veintisiete años. La peor de nuestra historia republicana.

Las investigaciones publicadas por Armando.Info, Runrunes y Transparencia Venezuela, junto con la revisión preliminar elaborada por el Miranda Center for Democracy, llegan por vías distintas a una conclusión muy parecida: el desastre comenzó mucho antes del 24 de junio, pues el chavismo destruyó las capacidades del Estado y las sustituyó por propaganda, corrupción, improvisación y control político.

Comenzó cuando Hugo Chávez decidió que las instituciones debían servir a su proyecto de poder. Continuó durante la tiranía de Nicolás Maduro. Y llegó hasta el régimen ilegítimo de Delcy Rodríguez, bajo cuya gestión el país enfrentó una de las mayores emergencias de su historia reciente con organismos públicos desmantelados, cifras inestables, censura y una respuesta tardía.

Durante años, la Gran Misión Vivienda Venezuela fue presentada como uno de los grandes logros de la llamada revolución. Detrás de aquella propaganda había contratos otorgados sin licitación, controles debilitados, empresas con experiencia dudosa, terrenos evaluados de manera deficiente y obras construidas bajo la presión de cumplir metas políticas.

La investigación de Armando.Info documentó lo ocurrido con la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, (la OPPPE). De nueve urbanismos construidos por ese organismo en el estado Vargas, capital La Guaira, conformados por 43 torres, 16 colapsaron y las otras 27 quedaron con daños estructurales, inhabitables y listas para ser demolidas. Ninguna resistió.

Las constructoras trabajaron sin pasar por procesos ordinarios de licitación porque ese requisito había sido suspendido mediante el decreto de emergencia aprobado por Hugo Chávez tras las lluvias de 2010. La prisa se convirtió en política pública: había que construir rápido, entregar rápido e inaugurar rápido.

La misma investigación encontró que 84 empresas recibieron 163 contratos de obras y servicios durante los primeros años de funcionamiento de la OPPPE. Algunas compañías tenían poca trayectoria y, en otros casos, su objeto comercial ni siquiera correspondía claramente con la magnitud y la especialización de las obras que les fueron adjudicadas. Los proyectos avanzaron con opacidad en el manejo del dinero y con serias dudas sobre la calidad de la supervisión técnica y la evaluación de los terrenos.

La imagen final es brutal. Edificios levantados para servir como propaganda social del chavismo se convirtieron en tumbas. Familias que habían recibido las llaves de una vivienda como parte de un acto político terminaron buscando a sus seres queridos entre placas de concreto pulverizadas.

Los terremotos fueron excepcionales y sometieron a numerosas construcciones a un estrés extremo. Pero eso no exonera a quienes construyeron viviendas sociales en una de las zonas geológicamente más complejas del país sin transparencia suficiente, bajo decretos de excepción y con la urgencia política por encima de la prudencia técnica. La ingeniería nunca debió quedar subordinada al calendario electoral.

Pero construir mal solo explica una parte de la tragedia. La otra comenzó mucho antes, cuando también destruyeron la ciencia.

La investigación de Runrunes sobre la crisis de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas muestra el progresivo desmontaje de la institución encargada de estudiar los terremotos y evaluar el riesgo sísmico del país. La tradición de presidentes provenientes de la comunidad científica fue desplazada por una conducción militar. Funvisis dejó la órbita del Ministerio de Ciencia y pasó a depender del Ministerio de Relaciones Interiores. Especialistas se jubilaron o emigraron sin ser sustituidos, se debilitaron programas de formación y divulgación y el Museo Sismológico cerró sus puertas. La ciencia fue perdiendo espacio frente a la obediencia política y la lógica del control.

No fue un cambio meramente administrativo. Cuando una institución científica deja de ser dirigida por científicos, pierde autonomía, capacidad técnica y memoria institucional. Cuando no se renueva el personal especializado, no solo desaparecen trabajadores: desaparece conocimiento acumulado durante décadas.

Mientras otros países fortalecían sus organismos científicos para comprender mejor los riesgos naturales y preparar a sus poblaciones, en Venezuela el uniforme terminó sustituyendo a la ciencia. Y cuando la tierra tembló, el país pagó también el costo de haber desmantelado durante años a quienes debían estudiarla, monitorearla y ayudar a preparar la respuesta.

Después llegó el momento de rescatar vidas. Y allí apareció otra parte del desastre.

El informe técnico de Transparencia Venezuela midió la distancia entre la capacidad que el Estado debía desplegar y la que realmente movilizó. Durante las primeras 24 horas apenas se habían desplegado 4.000 funcionarios civiles y militares, equivalentes al 12,6% del máximo que el propio régimen terminaría declarando. El pico de 31.837 efectivos no se alcanzó sino hasta el día 18, mucho después de que hubiese concluido la ventana crítica para encontrar sobrevivientes.

A las 48 horas, Venezuela seguía alrededor del 35% de su despliegue máximo. Chile, tras el terremoto de 2010, había superado el 71% en ese mismo lapso. El informe compara también la respuesta venezolana con las de Turquía, Japón, Haití (sí, Haití) y China, y concluye que la brecha no se explica únicamente por la magnitud del sismo. Coincide, más bien, con un deterioro institucional previo.

Las fotografías, los videos y los testimonios de aquellas primeras horas muestran lo que significan esos porcentajes en la realidad: vecinos cavando con las manos, familiares usando herramientas domésticas, rescatistas buscando equipos y maquinaria que no aparecían y voluntarios intentando llegar a las zonas afectadas mientras el régimen imponía controles de acceso y se dedicaba a perseguir a periodistas.

La mayoría de los rescates con vida en la fase crítica dependió de ciudadanos, voluntarios y equipos extranjeros. Eso habla extraordinariamente bien de los venezolanos, pero terriblemente mal del inexistente Estado.

Un Estado no existe solo para cobrar impuestos, repartir cargos o controlar territorios. Su función elemental es proteger la vida de sus ciudadanos. Cuando llega una emergencia, debe evaluar daños, movilizar recursos, coordinar instituciones, mantener abiertas las vías de acceso, facilitar la ayuda externa y ofrecer información confiable.

Nada de eso puede improvisarse cuando la tierra comienza a temblar. Se prepara durante años.

El informe del Miranda Center for Democracy ayuda a entender qué ocurrió antes y durante la respuesta. La red venezolana de vigilancia sísmica, que llegó a tener alrededor de 300 estaciones, se había reducido a menos de diez operativas. Los rescatistas trabajaron con picos y palas mientras el país carecía de la técnica, la tecnología y los equipos necesarios. Entretanto, el Estado había destinado más de 1.000 millones de dólares al sistema chino de videovigilancia VEN911 y había adquirido miles de camiones pesados que no aparecieron de manera visible en la zona del desastre.

Esa comparación explica buena parte de lo ocurrido. La tiranía sí desarrolló capacidad tecnológica, pero para vigilar. Sí fortaleció organismos, pero para perseguir. Sí movilizó recursos, pero para controlar. Mientras destruía las instituciones civiles, científicas y técnicas, construía una maquinaria política y represiva cada vez más sofisticada.

La cleptocracia utiliza el Estado para saquearlo. La tiranía lo utiliza para someter a la sociedad. La kakistocracia coloca a los peores, o a los más obedientes, al frente de instituciones que requieren conocimiento, profesionalismo y experiencia. El chavismo terminó combinando las tres cosas.

Y cuando llegó el terremoto, esa combinación produjo exactamente el resultado que cabía esperar: un régimen fuerte para impedir, censurar y controlar, pero débil para rescatar, curar y proteger.

El Miranda Center documentó la militarización del acceso a La Guaira, las restricciones contra voluntarios y bomberos, las amenazas a periodistas, las trabas sufridas por rescatistas extranjeros y la intervención de organismos de seguridad en plena emergencia. También registró el bloqueo de 209 dominios de internet, 94 de ellos pertenecientes a medios de comunicación, mientras miles de familias buscaban información sobre desaparecidos y zonas afectadas.

Donde debía existir coordinación hubo opacidad. Donde debía haber información apareció censura. Donde se necesitaban instituciones civiles profesionales volvió a imponerse la lógica militar y partidista.

Incluso las cifras oficiales reflejaron ese desorden. Para el 23 de julio, el régimen reconocía 5.208 fallecidos, mientras las estimaciones independientes advertían que el balance real podía ser considerablemente mayor. La cifra de heridos había permanecido congelada durante días, como si el registro hubiese dejado de contar en medio de una emergencia todavía abierta.

Las tiranías no destruyen necesariamente todas las capacidades estatales. Conservan y fortalecen aquellas que les permiten permanecer en el poder. Por eso en Venezuela puede faltar una red sísmica funcional, pero existe un aparato de vigilancia digital; pueden faltar insumos médicos, pero sobran organismos de inteligencia; puede faltar maquinaria para remover escombros, pero aparecen alcabalas para impedir el ingreso de voluntarios. Es un Estado deformado. Omnipresente para controlar y casi inexistente para servir.

Y ahora conocemos también la dimensión económica del desastre.

Una evaluación del Banco Mundial, elaborada mediante la metodología de Estimación Global Rápida de Daños, calculó en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos provocados por los terremotos. De esa suma, 9.300 millones corresponden a viviendas, 5.200 millones a infraestructura y 5.000 millones a edificios no residenciales. La Guaira y el Distrito Capital concentraron cerca del 47 % del impacto económico; al sumar Miranda y Carabobo, esas cuatro entidades reúnen el 85 % de los daños estimados.

Es una destrucción gigantesca para cualquier país y mucho más para una Venezuela empobrecida, endeudada y con sus servicios públicos colapsados.

El Banco Mundial advierte, además, que, si la reconstrucción se financia únicamente mediante la reasignación de recursos de otros proyectos de inversión y no aumenta de manera significativa la inversión pública y privada, parte de las obras podría seguir inconclusa dentro de diez años. Bajo ese escenario, la capacidad productiva, el producto interno bruto y el consumo permanecerían por debajo de sus niveles anteriores al desastre hasta, al menos, 2036. Ese dato obliga a mirar más allá de la emergencia inmediata.

La reconstrucción puede convertirse en el punto de partida de una recuperación nacional o en el próximo gran negocio de la corrupción. Puede hacerse con criterios técnicos, auditorías, licitaciones públicas y supervisión internacional, o puede repetir el modelo de la OPPPE: decretos de emergencia, contratos opacos, propaganda, sobreprecios y obras apresuradas.

No podemos permitir una nueva Gran Misión Vivienda construida sobre los escombros de la anterior. No podemos entregar miles de millones de dólares, otra vez, a quienes sustituyeron las licitaciones por contratos a dedo, los estudios técnicos por consignas políticas, la ciencia por el uniforme y la rendición de cuentas por propaganda. Ya sabemos cómo termina ese camino. Sus consecuencias están enterradas bajo las ruinas de La Guaira.

Por eso sería un error reducir todo lo ocurrido a un fenómeno geológico.

La naturaleza produjo los sismos, Pero fueron veintisiete años de corrupción, impunidad, autoritarismo e incapacidad los que multiplicaron sus consecuencias. Fueron decisiones políticas las que debilitaron las instituciones técnicas, abandonaron hospitales, redujeron la capacidad de protección civil, desmantelaron Funvisis, destruyeron la red de monitoreo sísmico y permitieron construir viviendas sociales en medio de la opacidad y la urgencia electoral.

La tragedia natural y la tragedia chavista terminaron encontrándose el 24 de junio. Una destruyó edificios en segundos, La otra llevaba veintisiete años destruyendo las instituciones que debían evitar que esos edificios colapsaran y responder cuando lo hicieran.

Quienes destruyeron esas instituciones no pueden ser ahora quienes conduzcan la reconstrucción.

La tiranía chavista, la de Hugo Chávez, la de Nicolás Maduro y la que hoy encabeza Delcy Rodríguez, no es un actor externo que llegó después del desastre para intentar resolverlo. Es parte central de las causas que hicieron al país tan vulnerable. Es el sistema que construyó mal, supervisó peor, expulsó a los expertos, militarizó la ciencia, ocultó información, desmanteló capacidades y llegó tarde.

Venezuela necesita reconstruir viviendas, carreteras, escuelas, hospitales y sistemas de servicios públicos. Pero antes necesita reconstruir aquello que permite que todo eso exista y funcione: el Estado. La República.

Necesitamos instituciones profesionales e independientes. Controles efectivos. Información pública confiable. Licitaciones transparentes. Científicos y expertos dirigiendo las áreas técnicas. Organismos de emergencia que no dependan del partido de gobierno. Un sistema judicial capaz de investigar la corrupción y castigar a los responsables. Y, sobre todo, un gobierno legítimo, útil y transparente, con un proyecto de país y un mandato otorgado por los venezolanos.

La democracia no es un asunto que pueda postergarse hasta después de la reconstrucción. Es la condición necesaria para que esa reconstrucción sea posible, para que el dinero llegue a donde tiene que llegar y para que las nuevas viviendas no vuelvan a convertirse en tumbas.

Mientras tanto, la ayuda debe continuar.

Hay familias que siguen esperando noticias. Personas que perdieron su hogar, su trabajo y todos sus bienes. Niños que necesitan protección. Enfermos que requieren medicinas. Comunidades que no pueden esperar a que la atención internacional vuelva a mirar hacia Venezuela.

No dejemos de donar. No dejemos de acompáñar. No dejemos de exigir transparencia. No dejemos de hablar de quienes siguen buscando a los suyos.

Durante un mes, los venezolanos demostraron que todavía existe un país capaz de organizarse, cuidarse y ayudarse incluso en las peores condiciones. Un país paralelo. Un país nuetro. Esa solidaridad debe convertirse también en una exigencia política: nunca más un Estado construido para vigilar a sus ciudadanos e incapaz de protegerlos.

Los terremotos no pueden evitarse. La corrupción, la improvisación y la destrucción deliberada del Estado, sí.