La familia de Dilan Cruz vence a los abogados de De la Espriella: Justicia por la violación de derechos humanos en el caso del capitán Cubillos

Desde el principio del caso, el presidente electo apoyó al capitán Cubillos. Tras la sanción del Tribunal de Cundinamarca, el policía volverá a ser investigado.

En la tarde gris del 23 de noviembre de 2019, el capitán Manuel Cubillos disparó contra la multitud de manifestantes que pretendían llegar a la Plaza de Bolívar. La munición conocida como bean bag fue a parar en la cabeza de Dilan Cruz, un estudiante de colegio que estaba a días de graduarse de bachiller.

El joven quedó tendido sobre el asfalto. Una ambulancia lo llevó hasta la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Ignacio, donde murió a los dos días siguientes. Desde entonces, sus familiares y amigos no han descansado un segundo para que se haga justicia por el homicidio perpetrado por el policía Cubillos. Casi siete años después, el viernes 10 de julio de 2026, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca les dio la razón: la muerte de Cruz fue una grave violación de derechos humanos.

La firma de abogados del presidente electo, Abelardo de la Espriella, representó la defensa del capitán Cubillos, argumentando que Dilan Cruz representaba una amenaza para la Policía porque había devuelto una granada de gas lacrimógeno a los oficiales que se la habían lanzado a los manifestantes. El otro argumento con el que intentaron defender a Cubillos fue que el joven se atravesó en el camino del proyectil disparado, el cual tenía como objetivo principal alcanzar una turba de manifestantes que estaban más lejos. Esta polémica tesis también fue apoyada por el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en Modelia.

Por su parte, el Tribunal señaló que: «El hecho de que un manifestante devuelva gases lacrimógenos que previamente lanzó la autoridad pública, bajo ninguna consideración puede ser considerado como causa cierta y eficaz para que la autoridad pública utilice un arma potencialmente letal contra su integridad”. Además, señaló que Cubillos probablemente disparó pensando que su escopeta de «menor letalidad» no podía matar al joven, invalidando el argumento de que el proyectil estaba dirigido a una turba lejana.

El largo camino judicial que ha atravesado el caso de Dilan Cruz

Tras la noticia del fallecimiento de Dilan Cruz, uno de los primeros que salió en defensa del capitán Cubillos fue Abelardo de la Espriella. El presidente electo aseguró que el capitán era un héroe y que él lo iba a defender junto a su equipo.

Les recuerdo que en el 2019, Abelardo fue el abogado defensor, que dijo que el que le disparó a Dilan Cruz «era un héroe» https://t.co/nW1lyRazFO pic.twitter.com/mwfd5er3Jz

— Alejandro Ocampo (@alejoocampog) July 10, 2026

La primera lucha judicial que tuvo que dar la defensa del joven fue que el caso quedara en manos de la justicia ordinaria, pues en principio había sido tomado por la justicia penal militar. Ese cambio se logró en 2021, dos años después de la muerte de Cruz, cuando el fiscal Juan Carlos Fajardo asumió la investigación.

Ante los señalamientos de que el capitán Cubillos había disparado munición no convencional, el director del la Policía, el General Oswaldo Rincón y el entonces ministro del Interior, Carlos Holmes Trujillo, se empeñaron en desmentir la acusación de que el ESMAD, reformado al grupo de diálogo UDMO, hubiera usado un dispositivo diferente al permitido.

A medida que la tesis de que Dilan Cruz representaba un peligro para la Policía cogía fuerza, el abogado de la familia contrató a Plano Negativo, un equipo colombiano del grupo de investigación británico Forensic Architecture, liderado por Eyal Weizman, el cual se dedica a hacer minuciosos estudios de violaciones de derechos humanos, como la desaparición forzosa de 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa, México, en septiembre de 2014; el uso de armas químicas en Siria; o los asesinatos de palestinos que el Gobierno israelí hace pasar como legitimas defensas.

Los investigadores de Plano Negativo duraron un año y medio construyendo un informe con las mismas imágenes que había usado la Fiscalía para concluir que Cubillos le disparó al joven sin querer. A la conclusión que llegó el equipo de Forensic Architecture fue diametralmente opuesta a la que había dado la Fiscalía en un principio.

Con esto sobre la mesa, el Tribunal reconoció la muerte de Dilan Cruz como una violación a los derechos humanos y le ordenó al general Oswaldo Rincón realizar un acto público de reconocimiento institucional de responsabilidad en el que, además, deberá ofrecer disculpas.

Mientras tanto, corre el proceso contra Cubillos. En noviembre de 2024, la Procuraduría lo sancionó con una multa de $14 millones, una de las más leves del Código Disciplinario. En mayo del año en curso, la sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría declaró la nulidad del proceso. Ahora volverá a ser investigado bajo una grave vulneración de derechos humanos. Entretanto, Cubillos sigue tranquilo en la Policía.