La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Bárbara César Siero defendió sus acciones durante una década en el máximo tribunal venezolano, reconociendo que firmó decisiones controvertidas y respondiendo a preguntas sobre por qué permaneció en el Poder Judicial cuando ya existían denuncias públicas de interferencia política, persecución de jueces y violaciones de derechos humanos.
En una entrevista con TalCual, conducida por Víctor Amaya, César Siero fue interrogada sobre su responsabilidad en decisiones que marcaron la historia política venezolana, entre ellas las sentencias contra la Asamblea Nacional elegida en 2015, así como actuaciones judiciales que afectaron a medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.
La conversación tuvo lugar después de que la exmagistrada denunciara públicamente, el 7 de octubre, que fue obligada a firmar sin leer sentencias sobre inhabilitaciones políticas, incluida la de María Corina Machado, mientras sus dos hermanos y su cuñada permanecían detenidos, vinculados al caso Brazalete Blanco.
Aunque insistió en que fue víctima de coacción, César Siero también admitió que el deterioro de la independencia judicial no comenzó con su caso y situó en 2017 el momento en el que, a su juicio, las prácticas irregulares comenzaron a institucionalizarse.
«Lo legal quedó de un lado y lo ilegal se fue como institucionalizando», afirmó.
Uno de los principales cuestionamientos a César Siero estuvo relacionado con las sentencias que afectaron a la Asamblea Nacional elegida en diciembre de 2015, cuando la oposición obtuvo una mayoría parlamentaria.
Amaya le preguntó por su participación en las decisiones judiciales de 2016 y 2017 que limitaron las competencias del Parlamento, contribuyendo a la confrontación institucional de aquellos años. «Si no sale un voto salvado, si no sale que estoy ausente, es porque la firmé», respondió.
César Siero argumentó que sus competencias estaban circunscritas a la Sala Político-Administrativa y que no podía intervenir en decisiones de otras salas. Sin embargo, reconoció que participó en numerosas discusiones de Sala Plena y defendió que durante su trayectoria presentó votos salvados en decisiones con las que discrepaba.
Otro de los puntos abordados fue la continuidad de César Siero en el Tribunal Supremo de Justicia, especialmente su ratificación en 2022, cuando se produjo una renovación de magistrados y varios integrantes del máximo tribunal quedaron fuera.
La exmagistrada se describió como una funcionaria incómoda para el poder y recordó episodios de su carrera en los que, según afirmó, fue despedida por negarse a cumplir instrucciones que consideraba irregulares.
Sin embargo, al preguntarle cómo explicaba que una magistrada que se consideraba incómoda hubiese sido ratificada en 2022, remitió la responsabilidad a quienes participaron en el proceso de selección. «Esa pregunta se la tiene que hacer a quienes eligen a los magistrados en estos concursos», sostuvo. «Yo simplemente soy la beneficiaria de la elección de un concurso», agregó.
También negó haber sido chavista y aseguró que sus vínculos familiares y profesionales con el mundo militar no implicaban una identificación política con el oficialismo.
César Siero identificó el encarcelamiento de la jueza María Lourdes Afiuni, ocurrido en 2009, como un episodio que generó temor entre los funcionarios judiciales. Aunque situó en 2017 un agravamiento de la pérdida de independencia, reconoció que existían antecedentes anteriores.
Preguntada sobre qué pensaba al conocer denuncias de abusos y persecución judicial mientras ocupaba su despacho en el TSJ, respondió: «Una crítica que incluso no podía expresar».
Aseguró que carecía de competencias para intervenir en otras jurisdicciones y que manifestar públicamente su desacuerdo podía tener consecuencias. Aclaró que desconoce si actualmente existen otros magistrados sometidos a presiones similares.
También se le preguntó qué haría de manera distinta si pudiera retroceder en el tiempo, tomando en cuenta el impacto de las sentencias que firmó y el hecho de que sus familiares terminaron condenados pese a las decisiones que tomó por miedo.
«Si tuviese ese poder de echar el tiempo hacia atrás, no me hubiese postulado como magistrada», respondió.
La exmagistrada sostuvo que había ingresado al máximo tribunal con la expectativa de impartir justicia de manera independiente. «No hago esto con la idea de victimizarme ni de lavarme la cara, ni que me llamen valiente», expresó sobre sus denuncias actuales.
Durante la conversación, César Siero también profundizó en las denuncias que motivaron su aparición pública. Reiteró que las detenciones de sus familiares estuvieron vinculadas con las presiones que recibió para firmar sentencias sobre inhabilitaciones políticas y explicó que había acudido previamente a distintas autoridades nacionales e internacionales.
Sostuvo que el caso Brazalete Blanco fue una fabricación judicial en la que se agruparon personas que no se conocían entre sí y hechos que, según su testimonio, no ocurrieron.
Además, relató un episodio en el que fue interrogada por el entonces fiscal general Tarek William Saab, tras haber presenciado un allanamiento relacionado con sus familiares. Denunció que funcionarios de la Dgcim la amenazaron con detenerla cuando cuestionó el contenido de un acta.
Sobre sus gestiones más recientes, explicó que la Defensoría del Pueblo abrió un expediente tras recibir sus denuncias, pero que hasta el momento no había obtenido una respuesta sustantiva.
La entrevista abordó una actuación judicial de César Siero que afectó directamente a TalCual.
En 2014, cuando ejercía como jueza, conoció la querella presentada por Diosdado Cabello contra el diario a propósito de un artículo de opinión. La causa involucró al articulista y a integrantes de la directiva del periódico, incluido su fundador, Teodoro Petkoff, y derivó en medidas de prohibición de salida del país.
Amaya le preguntó si consideraba proporcional imponer restricciones de esa naturaleza a directivos de un medio de comunicación por una expresión publicada en un artículo de opinión.
César Siero defendió su actuación y sostuvo que en aquel momento le correspondía evaluar los requisitos procesales de admisibilidad de la querella. «Actué apegada a derecho», aseguró.
Ante la insistencia sobre la proporcionalidad de las medidas, reiteró que no le correspondía pronunciarse sobre el fondo del asunto. «En ese momento es una cuestión netamente procesal en cuanto a requisitos de admisibilidad», argumentó.
También afirmó que su actuación había sido objeto de críticas públicas y señaló que las partes tuvieron oportunidad de apelar la decisión.
Cuando se le preguntó si habría actuado de la misma manera de no haber sido Diosdado Cabello el querellante, respondió afirmativamente. Según su explicación, las medidas buscaban garantizar la comparecencia de las partes a una eventual audiencia de conciliación.
Hacia el cierre de la conversación, Amaya confrontó a César Siero con otra decisión judicial de su trayectoria: la sentencia 706 de 2016, en la que participó como ponente y que avaló una actuación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) contra una campaña publicitaria de Cedice en defensa de la propiedad privada.
La decisión fue cuestionada en la entrevista por respaldar la suspensión de piezas publicitarias difundidas a través de medios audiovisuales, entre ellos Globovisión.
La exmagistrada no desarrolló una respuesta específica sobre el contenido de aquella sentencia. El intercambio ocurrió luego de que César Siero afirmara que respetaba la libertad de expresión y que consideraba legítimas las críticas contra las decisiones de los jueces.
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