…Y colorín colorado, el cuento del Potro Álvarez como todopoderoso del hipismo venezolano se ha acabado. En Gaceta Oficial N° 43.358, con fecha del 20 de abril, se anunció oficialmente la destitución de Antonio “Potro” Álvarez del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), de la junta liquidadora del INH y de la Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas (Sunahip), un entramado de cargos que ostentaba desde 2018.
Ahora pasaron al frente otras caras conocidas: Julio César León Heredia, exgobernador de Yaracuy, como presidente encargado del INH y de la junta liquidadora, y Juan Carlos Amarante, exviceministro de Deporte y militante del Partido Socialista Unido (PSUV), como superintendente encargado de la Sunahip.
Estos cambios ocurren tras varias semanas de especulaciones sobre el paradero de Álvarez y el inicio de una investigación a sus gestiones. Todo, como consecuencia de una ola de denuncias sobre presuntos actos de corupción, que incluyen su breve paso por la Comisión Nacional de Lotería (Conalot).
A estas acusaciones se suman los testimonios de familiares de presos políticos, quienes dejaron de lado el miedo y señalaron directamente a Álvarez como responsable del encarcelamiento de sus seres queridos, además de atribuirle poder sobre el sistema de justicia venezolano.
Entre los casos presuntamente vinculados a Álvarez figura el del abogado Carlos Chacín, quien padece cáncer de laringe y fue finalmente excarcelado en marzo. Aun así, hay quienes siguen a la espera de libertad, y esta reciente notica sobre el Potro ha reavivado las expectativas.
Hace pocas semanas, la historia de Denys Custodio fue relatada por su esposa, Génesis Ramírez, para el equipo de La Gran Aldea. Ahora, al enterarse de la destitución del Potro, su esperanza de alcanzar justicia se mantiene más viva que nunca.
“Dios permita que con esta salida los presos por su abuso de poder puedan cerrar su historia y nos den la anhelada libertad”, pide Ramírez.
Custodio era propietario de caballos y en 2022 recibió una llamada de Álvarez. “Olvídate del hipismo y de tus caballos”, fue la orden, según el testimonio de Ramírez. Meses después fue detenido por supuestos mensajes de odio en contra del Potro. Hoy cumple una condena de 16 años.
A Doris, de 61 años, le cuesta siquiera mencionar el nombre de Antonio Álvarez. “Hablar de él es muy desagradable para mí”, dice. Desde 2022, cuando ocurrió la detención de su hijo Ricardo Angulo, sus vidas han estado marcadas por todo lo que vino después.
Angulo sufrió un ACV en los calabozos del Palacio de Justicia y no recibió atención medica adecuada en su momento, según denuncia su madre. Hasta ahora continúa cumpliendo una condena de 12 años por su presunta vinculación a una deuda con Álvarez, al igual que Karl Díaz.
“Esperamos que se haga justicia por todo lo que ha hecho y que las personas que él tiene presas salgan en libertad, como mi hijo, que está acusado de algo que no cometió (…) No me cabe en la cabeza cómo una persona puede llegar a tener tanto poder”, se pregunta Doris.
Recientemente también se conocieron las historias de Gabriel Fuenmayor y Alexander Pinzón, dos desarrolladores de un software hípico que terminaron condenados a más de seis años de cárcel tras una supuesta orden del Potro.
Desde un perfil en Instagram, llamado Fans Club Potro Álvarez Nacional, solicitan “encarecidamente” a la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, la restitución de Álvarez a sus cargos públicos.
“Creemos firmemente que nadie más que él tiene el conocimiento y la pasión necesarios para llevar la hípica venezolana a nuevas alturas (…) Por ello, le pedimos encarecidamente que considere esta solicitud y devuelva el cargo al Potro Álvarez”, dice el mensaje.
Lo cierto es que Álvarez se suma a la abultada lista de figuras que Rodríguez ha removido de sus cargos desde su llegada a lo más alto del poder, tras la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero.
Entre los nombres destacan Vladimir Padrino López, destituido del Ministerio de Defensa; Alex Saab, removido del Ministerio de Industria y Producción Nacional y del Centro Internacional de Inversión Productiva; Giuson Flores, hermano de Cilia Flores, quien salió del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería; y Walter Gavidia, exesposo de Flores, destituido de la Corporación Juntos Todo es Posible, además de otros cambios ministeriales.
También Tarek William Saab presentó su renuncia como fiscal general de la República, mientras que Alfredo Ruiz hizo lo propio desde la Defensoría del Pueblo. Laura Guerra fue otra que recientemente dejó la presidencia del Banco Central de Venezuela.
Como respuesta a las denuncias en contra de Álvarez, jinetes nacionales e internacionales, entrenadores, capataces, periodistas deportivos y otros trabajadores del INH pasaron semanas alabando y engrandeciendo su trabajo dentro del hipismo nacional.
Incluso, tras los rumores de detención, el Potro se dejó ver en el Hipódromo La Rinconada en un encuentro con un niño que aspira a ser jinete, en conversaciones desde los palcos y durante los días de inscripción de los caballos para las carreras del fin de semana. Todo con aparente normalidad.
Mientras tanto, en sus redes sociales se limitaba a compartir mensajes religiosos y a republicar contenido favorable a su gestión. Sin embargo, antes de adoptar ese bajo perfil, difundió supuestas pruebas para desmentir denuncias publicadas por el medio digital El Pitazo, al que amenazó con demandar.
Esto ocurrió luego de que, en marzo, El Pitazo publicara un reportaje que lo vincula con un supuesto esquema de cobros irregulares a empresas de azar, en el que también estaría involucrado Ángel Pino, propietario de la plataforma de apuestas El Inmejorable. Pino fue detenido el 29 de marzo y días después su licencia fue revocada por el INH.
No es la primera vez que la gestión de Álvarez es cuestionada. En 2024, la Alianza de Medios Ari publicó un reportaje sobre la opacidad financiera, la precariedad laboral y el desmantelamiento de la infraestructura del hipismo nacional.
Días antes de la destitución del Potro, específicamente el domingo 19 de abril, debía celebrarse el Clásico Presidente de la República en el Hipódromo La Rinconada. Sin embargo, el evento fue suspendido por el INH, que alegó un ataque cibernético al servidor principal de su plataforma.
Durante las últimas décadas, las instituciones públicas han denunciado reiteradamente “ataques cibernéticos” o “sabotage”, muchas veces en fechas clave.
El caso más representativo ocurrió durante las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) no publicó los resultados desglosados en su página web oficial debido a un supuesto ataque informático desde Macedonia del Norte. Hasta hoy, el portal del CNE y sus redes sociales siguen sin funcionar.
La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.
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