Rodrigo Rivera Morales: La opacidad en la industria petrolera venezolana y la lucha por la soberanía del pueblo

El petróleo que subyace en el suelo venezolano es patrimonio del pueblo que ejerce su soberanía sobre ese territorio. Es un bien colectivo e indivisible, es patrimonio de todos, de la nación. Pero el pueblo, en función de su soberanía, tiene derechos. Por un lado, tiene el derecho colectivo que los ingresos nacionales derivados del patrimonio nacional sean invertidos en beneficio del pueblo venezolano. Esa inversión debe dirigirse al bienestar general, servicios públicos eficientes, educación de calidad, infraestructura vial y aérea, obras destinadas a fortalecer las bases de una economía sólida (represas, red ferroviaria, etc.), pero, en especial, salud y educación. Es claro, también, que los ingresos petroleros deben servir de apoyo para la diversificación de la economía. El otro derecho del pueblo, es conocer cómo se maneja ese recurso, cómo se administra, con quienes se realiza, cuál es el volumen de venta, cuántos los ingresos, cómo se reciben y adónde se destinan.

Este derecho de la soberanía del pueblo, en los últimos 27 años, ha sido burlado y sigue actualmente escamoteado. Los chavistas han recibido tres veces más ingresos petroleros en sus 27 años que lo percibido desde 1917 a 1999 (72 años). Sin embargo, quebraron a Pdvsa, acumularon una deuda externa gigantesca, ubicaron al 68% de la población en situación de pobreza, al servicio de salud lo han convertido en pésimo, la infraestructura es un desastre y a una gran cantidad de empresas expropiadas las han quebrado. No hay duda que ha habido un gran saqueo. No es solo Tareck El Aissami, con su robo de 33 millones de dólares, hay mucho más: militares y civiles. Hemos estado gobernados por una pandilla de saqueadores. Para atracar a las anchas, eliminaron los controles y concentraron el poder a su servicio personal.

Seguimos gobernados por la camarilla kakistocrática, los peores en gestión, en administración de la cosa pública, en protección de los derechos humanos y del bienestar general. Esos que se destacan por maltrato al pueblo, saquear el erario nacional, mentir y perseguir. Seguro que la Jefa del tren de Aragua dirá: “en algo tenemos que destacarnos. Haciendo grandes negocios con el petróleo y oro venezolano designado a dedo a los contratistas, sin transparencia alguna”.

La encargada por la administración Trump, Delcy, ha dicho que en los próximos días entrarán decenas de empresas al país para trabajar en petróleo y oro. Nadie ha visto que, previamente, haya habido licitaciones o, al menos, llamado a presentar credenciales de mérito. Todo esto ha sido opaco, oscuro, porque esas asignaciones han sido a dedo. No se sabe quiénes son, quiénes sus socios, etc. No es de extrañar que haya amigotes y testaferros de la camarilla y de los nuevos panas del norte. Ojo, nadie debe criticar, menos los chavistas, porque según la Jefa del tren de Aragua, será un traidor que hace juego al enemigo. Estos signos nos hacen ver que nada ha cambiado, que siguen en plena vigencia y acción los mismos saqueadores que quebraron Pdvsa, que impulsaron a ocho millones de venezolanos a salir del país, que han impuesto terrorismo de Estado mediante tortura y cárcel sin motivo, sin derecho a defensa ni a un proceso justo.

Son los mismos que expulsaron del país a 26 técnicos petroleros de alta preparación y experiencia. Si de verdad quisiesen recomponer el país y a la industria petrolera, lo más sano sería llamar a esos técnicos e invitarlos a formar empresas y regresaran al país. No, nada de eso. La mayoría está en la célebre lista Tascón y sobre algunos siguen pendientes expedientes penales amañados.

En el exterior, gente de alto nivel en la economía y academia no entienden cómo pueden generar estabilidad económica quienes no tienen clara una visión de la economía y están anclados en vetustas teorías socialistas, que no tienen reglas claras para la inversión privada y no brindan seguridad jurídica. Sabemos que las empresas serias, de larga trayectoria, han dicho que es ventajosos invertir en Venezuela, pero mientras no haya plena seguridad jurídica no iremos. Esto significa que posiblemente muchos de los inversores de los que habla Decly sean de empresas de maletín o chimbas.

Los venezolanos tenemos que unir nuestra voz para pedir trasparencia y exigir cuentas. Tenemos que reclamar la vuelta al Estado de derecho. Luchar porque se reconozca la soberanía del pueblo y que se convoque a elecciones para dar legitimidad a quienes decidan. No más largas al tiempo. Debe fijarse un cronograma electoral ya, que empiece por un nuevo CNE y que se permita la libre expresión y circulación. Es la lucha por la libertad. ¡Hasta el final!

Rodrigo Rivera Morales