20-04-2017 10:53:00 a.m. | Emen .- El responsable jurídico de la OEA, Jean Michel Arrighi, defiende que el proceso de la Carta Democrática para mediar la crisis venezolana que sigue en marcha, y que es «legítima» la reciente resolución sobre una «grave alteración inconstitucional del orden democrático» en ese país.
«La OEA está aplicando uno de los mecanismos de los que dispone a través de la Carta para ayudar a un Estado miembro, no a un Gobierno, donde hay una situación de alteración del orden constitucional», afirmó este jueves Arrighi en una entrevista con Efe en Washington.
La resolución adoptada el pasado 3 de abril por consenso, que Venezuela tacha de «fraude», es «una etapa» en el proceso de la Carta, al proponer «medidas de mediación», opción que recoge el artículo 20 cuando en un país hay «una alteración del orden constitucional» que afecta «gravemente su orden democrático».
Arrighi, responsable jurídico de la OEA, aseguró que la resolución es «válida» porque se adoptó, como contempla el reglamento, bajo la figura del «consenso», ya que ninguno de los 18 Estados presentes se opuso a ese sistema ni, por tanto, pidió votación.
También señaló que el presidente de turno del Consejo Permanente, que ahora es Bolivia, «no tiene derecho a vetar con su ausencia una reunión de Estados» y por eso está previsto el mecanismo de suplencia que se aplicó en esa sesión.
Ese es el artículo que el secretario general de la OEA, Luis Almagro invocó para «poner en marcha los mecanismos de la Carta» el pasado 31 de mayo, por lo que esta es la primera vez que se aplica el documento sin la petición o aceptación del Gobierno del país afectado y sin que haya un golpe de Estado.
La mayor sanción de que dispone la OEA en el marco de la Carta Democrática es la suspensión de la organización, algo que solo se hizo tras el golpe de Estado de Honduras de 2009, ya que la suspensión de Cuba tuvo lugar en 1962, mucho antes de que se aprobara ese documento.
El Gobierno de Venezuela rechaza frontalmente esta asistencia porque la considera «una injerencia» en los asuntos internos del país que viola el «principio de no intervención» recogido en la Carta de la OEA, el tratado fundacional del organismo de 1948.
Sin embargo, Arrighi sostiene que cuando los Estados miembros se preocupan de que otro Estado respete las normas internacionales que ha suscrito «no están violando el principio de no intervención sino haciendo cumplir el principio del respeto a los tratados y obligaciones acordadas libremente entre ellos».
«Venezuela es parte de todos estos instrumentos y es obligación de Venezuela dar cumplimiento a estos acuerdos y es obligación de los demás Estados miembros velar por el cumplimiento por parte de todos los que los hayan acordado», subrayó.