(EFE).- La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió este miércoles una investigación previa al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por realizar un acto público en Medellín en el que estuvieron presentes jefes de las principales bandas delincuenciales de esa ciudad.
El concejal de Medellín, Alejandro de Bedout, le pidió a la Comisión, encargada de estudiar y tramitar las denuncias contra el jefe de Estado, averiguar si Petro «estaría involucrado con hechos que van desde la participación indebida en política, pasando por la utilización de recursos públicos para fines proselitistas, y hasta la convocatoria irregular a una Asamblea Nacional Constituyente por fuera del marco constitucional vigente».
En el documento, se sumarían hechos como el presunto hostigamiento a autoridades territoriales y la supuesta participación de personas privadas de la libertad y de miembros de estructuras armadas ilegales en un evento de carácter oficial, transmitido por medios públicos y con «presencia de altos funcionarios del Gobierno Nacional».
EFE/ Carlos Ortega
El pasado 21 de junio, Petro encabezó un acto público sobre los diálogos de paz de su Gobierno con las bandas de Medellín, capital del departamento de Antioquia, y para celebrar la aprobación en el Congreso de su reforma laboral.
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Al llamado «tarimazo» asistieron criminales presos como Juan Carlos Mesa, alias Tom; Jorge de Jesús Vallejo, alias Vallejo; Freiner Ramírez, alias Carlos Pesebre, y José Leonardo Muñoz, alias Douglas, de la banda de sicarios llamada La Oficina.
Esos delincuentes recibieron una autorización para salir de las cárceles de Medellín para asistir al evento, lo que desató una polémica que todavía no cesa.
El Gobierno y cabecillas de grupos armados ilegales que operan en Medellín instalaron en junio de 2023 la mesa de diálogo con el propósito de desmovilizar a más de 12.000 personas y acabar con la guerra en las comunas.
El Ejecutivo también realiza diálogos de este tipo, como el que hace en Medellín con grupos armados de Barranquilla, capital del Atlántico (norte), y Quibdó, en el Chocó (oeste), así como en Buenaventura, el principal puerto del país en el Pacífico, en donde operan los grupos criminales Los Shottas y Los Espartanos.
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