Escalación EE. UU.-Venezuela: Análisis de una Crisis Cambiante y sus Implicaciones Globales

Las recientes acciones de Estados Unidos contra Venezuela marcan una escalada aguda en un conflicto que ha estado latente por mucho tiempo. El 5 de septiembre de 2025, el presidente Donald Trump amenazó con derribar jets venezolanos que sobrevolaran buques navales estadounidenses y ordenó diez cazas F-35 a Puerto Rico para apoyar las operaciones en curso. Estas medidas siguieron a un ataque el 2 de septiembre a un supuesto narco-buque venezolano, y, según informes, un sobrevuelo el 4 de septiembre de un F-16 venezolano sobre el USS Jason Dunham.

Trump ha insistido en que el propósito no es el cambio de régimen, enmarcando las acciones como parte de una campaña contra narco-terroristas. Reportes de Reuters y The Guardian sugieren que los objetivos de la administración son tres: interrumpir el Cartel de los Soles, mostrar la dominación de EE. UU. en el hemisferio ante Rusia y China, y abordar preocupaciones internas sobre narcóticos y migración.

Sin embargo, según CNN, Trump también está evaluando ataques militares que apunten a los carteles dentro de Venezuela, un paso que marcaría una escalada dramática más allá de las interdicciones marítimas.

Entre algunos en la oposición venezolana y una diáspora de 7.8 millones de personas, las acciones se interpretan como señales de un inminente colapso del régimen. Esa expectativa está peligrosamente mal colocada.

Esta evaluación se entiende mejor como una instantánea de una situación en movimiento. Los eventos cambian no mes a mes o semana a semana, sino casi hora a hora. Un solo incidente: un jet derribado, una gran incautación, o ahora, la posibilidad de ataques de EE. UU. en suelo venezolano, podría alterar la trayectoria drásticamente.

Interrumpiendo redes narco

El objetivo central de EE. UU. es el Cartel de los Soles. Lejos de ser un cartel único dirigido por Nicolás Maduro, es una red difusa de élites militares y políticas venezolanas que se benefician del tránsito de cocaína. Como documenta InSight Crime, sus orígenes se remontan a los oficiales de Hugo Chávez en la década de 1990 y luego se expandieron bajo Maduro y Diosdado Cabello. Funciona a través de sobornos, acceso a infraestructura y cooperación con grupos como el ELN de Colombia y el Cartel de Sinaloa de México.

El análisis de InSight Crime también destaca cómo las sanciones de EE. UU. a menudo exageran el mando directo de Maduro, pero los ingresos son, no obstante, enormes: se estima que son $5.1 millones anuales, manteniendo redes de clientelismo y comprando la lealtad de altos mandos.

EE. UU. argumenta que designar a los traficantes venezolanos como narco-terroristas coloca la acción en el mismo plano legal que los ataques aéreos contra ISIS o los hutíes.

Estados Unidos ha desplegado siete barcos de guerra y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, con más de 4,500 marineros y Marine, en el Caribe sur como parte de su esfuerzo antidrogas.

Más que la presión financiera, el peligro radica en el estrés relacional. Los socios narco de Venezuela son notoriamente paranoicos y violentos, listos para ver traiciones en coincidencias y castigar incluso leves desaires imaginados. En tales entornos, costos añadidos, retrasos y riesgos pueden ser fácilmente interpretados como sabotaje.

Es en estas situaciones donde nacen las conspiraciones: susurros de que Maduro o Cabello ya no están protegiendo el comercio, sino que lo están poniendo en peligro. Si esa percepción se afianza, el régimen podría ser repentinamente reevaluado no como un aliado, sino como una carga.

Señalización global y política interna

Más allá del flujo de drogas, las escaladas envían un mensaje a Rusia y China. Las ventas de armas de Moscú y las inversiones en petróleo de Pekín han profundizado su huella en Venezuela. La demostración de fuerza de EE. UU. está diseñada para mantenér ambos poderes «a raya», al menos temporalmente, recordándoles que el hemisferio occidental sigue siendo una esfera de influencia estadounidense.

Pero los desafíos legales de los demócratas son ciertos. Los críticos argumentan que atacar un barco venezolano sin pruebas claras de vínculos narco excede la autoridad del presidente. La administración responde que designar a los traficantes venezolanos como narco-terroristas coloca la acción en el mismo plano legal que las operaciones en drones contra ISIS o los hutíes en Yemen. El precedente es controvertido: Venezuela es un estado soberano, no una zona de terror no gobernada, pero la Casa Blanca parece confiada en que puede defender su posición.

Funcionarios de la administración también señalaron que ordenaron al barco detenerse y fue ignorado en múltiples ocasiones.

Presión sobre Colombia y Ecuador

A medida que las interdicciones de EE. UU. aumentan, los traficantes se adaptan. Colombia ahora domina el paisaje global de la coca, controlando más de dos tercios de la producción mundial en 2023, mientras que la producción de cocaína y las incautaciones alcanzaron máximos históricos, según la UNODC. Las consecuencias se reverberan a través de las rutas de tráfico regionales, especialmente por el Pacífico, donde las presiones sobre Ecuador y otros lugares están aumentando.

Es probable que EE. UU. continúe con las interdicciones, elevando el costo del tráfico y poniendo a prueba las relaciones del régimen con sus aliados criminales.

Colombia enfrenta una crisis política: el presidente Gustavo Petro defiende una política antidrogas no militarizada, pero Washington presiona por interdicciones más duras antes de su revisión de certificación antidrogas del 15 de septiembre. Ecuador, por su parte, corre el riesgo de una mayor desestabilización, ya que los flujos redirigidos amplifican la violencia y la corrupción. En ambos casos, las alianzas con EE. UU. están tensadas, incluso a medida que los traficantes continúan adaptándose.

Una oposición entre ilusiones y amenazas

La oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, ha leído desde hace tiempo la presión de EE. UU. como un precursor del colapso del régimen. Tras la disputada victoria del 67% de Edmundo González en las elecciones de 2024, las expectativas de una transición democrática permanecen altas. Sin embargo, este optimismo está desconectado de la realidad.

Como lo expresó un observador, la oposición espera “subirse sin problemas a un tren que va a 100 millas por hora” después de décadas sin poder. Habiendo gobernado por última vez en la década de 1990, carece de control institucional, capacidad de gobernanza y un plan coherente para manejar las crisis de Venezuela: 80% de pobreza, infraestructura petrolera en decadencia y un estado criminalizado.

Peor aún, los riesgos no son teóricos. Diosdado Cabello ha advertido abiertamente que a medida que aumenta la presión de EE. UU., también lo hará la represión del régimen. Machado y sus seguidores podrían pronto enfrentar acoso, detenciones o algo peor. Sin una declaración clara de apoyo de Washington ahora, la oposición corre el riesgo de ser decapitada antes de poder organizarse.

Algunos especulan que Maduro podría ser forzado a salir como una concesión, dejando a Diosdado Cabello, Vladimir Padrino o Jorge y Delcy Rodríguez para preservar el régimen. Sin embargo, esto ignora la realidad del pacto de los «cuatro pilares»: su supervivencia está entrelazada a través de crímenes compartidos y exposición mutua. Sacrificar a Maduro solo no estabilizaría el sistema: lo fracturaría, amenazaría su clan extendido y correría el riesgo de luchas violentas que podrían desmoronar el régimen desde adentro.

El mayor peligro, sin embargo, no es que Maduro demuestre ser resistente, sino que caiga sin un contraparte viable lista para gobernar.

Esa evaluación podría resultar cierta. Maduro es tanto el rostro de la represión como el nexo de redes familiares que mantienen el sistema a flote. Pero el problema es lo que vendrá después: una oposición lamentablemente mal preparada para asumir el poder, enfrentando un estado fracturado, grupos criminales violentos y los restos de una alianza militar-narco. El colapso podría crear no renovación, sino un vacío peligroso.

Resultados probables en una situación fluida

Es probable que EE. UU. continúe con las interdicciones, elevando el costo del tráfico y poniendo a prueba las relaciones del régimen con sus aliados criminales. Esto puede que no quiebre a Maduro, pero podría desestabilizar el delicado equilibrio de confianza con los traficantes. Si esos lazos se desgastan, las consecuencias podrían ser más peligrosas para el régimen que las sanciones o la presión financiera.

Rusia y China probablemente esperarán, evaluando la permanencia de los despliegues de EE. UU. antes de comprometer más recursos. Mientras tanto, la diáspora y la oposición venezolana corren el riesgo de decepción a medida que sus esperanzas de un cambio de régimen dirigido por EE.UU. chocan con una política centrada estrechamente en drogas y migración.

El mayor peligro, sin embargo, no es simplemente que Maduro demuestre ser resistente, sino que caiga sin un contraparte viable lista para gobernar. La campaña de presión de Washington puede tener éxito en desestabilizar el acuerdo del narco-estado que sostiene el régimen. Sin embargo, si ese colapso ocurre, la oposición se verá obligada a llenar un vacío para el cual están totalmente despreparados. El resultado no sería la renovación democrática, sino la parálisis, la caída libre económica y redes criminales apresurándose a ocupar el vacío.

En ese escenario, Estados Unidos asumiría la responsabilidad directa. Al acelerar el colapso del régimen sin preparar a la oposición o planear para el futuro, Washington arriesga desencadenar una catástrofe peor que el statu quo. El impacto regional—desde oleadas de refugiados hasta reconfiguraciones de carteles—sería profundo, y EE. UU no está listo para asumir el costo o el compromiso a largo plazo necesarios para administrarlo.