Por Nicholas Kusnetz y Katie Surma
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ROATÁN, Honduras—Años después, Luisa Connor y Vanessa Cárdenas recordarían arrepentidas el día en que los extranjeros visitaron su pueblo frente a la playa con planes de construir un edificio junto a él. No tenían idea de que el proyecto contaba con el financiamiento de multimillonarios de Silicon Valley que querían establecer una “ciudad startup”, o ciudad modelo, ni de que una ley hondureña relativamente nueva les permitiría construir este enclave semiautónomo. No podían prever que emprenderían una lucha contra el edificio que lanzaría a su pueblo a la política nacional y conduciría a un conflicto jurídico internacional que amenazaría con dejar al país en la quiebra. Ellas pensaban que era solo un hotel más.
Crawfish Rock es un pueblo de pescadores de unos pocos cientos de personas en la isla de Roatán. Es el tipo de lugar donde los niños andan libremente, recorren la selva en busca de iguanas o atrapan cangrejos en las aguas cristalinas del Caribe.
También es el sitio de Próspera ZEDE, un experimento libertario de gobierno impulsado por las fuerzas del mercado, cuyos financistas presentaron una demanda de $10,775 millones contra el gobierno de Honduras. Honduras Próspera Inc., la empresa con sede en Delaware que está detrás del proyecto, sostiene que Próspera tiene derecho a seguir funcionando por 50 años más, a pesar de que la ley que permitía las zonas de empleo y desarrollo económico (ZEDE) fue derogada hace dos años. La compañía hace referencia a un acuerdo comercial que Honduras firmó con Estados Unidos, donde están basados los inversores, y un tratado no relacionado con Kuwait, que supuestamente le garantizan este derecho.
La demanda de Honduras Próspera es una de 15 similares contra el gobierno hondureño, casi todas presentadas desde febrero de 2023. En total, los inversionistas que presentaron cuatro de las demandas reclaman hasta $12,300 millones, casi el doble de todo el gasto público de Honduras en 2022. La cantidad solicitada en las otras 11 demandas no se ha hecho pública. Si se ordena a Honduras a pagar cualquiera de estos reclamos, el país no tendrá derecho a impugnar la decisión.
Las demandas se presentaron bajo un oscuro instrumento legal internacional de solución de conflictos entre inversores y estados, conocido por sus siglas en inglés como ISDS (“investor-to-state dispute settlement”). Este instrumento forma parte de miles de tratados de inversión y acuerdos comerciales y permite a los inversionistas extranjeros iniciar un proceso de arbitraje contra los estados. Fue creado para proteger a los inversionistas de la confiscación de bienes y decisiones judiciales corruptas, pero los críticos del sistema dicen que las corporaciones están usando el ISDS para extraer enormes cantidades de dinero cuando los gobiernos adoptan reglamentos más estrictos o imponen nuevos impuestos.
Los casos se presentan ante tribunales ad hoc, generalmente compuestos de abogados corporativos. No hay precedentes judiciales ni recursos de apelación. Los tribunales han emitido laudos de miles de millones de dólares, incluso en casos donde las empresas violaron leyes nacionales, contaminaron el medio ambiente o vulneraron derechos humanos básicos.
El sistema ISDS también está surgiendo como una amenaza en la lucha contra el cambio climático. Las empresas de combustibles fósiles han comenzado a demandar a gobiernos que se disponen a eliminar gradualmente el carbón, el petróleo y el gas. En el caso de las naciones pobres y vulnerables al clima, como Honduras, las demandas de miles de millones de dólares pueden agravar el ciclo de pobreza.
Es un círculo vicioso: el cambio climático ha contribuido al aumento creciente de la deuda de Honduras, según un informe reciente de las Naciones Unidas, mientras que la deuda impide al país protegerse del clima extremo. Como resultado, “grandes porcentajes de la población han sido desplazados internamente u obligados a cruzar fronteras internacionales”.
La saga de ISDS de Honduras se remonta a 2009, cuando un golpe militar derrocó al gobierno de Manuel Zelaya, y a 2021, cuando la esposa del presidente depuesto fue electa al cargo, poniendo fin a 12 años de gobierno autoritario de derecha. Durante su campaña, Xiomara Castro prometió derogar y reformar muchas de las políticas de los gobiernos que se instalaron después del golpe, generalmente considerados corruptos.
Cuando Castro cumplió con estas promesas (por ejemplo, al derogar la ley de “ciudades chárter” que permitió la creación de Próspera, y al promulgar una ley que le da a su gobierno la facultad de renegociar los contratos de electricidad), los inversores extranjeros presentaron demandas de ISDS.
Los defensores de este instrumento dicen que las empresas que presentan demandas solo quieren hacer valer los derechos que les otorgan los tratados de comercio e inversión. Pero muchos activistas que abogan por reformar o abolir el ISDS dicen que la situación de Honduras, y el caso de Próspera en especial, ponen de relieve las injusticias y los fracasos del sistema.
“Hay algunos casos que son tan atroces que creo que podrían tirar abajo el sistema”, dijo Ladan Mehranvar, investigadora judicial del Columbia Center on Sustainable Investment, de la Universidad de Columbia en Nueva York. Señaló que varios líderes del gobierno hondureño que promulgó la ley de ciudades chárter fueron declarados culpables por un tribunal federal de Estados Unidos de regir el país como un “narcoestado”, y que la demanda podría perjudicar las finanzas de Honduras. “Siento que este es uno de estos casos, porque es una locura”, dijo Mehranvar.
Decenas de demócratas en el Congreso de Estados Unidos han instado a la administración de Joe Biden a que intervenga en el caso de Próspera y que elimine el ISDS del acuerdo comercial en el que está basada la demanda.
“El sistema de ISDS es una estafa que colaron en los acuerdos comerciales para que las grandes corporaciones multinacionales puedan eludir los tribunales nacionales y cuestionar políticas públicas legítimas”, dijo la senadora demócrata de Massachusetts Elizabeth Warren, en una declaración a Inside Climate News en la cual citó la demanda de Honduras Próspera como caso emblemático.
Si bien los funcionarios de la administración de Biden prometieron no incluir el ISDS en futuros acuerdos, han sido ambiguos con respecto a la posibilidad de eliminarlo de los más de 50 tratados y acuerdos de Estados Unidos que ya están en vigor. Se han negado a opinar públicamente sobre el caso Próspera.
En cambio, el Departamento de Estado ha emitido declaraciones advirtiendo que las políticas de la administración de Castro podrían desalentar a los inversores extranjeros, comentarios que muchos interpretan como una muestra de apoyo hacia Honduras Próspera.
Nicholas C. Dranias, el consejero general de Honduras Próspera, dijo en una declaración escrita a Inside Climate News que el gobierno hondureño “ha cometido muchos actos ilegales y expropiatorios contra residentes, empresas e inversionistas en Próspera ZEDE”.
Dranias agregó que la empresa y sus filiales “siguen dispuestos a negociar una resolución” a su demanda. “Que al gobierno de Honduras le exijan pagar 10.775 millones de dólares finalmente es algo que está completamente en sus manos, porque el país podría simplemente respetar la estabilidad jurídica de 50 años que le garantizó a los inversionistas en Próspera ZEDE”.
Gerardo Torres, vicecanciller de política exterior de Honduras, dijo que el país no puede pagar el monto que los inversionistas piden. Casi dos tercios de su población vive en la pobreza y la nación ya carga con una deuda de 16.500 millones de dólares. El gobierno ha decidido luchar contra la demanda en vez de negociar, dijo Torres, sentado en un sofá en su oficina. El desarrollo urbano desordenado de Tegucigalpa se extendía por la ventana detrás de él.
La estrategia del país se basa en gran medida en el argumento de que no se trata sólo de Honduras.
“Si nos obligan a pagar todo el dinero del que están hablando ahora, van a destruir un estado”, dijo Torres. “Y ahí veremos cómo las corporaciones privadas pueden destruir estados”.
Crawfish Rock se encuentra al final de una calle mayormente de tierra que termina en el centro del pueblo, con vista a la playa. Casas de madera color pastel con techos de acero acanalado, elevadas sobre pilotes, rodean el claro.
“Crecer en un lugar como Crawfish era realmente algo deseable”, dijo Connor, cuya primera lengua es el inglés caribeño conocido en Roatán como “inglés isleño”. Como muchos otros pueblos de Roatán, Crawfish Rock es una comunidad de descendientes de afrocaribeños.
Connor ha vivido toda su vida aquí, y recorre el pueblo como si fuera una gran casa, recolectando almendras silvestres de los árboles que bordean la playa y mangos de un huerto rebelde que crece al lado de la vivienda de Cárdenas. En la casa de un familiar cerca del centro del pueblo, Connor emergió de la parte trasera con un pedazo de caña de azúcar que peló con un cuchillo antes de empezar a masticarlo. Luego se detuvo a conversar con sus hermanos, que estaban a punto de salir a pescar, cerca de un bote de madera azul.
“Tenemos todo lo que un ser humano necesita para sobrevivir”, dijo.
Connor y Cárdenas son amigas de la infancia y ahora son presidenta y vicepresidenta del patronato del pueblo o consejo comunitario, cargos que asumieron cuando se dieron cuenta de que Próspera no era solo un proyecto turístico más.
En septiembre de 2020, los habitantes del pueblo se enteraron de que el proyecto operaba bajo una ley que permitía un tipo de zona económica especial conocida como zona de empleo y desarrollo económico (ZEDE). La Ley Orgánica de las ZEDE se inspiraba en las ideas del estadounidense Paul Romer, quien luego se desempeñaría como economista jefe del Banco Mundial y que había estado promoviendo las “ciudades chárter” o “ciudades modelo” como paradigmas de desarrollo. En 2011, el Congreso hondureño aprobó una ley basada en las ideas de Romer, pero la Corte Suprema del país la declaró inconstitucional al año siguiente. El entonces presidente del Congreso utilizó una maniobra legislativa discutible para destituir a cuatro magistrados que habían fallado en contra de la ley, y en 2013 se aprobó una nueva versión levemente modificada.
Esta ley permitió a los inversionistas crear sus propias ciudades, en gran medida autónomas, con mucho más autoridad que en otras zonas económicas en Honduras y en todo el mundo donde se ofrecen incentivos para impulsar la inversión extranjera. Las ZEDE tenían la facultad de redactar sus propias leyes civiles, promulgar sus propios reglamentos y códigos de construcción y establecer sus propios tribunales. Las empresas no pagarían impuestos a los gobiernos municipales o nacionales sino a la ZEDE, y esta podría fijar sus propias tasas. Solo una pequeña parte de los ingresos iría al gobierno central.
Las ZEDE no estaban bajo la supervisión directa del gobierno sino de un comité designado por el presidente de Honduras, cuyos primeros miembros eran mayormente extranjeros, muchos de ellos conservadores estadounidenses, incluyendo el hijo del ex presidente estadounidense Ronald Reagan y el activista antiimpuestos Grover Norquist.
Próspera se convirtió en la primera ZEDE en diciembre de 2017, financiada por un fondo de capital de riesgo que fue fundado para lanzar este tipo de ciudades autónomas en todo el mundo. El fondo, Pronomos Capital, contaba con el respaldo de multimillonarios famosos como Peter Thiel y Marc Andreessen. Próspera comenzó a atraer a empresas de biotecnología y otras compañías, a las cuales les prometía un “entorno regulatorio flexible a base de incentivos, diseñado para fomentar la innovación al mismo tiempo que garantiza niveles óptimos de seguridad”. Las empresas podían elegir entre varios marcos regulatorios o proponer los suyos propios. En sus materiales publicitarios, Próspera prometía “un régimen fiscal favorable”. La empresa dice que ha registrado más de 220 negocios, que pueden ser establecidos por “e-residentes”, personas que no necesariamente viven o trabajan en Roatán.
No muy lejos de las casas de madera y los caminos de tierra de Crawfish Rock, en un país donde más de la mitad de la población vive con menos de 7 dólares al día, las personas que visitan el pueblo hoy pueden pagar 25.000 dólares para inyectarse una terapia génica que pretende retrasar el envejecimiento, disponible sólo en Roatán y en Dubái. Ubicado en una colina con vistas al Caribe hay un centro Bitcoin donde los habitantes pueden aprender sobre los beneficios de la criptomoneda y cómo utilizarla (Próspera ZEDE ha adoptado Bitcoin como una de sus monedas). Otra empresa ofrece “servicios de implantación subdérmica y varias opciones cibernéticas para actualizar el cuerpo”, y dice: “Ayudamos a las personas a convertirse en cíborgs autosuficientes”.
A unos 1000 pies (300 metros) del centro de Crawfish Rock, un promotor inmobiliario despejó parte de una ladera arbolada en la ZEDE y erigió un edificio de 14 pisos de usos mixtos que no se parece a ningún otro en la isla. El promotor no obtuvo permisos del gobierno local o nacional para construirlo, solo de Próspera ZEDE, que según Honduras Próspera “es una autoridad del gobierno hondureño” parecido a un municipio.
Quizás lo más preocupante para los habitantes de Crawfish Rock es que la ley creó un proceso de expropiación de tierras, a través del concepto de dominio eminente, en nombre de expandir las ZEDE. Honduras tiene una sombría historia de conflictos sobre la tierra, incluyendo el despojo de tierras de campesinos por parte de grandes corporaciones y ataques violentos contra quienes se resistieron.
Honduras Próspera dice que su ZEDE decidió prohibir la expropiación de tierras, de acuerdo con una resolución aprobada en agosto de 2020, y ha asegurado a los habitantes que “no expropiará ni puede legalmente expropiar propiedades para expandir sus fronteras”. Pero Connor y Cárdenas no les tienen confianza.
A medida que las dos mujeres comenzaron a luchar contra Próspera y las ZEDE, su relación con la empresa se volvió cada vez más conflictiva. En septiembre de 2020, cuando Honduras enfrentaba la pandemia de Covid-19, el director ejecutivo de la empresa, Erick Brimen, le envió un mensaje de voz a la madre de Cárdenas. Brimen quería organizar una reunión pública en el pueblo, pero el patronato le había enviado una carta instándolo a no hacerlo, en vista de las pautas de distanciamiento social. Las mujeres estaban violando sus derechos, dijo Brimen en el mensaje, y agregó que “podrían terminar en la cárcel”. Si Connor y Cárdenas no retiraban lo dicho en su carta dentro de unas pocas horas, dijo, “vamos a tomar medidas que podrían resultar en una nueva acción judicial contra su hija”.
Brimen llevó adelante la reunión, que terminó en una pelea donde fue expulsado del escenario cuando llegó la policía, según muestra un video.
Honduras Próspera dijo que “la reunión informativa, con el distanciamiento social adecuado, fue esencial para presentar un proyecto que finalmente brinda oportunidades a la comunidad, asegurando el ejercicio de sus derechos en un entorno protegido y al aire libre”.
Próspera le da trabajo a habitantes del pueblo y ha obtenido cierto apoyo local. Ariel Webster, que creció en Crawfish Rock y no trabaja en la ZEDE, dijo que Próspera ha ayudado a personas allí.
La situación ha producido división dentro de Crawfish Rock al enfrentar a los empleados del pueblo contra Connor, Cárdenas y aquellos que apoyan su lucha. El año pasado, cuando el patronato recibió a un grupo de ministros y delegados de la capital sin invitar a representantes de Próspera, algunos de los defensores de la empresa se presentaron en la reunión y se enfrentaron con los que asistían. La reunión terminó con una pelea, y una nariz ensangrentada para Cárdenas.
Lo más preocupante para Connor es que con la demanda ISDS, incluso un gobierno que supuestamente apoya su lucha contra Próspera ha hecho poco para impedir que sigan adelante . Se pregunta si algo se interpondrá en el camino de la expansión de la ZEDE.
“Si ni siquiera obedecen al gobierno central”, dijo Connor, “¿qué queda para nosotros?”
Cuando se aprobó la ley ZEDE, en 2013, Honduras estaba en crisis. Los regímenes que gobernaron después del golpe reprimieron violentamente a los opositores. Manifestantes y disidentes fueron secuestrados, violados y asesinados. En algunos casos, mataban no a los activistas mismos sino a sus hijos, para sembrar el mayor miedo posible.
Estos crímenes casi nunca se investigaban. Con una creciente tasa de homicidios, Honduras se convirtió en uno de los países más violentos del mundo.
Al mismo tiempo, los gobiernos de derecha aceleraron la tendencia, iniciada en la década de 1990 a instancias del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a privatizar los servicios del estado y recortar el gasto público. El Congreso privatizó partes de la empresa nacional de energía y comenzó a contratar a compañías privadas para construir nuevas fuentes de generación de energía, sobre todo represas y plantas solares. La nueva Ley de Minería facilitó el proceso de autorización para los proyectos mineros.
Según un informe de 2017 del Fondo Carnegie para la Paz Internacional, de Estados Unidos, esta oleada de contratos privados se convirtió en parte de un régimen “cleptocrático”. Casi todas las demandas de ISDS tienen sus orígenes en contratos, leyes u otros acuerdos hechos durante esta época.
Para los campesinos y los habitantes de los pueblos que fueron expulsados de sus tierras, o cuyos recursos hídricos fueron privatizados, la fiebre del desarrollo coincidió con un aumento de la violencia.
“En ningún otro lugar hay más probabilidad que en Honduras de que te maten por enfrentarte a las empresas que se apropian de tierras y destruyen el medio ambiente”, escribió la organización de vigilancia internacional Global Witness en 2017.
Un opositor a un proyecto que se convirtió en objeto de dos demandas de ISDS fue asesinado al año siguiente.
En el centro de estas nuevas leyes y contratos estaba Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso cuando se aprobó la ley ZEDE y elegido después presidente del país en 2013. Hernández cumpliría dos mandatos consecutivos como presidente, lo cual está prohibido por la Constitución. Más tarde, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusaría a Hernández de usar millones de dólares procedentes de los cárteles de droga para sobornar a funcionarios locales y asegurar sus victorias electorales.
Eventualmente, Hernández, su hermano y el jefe de la policía nacional de Honduras serían extraditados a Estados Unidos, donde fueron hallados culpables de cargos de tráfico de drogas y posesión de armas. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick B. Garland, dijo que Hernández abusó de su poder para apoyar “una de las conspiraciones de tráfico de drogas más grandes y violentas del mundo”.
Hernández fue condenado a 45 años de prisión en marzo de este año, mientras que el ex jefe de la policía nacional fue condenado a 19 años. El hermano de Hernández está cumpliendo condena de cadena perpetua. Inside Climate News solicitó entrevistar a Hernández desde la prisión pero no recibió una respuesta.
Brimen, director ejecutivo de Honduras Próspera, quien emigró a Estados Unidos de Venezuela, ha dicho que su objetivo es avanzar un modelo que fomente la prosperidad y ayude a aliviar la pobreza al deshacerse de la burocracia innecesaria que restringe a los gobiernos, especialmente en algunas partes de América Latina.
Rosa Danelia Hendrix. Crédito: Nicholas Kusnetz/Inside Climate News
Honduras Próspera dijo que “no tiene ninguna conexión con ningún tipo de corrupción en Honduras”. La empresa no ha sido públicamente acusada de estar involucrada en casos de corrupción ni en la aprobación de la ley ZEDE. Pero algunos residentes, defensores y miembros del gobierno actual critican a la empresa por aprovecharse de la ley, dada la forma en que fue promulgada, y por colaborar con la administración de Hernández.
“Vinieron a hacer negocios con la parte más oscura de nuestro país”, dijo Rosa Danelia Hendrix, que se desempeña como presidenta de la federación de patronatos de Roatán y las otras Islas de la Bahía, y ayudó a dirigir la lucha contra las ZEDE.
La lucha del gobierno de Castro contra las ZEDE se libra desde el Centro Cívico Gubernamental de Tegucigalpa, un conjunto de edificios relucientes que fueron construídos por el gobierno de Hernández. El prolijo y moderno complejo se encuentra al lado del palacio presidencial y alberga varias oficinas gubernamentales, pero su entrada peatonal da sobre una calle muy transitada, sin un desvío, lo cual produce una escena caótica de bocinazos y taxis estacionados en doble fila. Es como si los arquitectos no hubieran imaginado que los ciudadanos visitarían este lugar.
Allí, Fernando García y un equipo de seis empleados jóvenes recopilan documentos y redactan vehementes mensajes para las redes sociales en los cuales denuncian a las ZEDE. (Aparte de Próspera, hay dos más, que se enfocan en las exportaciones agrícolas y en proyectos de usos mixtos. Ninguna de ellas ha presentado una demanda de ISDS).
García trabaja en una sala de conferencias con paredes de vidrio en un piso casi vacío, rodeado de pilas de carpetas, artículos y libros, incluyendo ejemplares gastadosde la Constitución hondureña y la Biblia. Habla apasionadamente de sus décadas de servicio al pueblo hondureño: antes del golpe, se desempeñó como ministro de economía y en otros cargos, y ahora es comisionado presidencial contra las ZEDE.
García comenzó su lucha contra las ZEDE como parte de la oposición a los gobiernos posteriores al golpe, poco después de que se promulgara la ley. Recorrió todo el país para generar conciencia y reunir miembros de la oposición, dijo, y hasta hipotecó su casa para ayudar a pagar los costos de gasolina y hotel.
La gente lo miraba sin poder creerlo cuando les contaba lo que eran las ZEDE, “como bicho raro”, dijo.
Fue solo cuando regresó al gobierno que se dio cuenta de lo difícil que sería la batalla. García dijo que se reunió con los líderes de las ZEDE y les pidió información sobre sus relaciones con el gobierno, pero recibió poco más que documentos altamente censurados. Dijo que les preguntó qué concesiones serían necesarias para seguir operando en el país en reemplazo del estatus especial otorgado por la ley ZEDE que había sido derogada, pero no llegó a ninguna parte.
Honduras Próspera dijo que trató de negociar con el gobierno pero no recibió respuestas, y no ha recibido ninguna oferta para pasarse a una zona económica especial alternativa. La compañía agregó que “ninguno de los otros regímenes especiales en Honduras tiene niveles similares de estabilidad, competitividad internacional o compatibilidad” con el modelo de negocios de la empresa.
García dijo que ni siquiera sabe si todavía existe una comisión para administrar las ZEDE. Próspera y las otras ZEDE necesitarían una comisión de ese tipo para supervisar su funcionamiento. Sin embargo, García y su equipo no han encontrado ningún documento que indique la existencia de tal comisión o identifique a los miembros que la conforman.
Actualmente, las ZEDE parecen estar funcionando dentro de una nube de incertidumbre jurídica. Aunque fue derogada en abril de 2022, la ley que habilitó las ZEDE contenía un artículo que estipulaba un período mínimo de transición de 10 años en el caso de que fuera derogada. En septiembre, la Corte Suprema de Justicia de Honduras declaró la inconstitucionalidad de la ley de las ZEDE y las reformas que la acompañaron, y que esta decisión afectaría de forma retroactiva a las ZEDE existentes. Sin embargo, todavía no se publicó la sentencia, y por lo tanto las repercusiones aún no están del todo claras.
Honduras Próspera sostiene que las ZEDE tienen derecho a seguir funcionando durante décadas. La empresa basa su argumento en un tratado de inversión de 2014 que Honduras firmó con Kuwait, el cual contenía un artículo que garantizaba el estatus legal de las ZEDE durante 50 años en caso de la derogación de la ley que las autorizaba. Honduras Próspera dice que tiene acceso a este derecho gracias al Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y Centroamérica, firmado por Estados Unidos y Honduras, que incluye la llamada cláusula de “la nación más favorecida”. La polémica cláusula permite a los inversionistas extranjeros, como Honduras Próspera, copiar y pegar disposiciones más favorables de otros tratados de inversión, independientemente de si sus gobiernos de origen son parte de estos acuerdos.
El panorama completo de la demanda de ISDS de Honduras Próspera sigue sin estar claro porque la demanda es confidencial, al igual que en los otros 14 casos de demandas contra el país. Pero en una declaración a Inside Climate News, Honduras Próspera dijo que el gobierno hondureño ha actuado ilegalmente al presionar a los bancos para que cierren las cuentas de los negocios registrados en la ZEDE y al obligar a las empresas de la ZEDE a pagar impuestos y tarifas sobre los bienes que compran o importan, entre otras medidas.
Sin embargo, la ZEDE sigue funcionando de alguna manera. Cobra sus propios impuestos y autoriza proyectos de construcción según sus propias reglas, provocando frustración y desconcierto entre los funcionarios y residentes del país.
Muchos de los que convirtieron la lucha contra las ZEDE en un asunto nacional culpan no sólo a Próspera sino también al gobierno de Castro.
“Sentimos un gran abandono”, dijo Christopher Castillo, defensor del medio ambiente y los derechos humanos en Tegucigalpa con Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras. Agregó que Castro y muchos otros funcionarios deben sus victorias electorales en parte al movimiento contra las ZEDE. Castillo dijo que el gobierno debería prohibir a las empresas realizar ensayos clínicos en Próspera, por ejemplo, o detener el proyecto de la torre de 14 pisos, construída en gran parte después de que se derogara la ley ZEDE.
García, el comisionado presidencial, insistió en que las ZEDE están funcionando sin autorización legal, pero reconoció que el gobierno ha hecho poco para controlarlo. Sostiene que Honduras está en gran desventaja y debe avanzar con cautela.
“Estamos frente al poder económico más grande del mundo”, dijo. Más allá de los multimillonarios que respaldan a Próspera, dijo, “hay que pensar que el gobierno de Estados Unidos siempre protege a dos grupos: a sus soldados y a sus empresarios”.
En septiembre de 2022, dos semanas después de que Honduras Próspera comunicara a Honduras su intención de presentar la demanda de ISDS, los ejecutivos de la empresa se reunieron con Roy Perrin, ministro consejero de la embajada de Estados Unidos, en Tegucigalpa. La reunión fue convocada “para conversar sobre el clima de inversión en Honduras, las garantías legales que permiten a los empresarios crear empleos y cómo el desarrollo sostenible puede crear oportunidades económicas para todos los hondureños”, según una publicación de la embajada en X.
El mes siguiente, Laura Dogu, embajadora de Estados Unidos en Honduras, pronunció un discurso ante la Cámara de Comercio Hondureño Americana en Tegucigalpa en el que criticó algunas de las políticas de inversión del gobierno de Castro. “Sin duda, todas estas medidas están enviando un mensaje claro a las empresas, que deben invertir en otro lugar y no en Honduras”. Añadió que Estados Unidos “seguirá ejerciendo su derecho a reunirnos con inversores estadounidenses, abogando por la resolución de disputas comerciales de acuerdo con el estado de la ley comercial”.
Honduras Próspera también empezó a recabar apoyo en Estados Unidos, gastando cientos de miles de dólares para presionar al Congreso y a la Casa Blanca, según registros oficiales. El Departamento de Estado emitió un informe sobre el clima de inversión para Honduras en 2022 donde se menciona que las nuevas medidas del gobierno hondureño (incluyendo la derogación de la ley ZEDE, una ley de energía y una ley laboral) “han aumentado drásticamente la incertidumbre sobre los rendimientos de las inversiones”.
En octubre de 2022, los senadores Bill Hagerty, republicano de Tennessee, y Ben Cardin, demócrata de Maryland, enviaron una carta al Secretario de Estado Antony Blinken pidiéndole que “instara a la República de Honduras a respetar las garantías jurídicas con respecto a las inversiones estadounidenses” en las ZEDE.
El representante Paul Gosar, republicano de Arizona, presentó un proyecto de ley que habría obligado al presidente de Estados Unidos a interrumpir la ayuda a gobiernos extranjeros que no “entablen discusiones de buena fe” con cualquier ciudadano estadounidense que busque negociar con ese gobierno, una referencia a Honduras, según un informe de las actividades de cabildeo de Honduras Próspera.
El Departamento de Estado se negó a conceder entrevistas para este artículo, pero emitió una declaración escrita diciendo que “busca un trato justo para los inversores estadounidenses y urge a Honduras a atenerse al Estado de derecho como factor clave para su desarrollo económico”.
García dijo que aparte del poder económico y diplomático del gobierno de Estados Unidos, los funcionarios hondureños se muestran cautelosos a la hora de actuar contra Próspera debido a la demanda de ISDS. Según las reglas arcanas del arbitraje internacional, señaló García, las empresas pueden reclamar “expropiación indirecta” cuando los gobiernos toman medidas que perjudican los rendimientos de una inversión.
“Tenemos que actuar con mucho cuidado”, dijo García.
Puede que este efecto disuasivo no sea ninguna casualidad. Los críticos del sistema de ISDS llaman “paralización regulatoria” al fenómeno en que una demanda o simplemente la amenaza de una demanda intimida a un gobierno a repensar las medidas en cuestión. Dranias, consejero general de Honduras Próspera, dijo en una reciente entrevista en un podcast que el ISDS “puede ser muy eficaz, digamos, para crear los incentivos que estimulan el buen comportamiento”.
El mecanismo de arbitraje ISDS tenía como objetivo eliminar los conflictos jurídicos del ámbito político, pero las demandas suelen volverse profundamente partidistas. Honduras, donde fue acuñada la expresión “república bananera” para hablar del dominio de las empresas United Fruit y Standard Fruit en la región, ha sido controlada durante mucho tiempo por Estados Unidos y sus intereses comerciales. La lucha del país contra el arbitraje internacional forma parte de un alejamiento más amplio de su vecino norteño por parte del gobierno de izquierda.
En respuesta a las demandas de ISDS, Honduras se retiró de un convenio del Banco Mundial que ayuda a regir el sistema. Sin embargo, esta decisión no afectará las demandas existentes, y los inversores extranjeros pueden presentar casos de ISDS usando reglamentos similares supervisados por la Organización de las Naciones Unidas y otros. El país ha estado negociando un nuevo acuerdo comercial con China y fortaleciendo los lazos con Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Torres, vicecanciller de política exterior, dijo que el gobierno ha estado revisando y poniendo fin a los contratos que otorgaban a las empresas privadas términos excesivamente favorables, cargando al estado hondureño y a sus habitantes con altos costos.
Torres dijo que los gobiernos anteriores no solo privatizaron los activos estatales, sino que dirigieron la riqueza pública hacia las empresas privadas y los bancos. Ahora que la administración de Castro está tratando de recuperar esa riqueza, dijo, los inversores han recurrido al ISDS.
La gran oficina de Torres está decorada con souvenirs y libros que reflejan una extraña mezcla de cultura pop anglosajona y política de izquierda. Copias enmarcadas de la portada del álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band y El padrino están en compañía de libros como “Capitalism’s Deadly Threat” (“La amenaza mortal del capitalismo”) y “Xi Jinping: la gobernación y administración de China”.
Los críticos del gobierno de Castro, tanto en Honduras como en Estados Unidos, dicen que está girando hacia el comunismo y demonizando a los inversores extranjeros. El grupo empresarial más grande del país calificó la decisión del gobierno de retirarse del convenio del Banco Mundial como un “autosabotaje económico”, palabras recientemente impresas en la tapa del diario más importante del país.
El gerente de asesoría legal del grupo empresarial, Gustavo Solórzano Díaz, dijo en una entrevista que los inversionistas han recurrido al ISDS porque no confían en el sistema jurídico hondureño y porque las nuevas medidas del gobierno en el sector energético, entre otros, amenazan con expropiar bienes.
La administración de Castro ha estado involucrada en sus propios escándalos de corrupción, presuntos vínculos con narcotraficantes y acusaciones de nepotismo. Si bien la violencia general en el país ha disminuido, la violencia contra las mujeres, los defensores de los derechos humanos y los periodistas aumentó el año pasado, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El gobierno también ha sido acusado de reprimir a disidentes y utilizar las fuerzas militares para combatir el crimen.
Y el manejo de las demandas de ISDS por parte del gobierno de Castro también ha tenido críticos en la izquierda. Castillo, el defensor de derechos humanos de Tegucigalpa, señaló que el gobierno no designó un árbitro en la demanda presentada por Próspera, dejando que el Banco Mundial cubra el puesto.
El procurador general de Honduras, Manuel Díaz-Galeas, quien está a cargo de las demandas, se negó a ser entrevistado o responder preguntas para este artículo. “Lo que digan los opositores y los voceros de los demandantes con respecto a lo que apunta, me tiene sin cuidado”, dijo Díaz-Galeas en un mensaje de texto a Inside Climate News. “Dígales, de ser posible, que en los tribunales nos encontraremos”.
Este contexto, aunque profundamente importante para los líderes políticos de Honduras y muchos de sus ciudadanos, podría resultar irrelevante cuando los tribunales comiencen a atender el caso, si es que lo hacen.
“No hay ninguna regla que requiera que la ley se adopte con un proceso democrático o transparente”, dijo Yarik Kryvoi, un abogado especializado en arbitraje internacional, incluyendo el ISDS.
Torres dijo que Honduras está preparada para perder algunas de las demandas de ISDS, pero que el país las usará para revelar lo que él llama la hipocresía de las naciones desarrolladas, sobre todo con respecto al cambio climático.
“Siempre están hablando del cambio climático y del impacto que tiene, pero cuando un gobierno o una comunidad o una población intenta defender sus recursos, probablemente serán derrotados en tribunales internacionales que siempre favorecen los intereses de las empresas privadas”, dijo Torres.
Las indemnizaciones multimillonarias o de miles de millones de dólares de ISDS inflarían la deuda de Honduras, y si el país evitara pagar, los inversores podrían empezar a confiscar los bienes extranjeros del país y bloquear el acceso a los mercados de capital.
“No podemos ir a más cumbres ambientales si no hablamos de la economía detrás de lo que está pasando”, dijo Torres.
Agregó: “La única estrategia que tenemos es hacer de nuestro caso un ejemplo para el mundo. ‘Esto es lo que están tratando de hacerle a un país pobre y uno de los más vulnerables al cambio climático’”.
En Roatán, donde la subida del nivel del mar está corroyendo la costa y fuertes lluvias recientemente inundaron partes de Crawfish Rock, cuesta ver la resistencia del gobierno central. Si el país pierde las demandas de ISDS, serán los contribuyentes, entre ellos los habitantes de Crawfish Rock, quienes pagarán, observó Cárdenas. Mientras tanto, se pueden ver trabajadores dando los últimos retoques a la torre de 14 pisos. En el club de playa de Próspera se siguen celebrando fogatas semanales, con música en vivo y cócteles. Connor y Cárdenas se preguntan qué pasará después.
Este artículo fue traducido al español por Valentina Di Liscia. (@dilisciavalen)
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