Millones de familias en la región podrían quedarse sin ayuda alimentaria federal a partir de noviembre debido al cierre del gobierno. En respuesta, los gobernadores de Maryland y Virginia declararon estado de emergencia para garantizar que los residentes más vulenrables no se queden sin comida.
El gobernador de Maryland, Wes Moore, declaró el jueves 30 de octubre estado de emergencia y culpó directamente al presidente Donald Trump por la suspensión de los fondos federales del programa SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), que asiste a más de 680,000 residentes del estado.
“Donald Trump se niega a desplegar los fondos federales de emergencia que mantendrían en funcionamiento los programas de asistencia alimentaria. Al hacerlo, está violando la ley”, afirmó Moore, citado por WUSA9.
El Departamento de Agricultura de EEUU había instruido a las agencias estatales a retener los pagos de noviembre por “falta de fondos suficientes”, y rechazó la posibilidad de usar recursos de emergencia, reservados solo para desastres naturales.
Ante la crisis, Moore anunció $10 millones en apoyo a bancos de alimentos y organizaciones sin fines de lucro. Adenia Bradley, de Mission of Love Charities, celebró la medida:
“No quiero rechazar a nadie que venga por ayuda; mantenernos al día con la demanda es vital”.
El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, también declaró estado de emergencia para mantener la asistencia alimentaria a más de 850,000 residentes. La medida le permitirá redirigir fondos estatales ante la falta de recursos federales.
Virginia fue el primer estado en adoptar esta acción preventiva, mientras otros gobiernos locales advertían a los beneficiarios sobre posibles interrupciones en los pagos de noviembre. A nivel nacional, más de 41 millones de estadounidenses dependen de los beneficios SNAP y otros 7 millones del programa WIC, dirigido a mujeres, bebés y niños pequeños.
Youngkin justificó la decisión señalando que la prioridad era “garantizar que las familias de Virginia no pasen hambre mientras el Congreso sigue discutiendo”.
La alcaldesa Muriel Bowser anunció que el Distrito de Columbia asumirá el costo total de los beneficios SNAP en noviembre si el cierre del gobierno continúa. Esto significa destinar $29 millones para cubrir la ayuda alimentaria de 141,000 residentes (unas 85,000 familias), además de $1.5 millones para mantener el programa WIC.
Una demanda presentada por 22 estados y DC sostiene que el gobierno federal suspendió los fondos de SNAP pese a contar con reservas suficientes para cubrir los pagos de noviembre a los 42 millones de beneficiarios en todo el país.
La emergencia alimentaria se suma a los efectos del cierre federal, que ya lleva más de 20 días y se ha convertido en el segundo más largo en la historia de EEUU. Mientras los líderes políticos se culpan mutuamente, estados como Maryland, Virginia y DC están llenando el vacío con fondos propios para evitar una catástrofe humanitaria.
La suspensión de los beneficios SNAP amenaza con dejar sin alimentos a millones de familias en todo el país. Ante la inacción federal, los gobiernos estatales y locales están respondiendo con medidas de emergencia, evidenciando tanto la fragilidad del sistema de asistencia como la importáncia del liderazgo local para proteger a sus comunidades más vulnerables.
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