El funcionario de la Dgcim Harrysson Ochoa Carrillo fue detenido luego de preguntar a un compañero cuándo eran las visitas para presons de ese mismo organismo. Su abogado denuncia irregularidades en el proceso, retrasos en la presentación ante tribunales y obstáculos para asumir formalmente la defensa. Con este caso, TalCual inicia la publicación del seriado Detenciones insólitas
Un funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) fue acusado de presunta extorsión y tráfico de influencia y está detenido tras hacer una pregunta a un compañero de trabajo sobre cuándo habría visitas para los detenidos en el centro de reclusión de ese mismo organismo.
El caso de Harrysson José Rafael Ochoa Carrillo, de 32 años, demuestra que en el país ni los funcionarios de seguridad escapan de la persecución y quedan inmersos en procesos rodeados de irregularidades.
El abogado Reynaldo Sarmiento explica que el funcionario Ochoa trabajaba en la sede de la Dgcim de Boleíta Norte, en Caracas, y que todo comenzó cuando una persona se acercó al lugar para indagar qué día los encarcelados en ese sitio de máxima seguridad tendrían visita «porque estaban preocupados». Ochoa Carrillo hizo la pregunta a un compañero y a los tres días fue apresado en las mismas oficina donde trabajaba.
La defensa del funcionario cuenta, desde las afueras del Palacio de Justicia, que el otro Dgcim lo acusado de extorsión y tráfico de influencias ante los superiores.
Informes de organismos internacionales como la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han señalado reiteradamente denuncias sobre detenciones arbitrarias y abusos dentro del sistema de seguridad venezolano. Estas prácticas han sido documentadas como parte de patrones de represión y control estatal.
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El abogado afirma que la detención de Ochoa ocurrió el 26 de noviembre del año pasado. Inicialmente fue recluido en las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y posteriormente trasladado al Centro Penitenciario Yare II, ubicado en el estado Miranda, especificamente en el módulo tres.
Entre las irregularidades que el abogado Sarmiento expone en este caso destacan que fue detenido en noviembre y presentado ante tribunales el 7 de enero de este año, más de un mes después. La Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal establecen que una persona detenida debe ser presentada ante un tribunal en un plazo máximo de 48 desde el momento de la aprehensión.
El 28 de diciembre de 2025, el funcionario de la Dgcim Harrysson Ochoa fue llevado por otros funcionarios, que el abogado no precisa a qué organismo pertenecen, a su vivienda, ubicada en Fuerte Tiuna, en Caracas, para realizar una revisión, en la que Reynaldo Sarmiento afirma se llevaron pertenencias personales. Al día siguente, 29 de diciembre, se realizó el acto de imputación.
«Eso se llama un secuestro judicial», asevera la defensa de Ochoa y afirma que cuenta con los elementos que demostrarán la fecha real de detención y las demoras en la presentación ante los tribunales.
La defensa también denuncia obstáculos para asumir formalmente el caso. De acuerdo con Sarmiento, desde el 23 de enero de este año ha intentado juramentarse ante el tribunal como abogado de confianza del funcionario, pero no se le ha permitido formalizar su representación.
Un documento firmado por el funcionario de la Dgcim Harrysson Ochoa, y revisado por TalCual, demuestra que el acusado manifestó su deseo de rebocar la defensa pública y designó como abogado de confianza a Reynaldo Sarmiento.
El escrito está dirigido al Juzgado Especial Primero de Control con competencia en terrorismo, corrupción y delincuencia organizada del Área Metropolitana de Caracas. Este documento incluye las firmas del funcionario detenido, sus huellas dactilares y el sello de Yare, lo que confirma que está recluido en ese centro penitenciario.
La realidad de Ochoa Carrillo refleja una situación que abogados y organizaciones de derechos humanos han señalados en distintas ocasiones: dentro del sistema penal venezolano no solo civiles u opositores terminan detenidos en procesos cuestionados, sino también funcionarios de los propios organismos de seguridad.
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