A plena luz del día, en las sabanas tropicales entre los ríos que desembocan en el Orinoco, una comunidad indígena jivi (también conocida por los criollos como guahibo, propia de los llanos de la Orinoquía colombo-venezolana) vio cómo unos combatientes armados intentaban llevarse a un niño de 12 años frente a toda la aldea. Su padre, desesperado, se ofreció a ir en su lugar y nunca más se le volvió a ver. Esa misma tarde se dieron cuenta de que ya no podían proteger a sus hijos.
“Preguntaron cuántos jóvenes había, para ellos volver, para volverse a llevar a los demás jóvenes. Entonces, nosotros decidimos desplazar [abandonar] esa comunidad”, dice un anciano jivi de voz suave. Su comunidad, asentada en La Lajita, municipio Cedeño, en el noroeste del estado Bolívar, huyó tras la llegada del grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Dos grupos armados colombianos —presentes en la zona desde hace unos 15 años— se disputan violentamente el control de minas ilegales, ricas en oro y minerales esenciales como el estaño y el coltán. Amazon Underworld se reunió con personas desplazadas cerca del Orinoco y conversó con fuentes en Cedeño, cuyos nombres se mantienen en reserva por su seguridad, para informar sobre un conflicto cada vez más intenso alrededor de los yacimientos minerales y las rutas cambiantes del narcotráfico. El aumento vertiginoso de la demanda mundial de minerales utilizados por la industria de defensa y las tecnologías modernas, como los centros de datos de inteligencia artificial, aviva los enfrentamientos, al igual que el regreso a estrategias de línea dura en la guerra contra las drogas.
Desde que las fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en enero, Caracas ha abierto su sector minero a los inversionistas extranjeros. Sin embargo, en la zona minera de Cedeño sigue ausente ese mismo Estado venezolano que procura incentivar los negocios mineros.
En lo que va del 2026, cuatro civiles —y varias vacas— han sido víctimas de minas antipersonas en Cedeño. También hay un número desconocido de heridos que pertenecen a grupos armados. El miedo a estos explosivos mantiene a las comunidades alejadas de los ríos donde pescan, del bosque donde cazan y de los conucos donde cultivan sus alimentos. La guerrilla impone sus propias restricciones, anunciando toques de queda y castigando a quienes los incumplen. Instalan puestos de control en los caminos rurales y obligan a los lugareños a darles acceso a sus teléfonos.
El reclutamiento de niños por parte de grupos armados irregulares se ha convertido en una cruda realidad en la Guayana venezolana. Si bien a menudo se atrae a los menores con dinero y una visión idealizada de la vida en un grupo armado, en Cedeño a muchos simplemente los llevan a la fuerza. Las minas antipersonas han confinado a algunas comunidades a sus aldeas, mientras que otras han tenido que huir.
“Nosotros teníamos los conucos un poco retirados, a tres horas de camino. Y como ellos decidieron colocar explosivos, no pudimos sembrarlos”, se lamenta una mujer jivi, también de La Lajita, “ellos pusieron explosivos porque piensan que el otro grupo armado va a abastecerse de alimentación”. Cuando dice “ellos” se refiere indistintamente tanto al ELN como a la Segunda Marquetalia –un grupo de las disidencias de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)–, que se han hecho fuertes en esta región de Venezuela.
El ELN, que actualmente es el grupo guerrillero más grande de Colombia, opera en 12 municipios al sur del río Orinoco —más de la mitad del total— en los estados de Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. La Segunda Marquetalia fue formada por excomandantes de las FARC que se retiraron del acuerdo de paz de 2016 con el gobierno colombiano, y opera en nueve municipios venezolanos. Se reorganizó en torno a estructuras preexistentes de las FARC y buscó alianzas con exmiembros de esa antigua guerrilla en la zona. La población local todavía las llama “las FARC”.
Las minas antipersona no son los únicos artefactos del arsenal bélico de los insurgentes que atentan contra los indígenas nativos del oeste del estado Bolívar y civiles que hacen vida en sectores cercanos a Los Pijiguaos, localidad donde se encuentra el gran yacimiento de bauxita. Drones con explosivos han entrado en el escenario del conflicto. Los dos grupos guerrilleros lanzan dispositivos cargados de explosivos sobre zonas habitadas para atacarse mutuamente, dejando a las comunidades atrapadas en medio. “Esos pasaban por encima de nosotros”, dice uno de los desplazados de La Lajita. Los enfrentamientos pueden durar días, con tiroteos que se prolongan hasta la noche, lo que ha llevado a las escuelas a suspender sus actividades. “Empiezan a escucharse explosiones, disparos, que nunca en la vida se habían visto en la localidad”, comenta otro hombre de Cedeño.
En la primera semana de noviembre, la Armada de Colombia incautó tres docenas de componentes de drones de una embarcación que se dirigía a la ciudad fronteriza colombiana de Puerto Carreño, ubicada a orillas del río Meta, que conecta con Venezuela.
La Lajita no es el único caso. La violencia ha llevado a unas 200 familias a desplazarse, según estimaciones aproximadas de fuentes en el territorio. Las Bateas, una comunidad de unos 200 e’ñepá —antes conocidos como panare, uno de los pueblos originarios de la zona—, fue abandonada a finales de octubre. La comunidad jivi de Ekunay se reubicó en su totalidad, mientras que las comunidades wötjüja (o piaroas) de los ríos Parguaza y Simonero también huyeron. Otras comunidades afectadas por la violencia son El Jobal, Punta Brava, El Palomo y Angostura.
El anciano jivi de La Lajita vendió el techo de su modesta casa para pagar el viaje. Y no piensa en regresar. “Yo no pienso mirar hacia atrás”, asegura. La mayoría de los desplazados llegan al vecino estado Apure, al oeste, pero algunos viajan muy al norte, hasta Valle de la Pascua, en el estado de Guárico, o a Puerto Carreño, cruzando la frontera con Colombia.
La antropóloga Francia Medina, de la Universidad Central de Venezuela (UCV), quien ha investigado el territorio de Los Pijiguaos, en Cedeño, desde 1996, resalta que el desplazamiento forzado impacta a núcleos generacionales completos. “Cuando la estructura familiar se fractura, surgen problemáticas como el alcoholismo, la prostitución o la adopción de radicalismos religiosos como último refugio”. Medina enfatiza que la cohesión de los pueblos indígenas radica en el vínculo cultural directo con sus tierras ancestrales; una pertenencia que corre el riesgo de disolverse de manera irreversible.
Esta crisis actual hace parte de una larga trayectoria de presiones estructurales que las etnias e’ñepá, mapoyo, wötjüja y jivi del municipio Cedeño han enfrentado desde el periodo colonial. En 2014, la tradición oral del pueblo mapoyo fue catalogada Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO con necesidad de salvaguardia urgente. El patrimonio lingüístico local, que ya registraba una pérdida progresiva, está cada vez más amenazado.
Medina explica que existen registros de la presencia de los grupos armados colombianos al menos desde 2012, pero que, debido a las “condiciones de inseguridad” por su llegada, se ha dejado de documentar lo que ocurre en la región.
En el centro de los enfrentamientos entre el ELN y la Segunda Marquetalia está lo que hay bajo tierra. “Es por la minería, que ellos llegaron para allá, por la minería, porque los otros grupos armados, el ELN, quieren tomar la minería, pero las FARC [la Segunda Marquetalia] no lo quieren dejar,” dijo la mujer jivi de La Lajita.
El municipio Cedeño está en pleno centro geográfico del país. Esa ubicación, así como la promoción del eje fluvial Apure-Orinoco y las obras, finalmente, inconclusas, del puente Mercosur, a principios del presente siglo y del régimen chavista, alimentaron fantasías de mudar al lugar de la capital municipal, Caicara del Orinoco, la sede de la capital de Venezuela.
De hecho, el río Orinoco sirve como un corredor estratégico para el tráfico de drogas. Al sur del río se encuentran pistas de aterrizaje clandestinas, según funcionarios de inteligencia extranjeros y residentes locales. Estas sirven para rutas hacia Centroamérica y más al sur, hacia Brasil. Cerca de Los Pijiguaos, los residentes informan de aviones que aterrizan y de nuevos senderos sobre los que se les advierte que deben evitar, caminos que pertenecen a los que los lugareños se refieren como lo innombrable. Río abajo, el Orinoco desemboca en el Océano Atlántico, donde semisumergibles transportan cocaína a buques contenedores con destino a Europa y África Occidental.
Pero aún por sobre ese potencial estratégico, lo que atrae a los grupos irregulares de Colombia es lo que está bajo la tierra: minerales codiciados por la industria global, como la bauxita, la casiterita y el coltán.
A diferencia de los dos últimos minerales mencionados, por lo general explotados todavía por la minería informal, una operación del Estado extrae y procesa la bauxita en esta frontera minera al sur del Orinoco.
En Los Pijiguaos, uno de los yacimientos de bauxita más grandes de América, la empresa estatal Bauxilum, que opera la mina desde la década de 1980 —con un puesto de la Guardia Nacional y un batallón completo de infantería de selva dentro de sus instalaciones—, ha suspendido su turno nocturno debido a los enfrentamientos cerca de sus instalaciones y también tuvo que atender a una de las víctimas de una mina antipersona. Tras años de relaciones interrumpidas, los comerciantes están negociando un segundo envío de aluminio, metal que se obtiene de la bauxita procesada.
Pero los rumores sobre inversionistas chinos y cataríes que estarían por llegar no se concretaron en 2026. Un experto venezolano que trabaja en el sector minero e industrial del estado Bolívar comenta: “He escuchado que una empresa americana quiere venir, no sé cuál, pero la gente exige seguridad para invertir, seguridad para sus profesionales. ¿La tendrán?”, se pregunta.
Cerca de la mina de bauxita se extrae ilegalmente lo que en la zona se conoce como arenas negras. Esta grava oscura, extraída de los lechos de los ríos y de minas a cielo abierto, contiene coltán, estaño y minerales con tierras raras, tal como informó Amazon Underworld en 2025. Las comunidades locales que extraían estos minerales para su propio uso encontraron un mercado en rápido crecimiento, y los grupos guerrilleros colombianos no tardaron en seguirles los pasos, imponiendo impuestos a los mineros. “Donde había abundancia de este tipo de material, llegaban ellos, armaban campamento y empezaban a cobrar una vacuna,” dice una de las fuentes locales.
Sin embargo, el experto, cuyo nombre se mantiene en reserva a petición, sostiene que los depósitos eluviales en la superficie terrestre se están agotando lentamente debido a la minería ilegal y que, debido a la falta de prospección geológica, no hay una respuesta clara sobre el verdadero tamaño de los yacimientos y concentraciones de minerales críticos y de tierras raras. “Ahorita lo que está es el boom de la casiterita [la forma mineral del óxido de estaño], pero eso no hace millonario a nadie, es un negocio de sobrevivencia y se va a acabar porque no hay prospección”, afirma, argumentando que los grupos irregulares preferirían minerales o piedras preciosas de alto valor a los que sea fácil acceder. “Calculo que han encontrado un mineral crítico, pero no es uranio, no es torio, olvídate de las tierras raras, yo calculo que puede ser oro o diamante”.
En el estado vecino de Amazonas, así como en el municipio Sucre, al este de Cedeño en el estado Bolívar, la Segunda Marquetalia controla las minas de oro y cobra impuestos sobre la producción, mientras que los oficiales de la Guardia Nacional y del Ejército de Venezuela se quedan con otro 10% de la producción: un gravamen doble e informal del que da fe un minero entrevistado en un lugar que no se revela. “Para nadie es un secreto”, dice, “el mismo gobierno apoya a la guerrilla.”
Una de las rutas de transporte de mineral concentrado se dirige a Colombia, a través de un corredor que la guerrilla controla. A principios de este año, en la población colombiana de Puerto Carreño, se incautaron más de 380 lingotes de estaño en una operación contra una fundición ilegal. En dos ocasiones, las autoridades del departamento de Vichada, que limita con Venezuela, han interceptado grandes cantidades de sacos de mineral en bruto.
Sin embargo, gran parte del material se queda en Venezuela. Se compra en los centros de recolección de las empresas mixtas con licencia estatal antes de trasladarse a Puerto Ordaz, el principal puerto venezolano del Orinoco con salida al mar. “Eso viene de las minas de control guerrillero, porque ellos no están dentro de las minas (…) Las empresas mixtas no tienen ninguna maquinita, ni una maquinita para sacar ese coltán. En el centro de acopio, baja el minero, te lo compro y eso es”.
Después de que las fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, el 3 de enero de este año, la presidenta interina y exvicepresidenta, Delcy Rodríguez, promulgó una nueva ley de minería que abre el sector minero –antes bajo un estricto control estatal– a los inversionistas extranjeros. Las autoridades estadounidenses han destacado en múltiples ocasiones la riqueza de Venezuela en oro y minerales críticos. El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas. visitó recientemente El Callao, una zona de extracción de oro en el oriente del estado Bolívar, el más extenso de Venezuela, con casi 250.000 kilómetros cuadrados de superficie.
El reciente ataque conjunto con drones de Estados Unidos y Venezuela contra un supuesto campamento del ELN en Apure, justo al norte de Cedeño, al otro lado del Orinoco, dejó más de una docena de muertos. El secretario de Estado, Marco Rubio, había pedido anteriormente desde Washington que se tomaran medidas contra las organizaciones guerrilleras colombianas en territorio venezolano. Caracas se ha sumado a Washington en el bombardeo del ELN en Apure, incluso mientras sus propios oficiales se llevan una parte de las ganancias de las minas que la guerrilla controla. El antiguo acuerdo entre el Estado venezolano y las guerrillas colombianas, basado en ganancias ilícitas compartidas, parece desmoronarse.
Los mineros indígenas temen una mayor intervención de Estados Unidos, lo que pondría en riesgo sus medios de vida sin que cuenten con alternativas a la vista. “Mira, la guerrilla está en Venezuela y si vienen los gringos, peor aún”, dice un minero jivi. “Porque nos quedamos fuera. Ya no serán los indígenas, sino ellos, los estadounidenses”.
En la segunda semana de noviembre, fuentes de las fuerzas de seguridad informaron que se produjeron nuevos atentados con bombas a lo largo del Orinoco, esta vez en el estado de Amazonas, en Venezuela, con un número de víctimas aún desconocido.
Mientras la narrativa de Washington contra el narco-terrorismo en el hemisferio resuena en el sur de Venezuela, los habitantes locales se enfrentan a organizaciones guerrilleras extranjeras que controlan y se disputan las tierras ancestrales con extrema violencia. Las comunidades no han encontrado un aliado en su propio Estado; en la práctica, son sus propias fuerzas de seguridad locales quienes los extorsionan. Mientras, Caracas contribuye a bombardear la región.
“¿Cómo es posible que una guerra que no nos pertenece la vamos a estar viviendo?” pregunta el hombre de Cedeño.
En 2009, Hugo Chávez denunció la extracción irregular de minerales críticos en la región fronteriza. “Se descubrió en la zona un mineral estratégico llamado coltán. Hemos tomado el control militar de la zona porque se estaba introduciendo de contrabando en Colombia y se explotaba ilegalmente”, afirmó.
Sin embargo, el control militar no fue un obstáculo para la delincuencia. Unos años más tarde, alrededor de 2012, grupos guerrilleros colombianos hasta entonces desconocidos para las comunidades locales comenzaron a aparecer en la zona más occidental del estado de Bolívar, sin apenas interferencia por parte de las fuerzas estatales venezolanas. “Llegaron al pueblo armados, tal vez con la anuencia de las fuerzas de seguridad nacional”, dijo un residente de larga data de Cedeño.
Los guerrilleros reclutaron a los lugareños para que les suministraran comida y combustible. Se presentaban como protectores y castigaban a los ladrones de ganado y a los delincuentes. “Y el mensaje era: ‘Son gente mala y están limpiando el pueblo; ya no habrá más robos en el pueblo”. Cada grupo construyó su propia red y, poco a poco, los líderes comunitarios fueron incorporados a sus filas. Un líder jivi se convirtió en la figura local del ELN. “Manejaba dinero. De repente se pusieron en camionetas, en motos, tenían una situación económica cambiante de la noche a la mañana, porque eran parte de los oficiales del ELN. Llegaron a cargar hasta armamento, una pistola, y se identificaban con este grupo,” cuenta el residente.
Durante años, los dos grupos compartieron la región sin tensiones, pero después de que el ELN tendiera una emboscada e intentara asesinar a miembros de la Segunda Marquetalia, en agosto de 2025 en Maroa, estado Amazonas, y asesinara a alias Zarco Aldinever en Apure, el segundo al mando de la Segunda Marquetalia, el conflicto se intensificó rápidamente. Se han reportado enfrentamientos en el sur del estado de Amazonas, cerca de la frontera con Brasil, una zona crucial para la explotación aurífera y el tráfico de drogas, así como en el departamento colombiano de Guainía y en el propio Cedeño.
Hacia finales de febrero de 2026, “llegó el Ejército venezolano, hicieron pantallerismo, como llamamos en Venezuela, hacerse notar sin resultados concretos y ya por septiembre volvieron otra vez los enfrentamientos duros, fuertes y han continuado todavía. Escalan, disminuyen, vuelven a escalar. Yo diría que ahora la frontera está caliente”, dice una fuente que pidió permanecer en el anonimato y que trabaja en el sector minero e industrial del estado de Bolívar.
El ELN ha tomado la delantera y quiere desplazar a las disidencias de las FARC, según fuentes locales. Primero se instaló en la zona del río Parguaza, luego en Villacoa y ahora en Suapure. En las zonas que controlaba la Segunda Marquetalia, los lugareños no tenían más remedio que vivir bajo su dominio, y algunos líderes se aliaron con ella. Ahora, el ELN persigue a quienes hayan colaborado con ese grupo. Esta misma semana dos hombres piaroa fueron asesinados.
“Llegué a contabilizar a más de veinte personas a las que mataron a plena luz del día, en las calles, frente a todo el mundo”, dijo el hombre de Cedeño. “En los últimos meses hubo un aumento generalizado de los secuestros en el pueblo”, agregó.
Muchos de los secuestrados se encuentran retenidos en campamentos de la guerrilla, ahora expuestos al riesgo de bombardeos aéreos. Algunos nunca han regresado. “Pasó un caso donde se llevaron a dos jóvenes, uno de ellos era un amigo mío. Duraron dos meses y los soltaron. Los tenían amarrados, les querían sacar información, que hablaran, los tenían bajo tortura. Y ellos no estaban involucrados, sino que simplemente por tener un mensaje con una persona los estaban catalogando, porque revisan teléfonos”, aseguró.
Los puestos de control militares han desaparecido, y la guerrilla se retira ante cualquier despliegue ocasional del ejército. Los lugareños sospechan que existe coordinación entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados colombianos.
“Han quitado los puestos fijos. Por ejemplo, para llegar a Caicara había dos puestos fijos de control militar y los eliminaron. Dejaron solo uno en Los Pijiguaos, pero cuando pasas por ahí puedes ver a dos o tres militares, y te dices: ‘Bueno, esta situación es extraña”, dijo el residente de Cedeño.
Esta historia fue publicada originalmente el jueves 12 de noviembre de 2026 por ‘Amazon Underworld’, aliado de Armando.info
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