Tobías Carrero Nácar: Historia de un Boliburgués entre Poder y Controversia en Venezuela

El periodista Nelson Bocaranda dejó constancia de esa relación en una publicación de diciembre de 2009, en la que hizo referencia a la confianza que Chávez seguía depositando en Carrero durante el período electoral regional anterior. La observación resulta significativa porque demuestra que, al menos según la versión del periodista, la relación personal entre ambos se mantenía años después de la campaña presidencial de 1998, incluso cuando ya habían surgido conflictos entre el empresario y organismos del Estado.

Los orígenes económicos de Carrero Nácar estuvieron alejados de las grandes fortunas tradicionales de Caracas. Una reseña biográfica publicada en 2019 lo identifica como hijo de un bodeguero de Barinas y señala que comenzó su carrera profesional trabajando en el Grupo de Empresas Mendoza. Posteriormente desarrolló su trayectoria en el sector asegurador, hasta convertirse en presidente y propietario de Multinacional de Seguros, una de las compañías más importantes del mercado venezolano.

El ascenso empresarial coincidió con su acercamiento al poder político. Una de las primeras controversias sobre sus negocios con el Estado surgió apenas dos días después de la toma de posesión de Hugo Chávez, el 2 de febrero de 1999.

Según una denuncia recogida en los antecedentes disponibles, el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (Fogade) adjudicó el 4 de febrero de ese año a Multinacional de Seguros una póliza para asegurar los activos de la institución por un monto superior a 4.000 millones de bolívares.

La publicación cuestionó que el contrato hubiera sido adjudicado directamente, sin suficiente información al directorio de Fogade, y señaló que Multinacional de Seguros mantenía obligaciones pendientes relacionadas con el Banco Latino. Aquellas acusaciones apuntaban a un posible trato privilegiado hacia una empresa vinculada a uno de los financistas del nuevo presidente, aunque el material consultado no incluye una sentencia que establezca responsabilidades penales por esa adjudicación.

El vínculo con Luis Miquilena también aparece en las investigaciones periodísticas sobre el crecimiento de Multinacional de Seguros. Una publicación colombiana de septiembre de 2025 sostuvo que Carrero consiguió contratos de seguros de distintas dependencias gubernamentales gracias a su relación con el antiguo mentor de Chávez. Sin embargo, la ruptura política entre Miquilena y el presidente, a finales de 2001, habría debilitado progresivamente esa posición privilegiada.

A pesar de esas tensiones, Carrero mantuvo una considerable presencia económica durante el chavismo. Multinacional de Seguros continuó operando en el mercado venezolano y el empresario diversificó sus inversiones hacia medios de comunicación, propiedads agropecuarias y organizaciones deportivas.

Uno de los conflictos empresariales más importantes de su trayectoria estuvo relacionado con la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y su filial CVG Venalum, productora estatal de aluminio.

En junio de 2011, el periodista Carlos Herrera, director de Primicias24, anunció una denuncia contra Carrero Nácar y Multinacional de Seguros por un presunto fraude relacionado con la indemnización de un siniestro industrial ocurrido el 16 de noviembre de 1998 en el Complejo de Celdas de la Línea II de Venalum.

La controversia se originó en una póliza de riesgos industriales contratada en 1995 con Multinacional de Seguros, identificada con el número 20-01-082103, que contaba con la participación de la reaseguradora internacional Lexington.

Según la denuncia, el siniestro produjo daños superiores a 50 millones de dólares, mientras que la firma ajustadora Crawford calculó las pérdidas indemnizables en 37.516.296 dólares. Los denunciantes sostuvieron que Multinacional de Seguros se negó a pagar amparándose en una cláusula que condicionaba la indemnización al desembolso previo de la reaseguradora.

La controversia jurídica giró alrededor de esa disposición contractual, que los denunciantes consideraban contraria a la legislación aseguradora venezolana. También cuestionaron la actuación de distintos funcionarios judiciales y administrativos que intervinieron en el expediente.

Entre las personas señaladas en aquellas denuncias figuraban la jueza Zurima Fermín y la entonces superintendente nacional de Seguros, Ana Teresa Ferri. Los denunciantes cuestionaron sus decisiones y actuaciones, aunque el material recopilado no acredita que ambas hubieran sido condenadas por corrupción ni que se demostraran los sobornos denunciados.

El conflicto llegó a diferentes instancias judiciales, incluida la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, ante la cual se tramitó el expediente 2009-209. Según la información publicada, se solicitó el avocamiento del caso y se dictaron medidas relacionadas con el embargo de bienes. La documentación aportada no permite establecer cuál fue el resultado definitivo de todas las reclamaciones.

Paralelamente, Carrero mantuvo inversiones agropecuarias en su estado natal. Junto con su esposa, María Auxiliadora Valentiner de Carrero, figuraba como propietario del Hato Caroní, una explotación ganadera situada en el sector El Toreño, municipio Barinas.

En febrero de 2009, el Instituto Nacional de Tierras (INTI) inició un procedimiento de rescate sobre esa propiedad. El empresario rechazó públicamente la intervención y sostuvo que el hato cumplía con los requisitos legales de producción agropecuaria.

Carrero aseguró que la explotación mantenía una ocupación de 1,44 reses por hectárea, superior al promedio establecido por las autoridades, y que proporcionaba sustento directo a más de 200 trabajadores. También negó que se tratara de un latifundio improductivo y cuestionó las declaraciones del entonces presidente del INTI, Juan Carlos Loyo.

El conflicto llegó al Tribunal Supremo de Justicia. El 31 de mayo de 2011, la Sala Especial Agraria declaró extinguida la instancia correspondiente a una apelación presentada por Carrero y María Auxiliadora Valentiner, después de que transcurriera más de un año sin actividad procesal de los recurrentes. La decisión dejó firme la negativa de una medida cautelar solicitada por ambos contra las actuaciones del INTI.

El enfrentamiento por el Hato Caroní demuestra que las tensiones entre Carrero y el gobierno de Chávez comenzaron antes de la llegada de Nicolás Maduro al poder. No obstante, la ruptura política más profunda se produjo durante la administración de este último.

El empresario también desarrolló importantes intereses en el sector de los medios de comunicación. Fue señalado como accionista mayoritario del semanario Quinto Día y aparece relacionado con el Circuito Radio Venezuela, una red de emisoras cuya propiedad le atribuyeron distintas publicaciones.

Entre sus asociaciones empresariales más relevantes figura la mantenida con el periodista Alberto Federico Ravell Arreaza, antiguo directivo de Globovisión y fundador del portal La Patilla.

Carrero y Ravell participaron en negocios de comunicación tanto en Venezuela como en Colombia. En Maracaibo estuvieron vinculados al diario Versión Final, en una sociedad en la que también figuraba el dirigente político y exgobernador del Zulia Manuel Rosales Guerrero.

La relación se extendió al canal colombiano Cable Noticias. Una investigación publicada en diciembre de 2019 sostuvo que Ravell, asociado con Carrero Nácar, adquirió la televisora en Bogotá por aproximadamente 17 millones de dólares. El medio había pertenecido al empresario colombiano Juan Gonzalo Ángel Restrepo, antiguo directivo de la Fundación Medellín Sin Tugurios, organización que estuvo presidida por Pablo Escobar Gaviria.

La presencia de Carrero en Cable Noticias lo conectó con el negocio informativo colombiano, mientras sus relaciones con periodistas venezolanos reforzaban su influencia en el ámbito de la comunicación política.

Entre esas relaciones se encuentra la mantenida con Nelson Bocaranda, fundador de Runrunes, a quien se ha señalado como beneficiario de apoyo financiero del empresario. También se mencionan sus vínculos personales con los periodistas Roland Carreño y Kico Bautista. Aunque estas relaciones forman parte de los antecedentes reunidos, no se dispone de documentos financieros que permitan determinar el alcance de las contribuciones atribuidas a Carrero en Runrunes.

Su proximidad con Alberto Federico Ravell llegó a convertirse en un asunto de confrontación pública con Diosdado Cabello, uno de los principales dirigentes del chavismo.

En septiembre de 2019, Cabello acusó al empresario de promover iniciativas para impedir la celebración de la temporada de béisbol profesional en Venezuela y de ejercer influencia sobre Ravell. Durante su programa Con el Mazo Dando, lo señaló como responsable de presiones para trasladar el campeonato a Miami y cuestionó abiertamente la independencia del periodista frente al empresario.

Las declaraciones reflejaban hasta que punto Carrero había pasado de ser un aliado financiero de Chávez a convertirse en blanco de ataques de la dirigencia oficialista.

La relación con Ravell también aparece en publicaciones sobre la administración de los recursos internacionales destinados al gobierno interino encabezado por Juan Guaidó. Un artículo de diciembre de 2019 afirmó que ambos participaban en la gestión de fondos aportados por Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), destinados al respaldo de periodistas y medios afines a Guaidó.

Se trata de una acusación periodística que requiere corroboración documental. El material disponible no contiene registros de USAID que acrediten que Carrero administrara directamente esos fondos ni permite establecer el destino de los recursos mencionados.

La relación del empresario con los medios de comunicación también quedó registrada en documentación diplomática estadounidense. Un cable de la Embajada de Estados Unidos en Caracas recoge una conversación celebrada el 3 de febrero con Carrero, identificado como propietario y director ejecutivo de Multinacional de Seguros.

Durante el encuentro, Carrero relató a un funcionario diplomático las presiones que, según le había comunicado Nelson Mezerhane, ejercía el gobierno venezolano sobre Globovisión y el Banco Federal.

El empresario afirmó que las autoridades buscaban modificar la línea editorial del canal, retirar programas como Aló Ciudadano y Buenas Noches y conseguir la salida de Alberto Federico Ravell y del presentador Leopoldo Castillo.

En esa conversación también mencionó al exministro de Finanzas Alí Rodríguez como interlocutor del gobierno en las negociaciones relacionadas con Globovisión. La información resulta relevante porque sitúa a Carrero como conocedor de las tensiones entre el poder político, los propietarios de medios y el sector financiero venezolano. El cable recoge su versión de los acontecimientos, no una constatación independiente de todas las presiones denunciadas.

Otra de sus principales áreas de inversión fue el deporte profesional. En 2007 adquirió la franquicia de Bravos de Margarita, equipo perteneciente a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), y convirtió a la organización en uno de los activos deportivos más visibles de su grupo familiar.

La presencia de Carrero en el béisbol también tuvo consecuencias políticas. En 2020, una publicación sobre la influencia del chavismo en las ligas deportivas venezolanas informó que el empresario había sido objeto de un embargo dictado por el Tribunal Supremo de Justicia y que una junta interventora había asumido la administración de Bravos de Margarita.

El episodio representó otro enfrentamiento entre Carrero y el gobierno de Maduro, esta vez alrededor de una organización deportiva con importantes vínculos económicos y comerciales.

La expansión de la familia hacia el béisbol estadounidense se produjo en 2017, cuando participó en el grupo de inversionistas que adquirió los Miami Marlins, franquicia de las Grandes Ligas.

La operación, valorada globalmente en 1.200 millones de dólares, estuvo encabezada por un consorcio en el que figuraban Bruce Sherman y el exbeisbolista Derek Jeter. La familia Carrero se incorporó como accionista minoritaria, aunque no se hizo público el porcentaje exacto adquirido ni el importe de su inversión particular.

Tobías Enrique Carrero Valentiner, hijo del empresario y vicepresidente de Multinacional de Seguros, confirmó la participación familiar en una entrevista concedida a Unión Radio Deportes en octubre de 2017. Explicó que los compradores buscaban socios con conocimiento del mercado latinoamericano y del negocio del béisbol.

La familia estuvo representada en la presentación oficial del nuevo grupo propietario de los Marlins en Miami. Además de Tobías Enrique, las publicaciones identifican a sus hermanos Luis y Rafael Carrero Valentiner como integrantes de la familia vinculados a la inversión deportiva.

La expansión internacional de los Carrero no se limitó al béisbol. Rafael Carrero Valentiner, formado en la Universidad de Miami, ha desarrollado actividades empresariales en el sector financiero y asegurador. Según una publicación colombiana de septiembre de 2025, ocupa la presidencia de Impulse Finance, una compañía con oficinas en Puerto Rico especializada en financiamiento, particularmente de primas de seguros.

Rafael también ha sido relacionado con controversias políticas en Medellín durante la administración del exalcalde Daniel Quintero.

Distintas publicaciones colombianas, entre ellas informaciones atribuidas a IFM Noticias e Infobae, mencionaron la influencia que habría ejercido Carrero Valentiner en sectores de la administración municipal, especialmente en la Secretaría de Educación.

Las acusaciones apuntaban a su relación con Albert Corredor, dirigente político al que conocía desde sus años de formación en Miami. Según esas publicaciones, Corredor mantenía influencia sobre decisiones de la Secretaría de Educación y estaba políticamente vinculado con Alexandra Agudelo, exsecretaria investigada en el escándalo del programa Buen Comienzo.

Un antecedente empresarial conecta a Agudelo con la familia Carrero: en 2013 trabajó como directora de Desarrollo Social de Censa, institución educativa vinculada a los Carrero Valentiner.

Las publicaciones también mencionan las solicitudes del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, para que autoridades estadounidenses examinaran posibles movimientos patrimoniales relacionados con Daniel Quintero. Sin embargo, las acusaciones dirigidas contra Rafael Carrero no demuestran responsabilidad alguna de su padre, Tobías Carrero Nácar, ni permiten concluir que ambos participaran en las supuestas irregularidades administrativas.

En Venezuela, uno de los episodios regulatorios más significativos para el empresario se produjo en noviembre de 2015. La Superintendencia de la Actividad Aseguradora ordenó el cierre temporal de las oficinas de Multinacional de Seguros durante 72 horas, mediante la providencia FSAA-9-002346, publicada en la Gaceta Oficial número 40.783.

La medida fue adoptada después de que el organismo determinara que la compañía había acumulado más de cinco sanciones por incumplimientos de la normativa aseguradora en un período inferior a dos años.

Además de la sanción a la empresa, las autoridades impusieron multas de 4.500 unidades tributarias, equivalentes entonces a 675.000 bolívares, a Tobías Carrero Nácar, al vicepresidente de Finanzas Bartolomé Ruggiero Imbriaco y al vicepresidente Carlos Moníz Rocha. También establecieron una prohibición temporal de participar en actividades aseguradoras y reaseguradoras durante un año.

A diferencia de otras acusaciones políticas recogidas en su trayectoria, esta medida corresponde a una actuación administrativa identificada mediante una providencia oficial.

La sanción fue interpretada por publicaciones críticas con el gobierno como una represalia política contra Carrero, a quien el oficialismo ya consideraba cercano a sectores opositores. Esa interpretación, sin embargo, no modifica la existencia de los incumplimientos regulatorios señalados por la Superintendencia ni demuestra por sí sola que la decisión obedeciera a una persecución.

Las tensiones con el gobierno se agravaron durante los años siguientes. En mayo de 2019, una publicación señaló a Carrero y al empresario Nelson Mezerhane como presuntos financistas del levantamiento militar del 30 de abril de ese año, cuando un grupo de militares se movilizó junto a Juan Guaidó y Leopoldo López en las inmediaciones de la base aérea de La Carlota, en Caracas.

La versión atribuía a ambos empresarios contactos con el senador estadounidense Marco Rubio y una participación financiera en los acontecimientos. No obstante, los antecedentes aportados no contienen documentos bancarios, pruebas judiciales ni una resolución que acredite esas acusaciones.

También se difundieron señalamientos sobre un supuesto complot contra Nicolás Maduro que habría motivado la intervención de propiedades del empresario.

En abril de 2023, Nelson Bocaranda publicó una serie de acusaciones sobre el exdiputado Hugbel Roa y su relación con Tareck El Aissami, antiguo ministro de Petróleo y expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Según Bocaranda, después de que El Aissami asumiera funciones en PDVSA, se habría utilizado una mansión previamente expropiada por orden de Maduro a Tobías Carrero, a quien las autoridades acusaban de participar en un plan para derrocar al presidente.

El periodista sostuvo que Hugbel Roa llegó a ocupar esa propiedad y que posteriormente habrían desaparecido obras de arte, muebles, equipos y vehículos. Estas afirmaciones forman parte de la denuncia de Bocaranda y no deben confundirse con hechos establecidos judicialmente.

El relato conectaba la utilización de bienes del empresario con las controversias que posteriormente rodearon a Roa y El Aissami en el sector petrolero venezolano, particularmente en el contexto de las investigaciones sobre corrupción en PDVSA.

Carrero también ha mantenido vínculos con otros sectores empresariales y deportivos fuera de Venezuela. Una publicación de septiembre de 2023 lo identificó como representante y licenciatario de una escuela oficial del Atlético de Madrid en Panamá, aunque esa información requiere confirmación directa sobre la titularidad y vigencia de los derechos comerciales.

En el ámbito personal, distintas publicaciones han mencionado una antigua relación sentimental con Gloria Pinho, abogada y exdirectora de Prisiones durante el segundo gobierno de Rafael Caldera, posteriormente vinculada a la actividad judicial y política venezolana.

En febrero de 2010, una reseña periodística recordó la relación entre ambos y señaló que Pinho había mantenido vínculos políticos con Luis Miquilena y con el magistrado Eladio Aponte Aponte. La información también hacía referencia a su intervención en un procedimiento relacionado con el periodista Leocenis García.

La vida familiar de Carrero está igualmente vinculada a la familia Valentiner, relacionada con importantes actividades empresariales venezolanas. Su esposa, María Auxiliadora Valentiner de Carrero, aparece junto a él en el expediente judicial del Hato Caroní. Una publicación autobiográfica de agosto de 2025 identifica a Guillermo Valentiner, fundador de Laboratorios Vargas, como padre de una mujer que contrajo matrimonio con el empresario.

La familia también atravesó episodios de inseguridad. Una información publicada en España en agosto de 2009 señaló que la madre de Carrero había sido secuestrada en Barinas en 2005, en medio de un período marcado por amenazas y conflictos que afectaban a su entorno.

Ese mismo artículo, publicado con motivo de una visita del empresario a Vigo, informó que había aterrizado en el aeropuerto de Peinador a bordo de un avión privado Canadair CL-600 procedente de Ginebra, Suiza. El viaje, realizado junto a su esposa, volvió a poner de relieve su capacidad económica y sus desplazamientos internacionales.

La presencia de Carrero en España se produjo cuando ya mantenía una disputa pública con el gobierno venezolano por la intervención del Hato Caroní. La prensa española recordó entonces su antigua colaboración financiera con las campañas electorales de Chávez.

La relación entre el empresario y el chavismo terminó transformándose en una confrontación política abierta. Durante el gobierno de Maduro, Diosdado Cabello lo acusó reiteradamente de actuar contra los intereses del béisbol venezolano y de mantener influencia sobre medios opositores.

Entre las publicaciones más recientes del material recopilado figura una acusación de Cabello sobre la supuesta intervención de Carrero en las decisiones de las ligas de República Dominicana, Puerto Rico y México respecto a la Serie del Caribe de 2026. El dirigente oficialista atribuyó al empresario maniobras para perjudicar la celebración del torneo en Venezuela, sin que en el texto se aportaran pruebas independientes de esa participación.

La trayectoria de Tobías Carrero Nácar reúne así diferentes etapas de la historia política y empresarial venezolana. Fue uno de los empresarios que respaldaron económicamente el ascenso de Hugo Chávez, desarrolló importantes negocios aseguradores durante los primeros años de su gobierno, mantuvo relaciones con figuras decisivas del poder y posteriormente se vinculó con medios de comunicación y dirigentes enfrentados al chavismo.

Su nombre aparece en controversias sobre contratos públicos, reclamaciones de empresas estatales, sanciones regulatorias, conflictos agrarios, inversiones deportivas y acusaciones de conspiración política. Algunas de esas actuaciones cuentan con expedientes y decisiones administrativas identificables; otras proceden de denuncias periodísticas o declaraciones de dirigentes políticos cuya veracidad no ha quedado acreditada en la documentación examinada.