A principios de esta semana, comenzaron a rodar videos de Cayo Los Juanes, en el Parque Nacional Morrocoy, donde se ve claramente una carga masiva de yates, una cantidad desmesurada de personas y una contaminación abrumadora. Morrocoy está definido como uno de los santuarios marinos más importantes de Venezuela y, gracias al descontrol de los turistas y la nula protección por parte del Estado, hoy hay corales blanqueados, manglares dañados y playas convertidas en escenarios de negocio y descontrol.
Karen Brewer-Carías, divulgadora naturalista, explica en redes sociales que, cuando un espacio natural recibe un turismo masivo, su equilibrio se altera. Resalta que esto se transforma en contaminación sónica, desechos, daño a arrecifes y corales; es decir, afecta de manera negativa al ecosistema y a las poblaciones cercanas a la costa.
La saturación del Parque Morrocoy no es nueva: durante años, activistas, ONG y pobladores han denunciado estas prácticas.
La ONG Clima 21 advierte en un comunicado que las áreas naturales protegidas se han vuelto “territorios de nadie”. Sin vigilancia ni gestión ambiental, cualquiera puede ocupar, saquear o violar las normas, mientras las autoridades encargadas, como el Ministerio del Turismo, el Ministerio de Ambiente y el Instituto Nacional de Parques, no hacen nada para prevenir este ecocidio.
Pero la crisis va mucho más allá de Morrocoy. Según el Observatorio de Ecología Política de Venezuela, solo entre enero y diciembre de 2024 se registraron 65 derrames petroleros, un promedio de cinco al mes, que han afectado ecosistemas, comunidades costeras y actividades productivas. Clima 21 contabilizó 35 derrames en cinco estados en 2024, y en los primeros meses de 2025 ya sumaban trece accidentes más, entre fugas de gas, explosiones y escapes de crudo, evidenciando una industria obsoleta, sin mantenimiento ni control.
Lo que pasa con el petróleo no es un accidente aislado, sino el síntoma de una debilidad institucional profunda y de una política de opacidad, donde el Estado no publica datos oficiales y son las ONG las que deben documentar la devastación. Esa misma lógica se repite, amplificada, en el sur del país.
En el Arco Minero del Orinoco, la explotación ilegal de oro, coltán, casiterita y tierras raras ha abierto un ciclo de destrucción sin precedentes. Lo que comenzó como una política para diversificar la economía terminó consolidando una estructura criminal transnacional, impulsada por grupos guerrilleros colombianos y tolerada por el propio Estado venezolana.
Informes de organizaciones como International Crisis Group y SOS Orinoco alertan que fuerzas armadas, en vez de controlar el territorio y cumplir con su deber, se reparten el control de las minas, cobran “impuestos” a los mineros y permiten que la explotación avance más dentro de la selva.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) denunciaron en 2024 la grave situación del pueblo yanomami, cuyos integrantes fueron forzados a desplazarse, con expansión de enfermedades infecciosas y contaminación por mercurio en los ríos que son su principal fuente de alimento. El mercurio se usa para separar el oro, pero termina en el agua, en los peces y en los cuerpos de las personas, provocando daños neurológicos, desnutrición y una crisis sanitaria silenciosa.
La Corporación Venezolana de Minería (CVM) es utilizada por el régimen para dar fachada de legalidad a la explotación ilícita. En realidad, se trata de una red institucional que permite exportar minerales desde el Arco Minero hasta La Guaira, con destino final en mercados internacionales.
El silencio oficial contrasta con el grito de las organizaciones que documentan la tragedia. Desde el Caribe hasta el Amazonas, Venezuela vive la misma historia: pérdida de soberanía ambiental, áreas protegidas convertidas en zonas de sacrificio y derechos humanos vulnerados.
La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.
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