Hace un poco más de dos años, el 19 de marzo de 2024, en una oficina de la Torre Corporativa SMA (siglas de San Miguel Arcángel), en Las Mercedes, sureste de Caracas, se firmaba una carta de cesión de acciones de la empresa financiera Banco de la Gente Emprendedora, C.A. (Bangente), entidad microfinanciera fundada en 1998 con el propósitio de aupar iniciativas de pequeños empresarios en Venezuela.
El acto se llevaba a cabo en una oficina perteneciente al abogado José Simón Elarba, vecina a la sede, en esa misma torre pero unos pisos más arriba, de Fospuca, la empresa recolectora de desechos sólidos y propiedad también de Elarba. Era el epílogo de una campaña de toma hostil que la parte compradora, según luego denunciará la contraparte, llevó a cabo mediante acciones judiciales que acorralaron y finalmente doblegaron a los propietarios de Bangente, que dijeron haberse sentido bajo presión.
Inadvertidamente, la cita marcaba la colocación de la piedra fundacional de un nuevo grupo financiero que en dos meses pasaría a cobijar a dos bancos.
Un par de abogados, Raúl Reyes Revilla y Jesús Escudero Estévez, habían conducido ante los tribunales algunas acciones que encauzaron la venta de Bangente, y figuraron en medios de prensa como artífices de la operación. Pero, a través de documentos a los que tuvo acceso y de conversaciones que sostuvo con fuentes conocedoras del asunto, Armando.info pudo confirmar que ambos actuaron como la avanzadilla de otras personas que luego, por ese acto, se incorporaron al negocio: por una parte, el propio José Simón Elarba, propietario de Fospuca, y familiares; por la otra, Karla Hurtado, cuñada y potencial trasunto en ese negocio de Carlos Erick Malpica Flores, ex Tesorero de la Nación, ex Vicepresidente de Finanzas de la petrolera estatal Pdvsa y sobrino de la ex Primera Dama o Primera Combatiente, Cilia Flores de Maduro, hoy prisionera en Nueva York, donde enfrenta un juicio bajo cargos de narcotráfico y posesión de armas de guerra.
Apenas unas semanas después de la firma, en mayo de 2024 se supo que el mismo Elarba había adquirido otra entidad, Bancamiga, casi de inmediato tras la caída en desgracia -y en prisión- tanto de los hermanos De Grazia, accionistas mayoritarios, como de Samark López, un inversionista clave en la institución financiera, a raíz del escándalo de corrupción conocido como Pdvsa-Cripto.
La segunda operación tuvo mayor difusión que la que le antecedió. Ciertamente, el negocio de Bancamiga era mucho más grande que el de Bangente. Pero ambos, con sus magnitudes distintas, se combinaron para transformar al abogado José Simón Elarba en banquero.
Algunas versiones de prensa, que calificaron la compra-venta del banco como polémica, otorgaban el protagonismo en la operación al dúo de letrados, quienes en efecto actuaron a nombre del Grupo Alazán, C.A., fundado en 2016 y propiedad de Reyes Revilla. La empresa está dedicada a la cría de caballos cuarto de milla, y él mismo la promociona con su marca comercial, Agrotec.
Aunque abogados de formación y oficio, tanto Reyes Revilla como Escudero Estévez se habían conducido ya en lides financieras, y lo hicieron en el Banco Occidental de Descuento (BOD). Uno, Reyes Revilla, como Vicepresidente de Asuntos Judiciales de ese banco universal. El otro, Escudero Estévez, como abogado de confianza de Víctor Vargas, mejor conocido en Venezuela como el banquero de Hugo Chávez, antiguo dueño de la entidad, hoy en día venido a menos tras el colapso, intervención y, en ciertos casos, liquidación de sus bancos en Venezuela y otras plazas offshore del Caribe. Reyes y Escudero coincidieron además en un muy reconocido bufete de Caracas, para el que el segundo todavía presta servicios.
En sucesivas conversaciones con Armando.info, dos de ellas por teléfono y otras por escrito, una fuente próxima a la operación de compra-venta sostiene que la toma del banco -a la que llama una “expropiación disfrazada de negociación”- fue un proceso metódico de demolición que pasó por varias etapas.
La fuente insiste en llamar “hostigamiento judicial” a la secuencia de procedimientos administrativos y acciones legales que habría tenido inicio en agosto de 2019, cuando la Superintendencia de Bancos (Sudebán) sancionó a 1000Pagos (una empresa de medios de pago y puntos de venta que, junto con la billetera digital DigoPago y el procesador bancario Tranred, C.A., conforman el Grupo Tranred, gestionador de pagos de Bangente) por considerarla “fuera de la ley”. La consultoría jurídica de la empresa logró el levantamiento de la sanción en diciembre de ese mismo año.
“Pedían toda la información que tenían que pedir, lo que era y lo que no”, dice sobre la actuación de Sudebán en ese trance.
Grupo Alazán ha ejecutado demandas contra Rojas Chirinos dentro y fuera de Venezuela.
Según recuerda la misma fuente, años después, en abril de 2023, Reyes Revilla y Escudero Estévez manifestaron la intención de comprar Bangente, así como de hacerse con todas las empresas del Grupo Tranred: “Antes de eso, siempre llegaban los mensajes para comprar las compañías”. Hasta que, en una reunión en la que, siempre según el testimoniante, los entonces propietarios de Bangente recibieron presiones para vender, Reyes Revilla y Escudero Estévez se descubrieron, frontales: “Dijeron que trabajaban con [Carlos] Erik Malpica Flores y con José Simón Elarba. No quedó otra que hacer una negociación, gestionar un contrato y comenzar el traspaso”.
El negocio no impidió que, a la larga, a los antiguos dueños de Bangente se les imputaran cinco delitos: boicot tecnológico, apropiación de información por medios electrónicos, acceso indebido a tecnologías de información, sabotaje o daño a sistemas y asociación para delinquir, según consta en un documento del 15 de octubre de 2025 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), firmado por el magistrado ponente, Maikel Moreno, y que se puede consultar en línea. En el documento, que serviría de base para una solicitud de extradición contra Pedro José Rojas Chirinos, uno de los miembros de la familia antes propietaria, a este se le señala como coautor de un ataque informático con fines extorsivos “en perjuicio de la Sociedad Mercantil Tarjetas y Transacciones en Red TRANRED C.A.”, entonces ya en manos de Reyes y Escudero.
Efectivamente, en septiembre de 2025, por cuenta de una Alerta Roja de Interpol, Pedro José Rojas Chirinos había sido detenido en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, España, cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Panamá, donde vive. A las pocas horas fue liberado con medidas cautelares, a la espera de que se resolviera la solicitud cursada desde Caracas para su extradición.
Este Rojas Chirinos, diputado suplente de la Asamblea Nacional por el partido Acción Democrática (AD) durante la legislatura 2021-2026, es hermano de Pedro Andrés Rojas Chirinos, antiguo directivo y dueño de Bangente. Durante la presidencia del panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), se le relacionó con el llamado Caso Petaquilla Gold, S.A., una crisis medioambiental y financiera que tuvo su foco en la explotación de la mina Molejón, cerca de Colón, ciudad en la costa norte caribeña de la nación istmeña.
El exparlamentario, en una única llamada telefónica con Armando.info, calificó ese hecho como una violación a los derechos que le asisten a cuenta de su inmunidad parlamentaria. Además, subraya que la maraña judicial tejida en torno a la venta del banco no le incumbe: “Las empresas las manejaba Pedro Andrés. Yo no estaba metido en nada de eso. Además, me acusaron por un delito que no existe. Me metieron en ese paquete, porque no soy ni socio ni directivo, y luego España declaró que estoy libre”, alega.
Y es que en la conquista de Bangente, los tribunales fueron y siguieron siendo un frente de batalla.
En agosto de 2024, Reyes Revilla y Escudero Estévez solicitaron ante el Tribunal Décimo Civil y Mercantil de Caracas, entonces a cargo del juez Gustavo Hidalgo Bracho, medidas de embargo contra Pedro Andrés Rojas Chirinos —el hermano del exparlamentario—, accionista principal tanto de Bangente como del Grupo Tranred, quien se había negado a entregar la totalidad de sus participaciones.
En noviembre de 2024, el Grupo Alazán, de Reyes Revilla, denunció de nuevo a Pedro Andrés Rojas Chirinos por presunto boicot tecnológico, en la Fiscalía Sexta Nacional del Ministerio Público. La fiscal Inés Carrillo Villarreal fue la encargada de procesar la denuncia. La causa, de carácter penal, quedó a la postre admitida por el Tribunal 20 de Control, a cargo de la jueza Yolimar Duque, quien finalmente libró una orden de captura contra Rojas Chirinos.
Además de los dos hermanos Rojas Chirinos, los tribunales venezolanos emitieron órdenes de captura contra Gustavo Antonio Chirinos Jiménez, Eduardo José Vidal Moreno, Mario José Sánchez Castillo, reseñados en el documento del TSJ firmado por Maikel Moreno como directivos o socios de las empresas, y de Lewis Enrique Aldana Andrade, apuntado como Gerente de Operaciones.
“Es importante destacar que Sudebán no reportó algún hecho de boicot. Por lo tanto, no existe ninguna denuncia oficial ni informe técnico que respalde la falsa tesis de boicot tecnológico [o sabotaje tecnológico, previsto en la vigente Ley Especial contra los Delitos Informáticos]”, defiende la fuente que habló con Armando.info, a condición de que su nombre quedara en reserva. Con todo eso, apunta, Reyes, Escudero y un tercer abogado, Álvaro Prada Alviarez, incorporaron el delito de asociación para delinquir a la acusación.
“Adicionalmente, se buscaron un delito tipificado en la Ley de Precios Justos, que nada tiene que ver con el tema tecnológico y es una ley que regula y controla la actividad de los empresarios privados, con una pena menor y administrativa, y lo mezclaron con el delito de la supuesta asociación para delinquir y otros”, añade la fuente, esta vez por escrito.
Reyes Revilla logró internacionalizar su ofensiva judicial. Como se lee en un documento de diciembre de 2024, el Grupo Alazán demandó a Pedro Andrés Rojas Chirinos por un presunto fraude de 17,2 millones de dólares. La causa, que cursa en el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del condado de Miami-Dade, Florida, aún no se resuelve.
“Es el uso de terrorismo judicial para firmar esa gran cantidad”, resume Pedro José Rojas Chirinos, el exparlamentario y hermano del demandado en Miami.
Lo cierto es que para Pedro Andrés Rojas Chirinos los litigios en tribunales no representaban una experiencia nueva. En 2019, por ejemplo, había acordado la venta de Tranred y de otras empresas, agrupadas en Panamá bajo el nombre de Silverland International Company Corp., por un monto de 10,5 millones de dólares, a Davine Property Inc, una empresa también incorporada en Panamá por el magnate Oswaldo Cisneros Fajardo, fallecido en 2023. Pero la suspensión de los derechos corporativos (una tipificación que ocurre cuando una compañía adeuda las tasas única anuales de registro) impidió a Silverland completar la venta, por lo que Rojas Chirinos fue demandado por fraude. En 2021, la causa quedó sobreseída. En 2026, Silverland continúa activa.
Jesús Loreto Carpio, abogado defensor de Raúl Reyes Revilla, resalta ese historial de Pedro Andrés Rojas Chirinos. “Él y sus familiares han sido objeto de diversos procesos penales derivados de la venta de activos vinculados a una institución bancaria y a la empresa”, dijo en conversación telefónica con el reportero. Se refiere a la retahíla de acusaciones que vertebraron la compra final de Bangente y sus empresas vinculadas.
Uno de los documentos revisados para esta investigación afirma que José Simón Elarba Haddad al menos se proponía ser accionista de Bangente, C.A., Tarjetas y Transacciones en Red (Tranred), C.A. Inversiones Gross, C.A. y Digo Pago Sistemas, C.A.
Este documento, una carta dirigida a modo de notificación formal a Pedro Andrés Rojas Chirinos, con Raúl Reyes Revilla como remitente y fecha del 19 de marzo de 2024, la misma de la rúbrica que se relata al inicio de esta historia, oficializa la cesión de 20% de las acciones de las cuatro compañías a Elarba, en cumplimiento de los términos de unos acuerdos suscritos el 25 de julio de 2023 y que la carta cita. Esta última fecha de julio corresponde al día en el que Reyes Revilla presentó la primera oferta formal de compra de Bangente.
En la carta también se especifica que el Grupo Alazán mantenía “obligaciones pecuniarias” exclusivas sobre 4 millones de dólares, correspondientes a acuerdos originales que no se especifican, así como a distintos pasivos.
El abogado Loreto Carpio ataja el asunto: si bien el documento especifica que hubo esa cesión, en realidad, se trató de una opción no ejecutada. Y remata: “José Simón Elarba no es ni ha sido accionista de la institución”.
Esta carta de cesión sirve todavía hoy como uno de los sustentos de un arbitraje privado. “A diferencia de un juicio ordinario dirigido por un ente del Estado, esta especie de tribunal privado ofrece un medio alternativo de resolución de conflictos bajo estrictas cláusulas de confidencialidad. Dado que el proceso es reservado, cualquier revelación de detalles específicos se considera una interferencia indebida que podría comprometer la integridad del procedimiento”, razona Loreto para justificar su hermetismo sobre el estado actual de la disputa.
De comprobarse que participa en Bangente y habida cuenta de que hoy se desempeña como presidente de la junta directiva de Bancamiga, Elarba entraría en contradicción con lo que establece la legislación venezolana del sector bancario, que proscribe que una misma persona ejerza cargos de accionista mayoritario, director o presidente en dos instituciones distintas y de manera simultánea.
En el perfil que Elarba mantiene en su website de promoción personal, en el que se le califica como “representante de una generación de empresarios que no escapan de la realidad”, solo hay referencias a su papel al frente de Bancamiga.
Otro de los papeles que Armando.info consultó, un acta de asamblea extraordinaria de Bangente, menciona como miembros de su junta directiva para el período 2024-27 a Aitza Josefina Melo Castillo y Mariana Flores Melo. La primera es esposa de Elarba y la segunda, su hijastra.
También un informe del 31 de agosto de 2024, suscrito por contadores públicos independientes, señala a Henry Jesús Camino Muñoz como dueño de 19% de las acciones. Camino Muñoz, accionista también de Fospuca, es esposo de Mariana Flores Melo.
El legajo que Armando.info obtuvo reservaba una revelación adicional. Karla Alejandra Hurtado Sosa figura como poseedora de 25% de las acciones de Bangente. Ella, coinciden dos de las fuentes consultadas, es hermana de Damaris del Carmen Hurtado Pérez, esposa de Carlos Malpica Flores.
Aunque revelación, puede que no resulte tan sorprendente. Desde hace tiempo, diversas versiones de prensa han llamado la atención sobre la vinculación personal de José Simón Elarba con el poderoso sobrino de Cilia Flores. El propio abogado y empresario admitía en 2020 a Armando.info que Malpica “es bastante amigo mío”.
“Karla Hurtado trabaja desde una oficina de Bancamiga. La función de ella es cuidar los intereses de su cuñado. Es ver y vigilar lo que hagan Reyes y Escudero. Les pusieron supervisores o policías, como los quieras llamar”, añade la fuente con nombre en reserva.
El círculo de accionistas cercanos al dueño de Fospuca lo cierra Miguel Jorge El Arba Hadded, su hermano, con 1%.
El mismo reporte pasa revista a los otros accionistas de Bangente, distintos a Karla Hurtado y los familiares de Elarba: Raúl José Reyes Revilla, con 50% de las acciones; West Corp, C.A. (una empresa registrada a nombre de Marta Sumoza, secretaria de Escudero Estévez), 4%; Daniela Guastaferro de Escudero, 0,20%; Jaime Eduardo Escudero Estévez, 0,20%; Juan Carlos Escudero Estévez, 0,20%; Andrea de la Trinidad Cruz Suárez 0,20%; y, finalmente, Robert Alexander Urbina García, 0,20%.
Consultado sobre si Jesús Escudero Estévez fue accionista del banco, Loreto Carpio asegura que no. “El señor Escudero fungió como director del banco tras ser designado por la asamblea de accionistas y autorizado por la Superintendencia. Dicha gestión ya finalizó. Actualmente no ocupa cargos directivos y mantiene una relación estrictamente profesional como abogado de la institución”, detalla.
A pesar de la nula participación accionaria que el documento asigna a Jesús Escudero, el exparlamentario Pedro José Rojas Chirinos, hermano de Pedro Andrés, cataloga a este abogado como “la mente jurídica de todas estas cosas. Él es el que idea el proceso judicial”. A la vez asegura, como otras fuentes consultadas para esta historia, que Elarba y Malpica Flores “al final de la película, sí, están detrás de todo”.
Como se ha dicho, la toma de Bangente precedió a la de Bancamiga.
En abril de 2024, después de que trascendieran al público versiones de que los directivos y accionistas de Bancamiga -por ese entonces, el banco de mayor crecimiento en Venezuela-, los hermanos Levin Salvatore, Daniel José y Carmelo De Grazia, se encontraban en prisión y bajo investigación por el blanqueo de fondos obtenidos por la comercialización informal de petróleo venezolano sujeto a sanciones internacionales -parte del caso Pdvsa-Cripto-, Sudebán se vio obligada a emitir un comunicado por el que informaba que las operaciones del banco seguían con normalidad, pero sujetas a “un proceso de acompañamiento y seguimiento del banco a fin de garantizar su funcionamiento, así como los depósitos e intereses de sus clientes, usuarios y los derechos de sus trabajadores”.
Poco después, en mayo siguiente, algunos medios reportaron que José Simón Elarba había tomado control, sin oposición y con el visto bueno de las autoridades, de la participación en Bancamiga de los hermanos De Grazia, quienes, entre tanto, hoy siguen en prisión.
El 24 de marzo reciente, en su cuenta de la red social X, Américo de Grazia, exalcalde de Piar, en el sur del estado Bolívar, exdiputado opositor de la Asamblea Nacional y ex preso político, acusó a Elarba de intentar una extorsión sobre sus primos, Carmelo y Daniel José, en la cárcel: les habría propuesto un trato por el cual obtendrían la libertad a cambio del total de las acciones de Bancamiga. Para ello, según el exdiputado De Grazia -quien no formaba parte del grupo accionista de Bancamiga-, utilizó como emisario al coronel Alexander Granko Arteaga, Director de Operaciones Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y comúnmente conocido como el torturador emblemático del régimen de Nicolás Maduro.
En una conversación telefónica con Armando.info, Américo de Grazia ratificó la denuncia. “Granko se presentó en la celda de los primos míos y les notificó que, para hacer efectiva la excarcelación, tenían que ceder las acciones de Bancamiga a Elarba. Como se negaron a materializar eso, no salieron. Hasta ahí es lo que sabemos”.
De Grazia, él mismo apresado en agosto de 2025 por motivaciones políticas y excarcelado un año después de El Helicoide, no duda en dar por cierta la relación entre Elarba y Malpica Flores. Y afirma: “Elarba es testaferro confeso de Malpica Flores. [Juntos] se han apoderado de muchos bienes bajo el mismo signo y bajo la misma modalidad”.
En febrero, Iván Simonovis, excomisario de la policía judicial venezolana y también ex preso político, advirtió desde Estados Unidos en una publicación de X sobre la “consolidación de una red de saqueo” que Elarba encabezaría, junto con los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez Gómez -actuales presidenta interina de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, respectivamente-, con la que llevarían a cabo una “operación bien calculada para desplazar a Alex Saab” en su rol como contratista y aguantador preferido de la nomenklatura oficialista.
Una cuarta fuente consultada para esta historia, que también pidió que no se le identifique, destaca por su parte que Carlos Malpica Flores mantiene una relación personal con el abogado Raúl Reyes Revilla, uno de los rostros públicos de la toma de Bangente, y que dicha relación se entabló a través de una afición compartida, no solo entre ellos, sino con buena parte de la aristocracia revolucionaria: la de los deportes western.
En efecto, Reyes Revilla es vicepresidente de la Asociación de Deportes Western de Venezuela (Asowest), una actividad a la que está muy vinculada la familia Flores, principalmente a través de Carlos Malpica Flores. Reyes Revilla es también socio de la Federación Venezolana de Coleo (Feveco).
“Reyes Revilla comienza en el mundo de los caballos a mediados de la década pasada. Y a Bangente llegó con la gente del mundo de los caballos, con quienes se fue conectando. Todo es a través de cuotas de poder, como hacen ellos”, añade esta fuente.
Para este trabajo, Armando.info envió solicitudes de entrevista a José Simón Elarba a través de dos direcciones de correo electrónico de Fospuca. No hubo respuestas. Tampoco fue posible conversar con Pedro Andrés Rojas Chirinos, contactado a través de su hermano, Pedro José.
El abogado de Reyes Revilla señala que la reticencia de su defendido en declarar a la prensa se debe al desarrollo de un arbitraje privado, aún en curso. “Finalmente, las discusiones sobre la valoración del banco y la reducción de precios se rigen por contratos técnicos y la regulación de la Sudebán. La sensibilidad del negocio bancario, donde el prestigio y la confianza son activos fundamentales, explica el hermetismo de los involucrados ante la prensa. Cualquier disputa pública afecta la imagen de la institución”.
Mientras tanto, las plataformas de redes sociales de Bangente ofrecen la imagen de una institución sólida. Recientemente celebró el Bangente Business Fest, evento con el que inauguró sus nuevas oficinas corporativas en el Centro Banavén, edificio de oficinas coloquialmente conocido como el Cubo Negro, en Chuao, sureste de Caracas. El evento se promocionó con un video que anunciaba “un nuevo capítulo de nuestra historia”. Como epílogo del corto promocional, difundido por Instagram, un sonriente Raúl Reyes Revilla festejaba el logro.
Entre tanto rebranding, a comienzos de 2026 Alberto de Armas, presidente ejecutivo de Bangente, con el mismo Reyes Revilla, celebraban que el año anterior el banco fue, de todos los de Venezuela, el de mayor crecimiento activo financiero: 951,1% en bolívares (6.713,9 millones) y 83% en dólares (22,5 millones). Una nueva era con números en expansión y nuevos jefes, cuyos nombres estaban tan resguardados como el dinero de sus bóvedas.
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