Redacción – El Dato. El presidente Luis Abinader emitió este viernes 25 de julio los Decretos núm. 407-25 y 408-25, mediante los cuales se crean nuevas estructuras interinstitucionales destinadas a fortalecer el marco institucional de la República Dominicana, con énfasis en la integridad pública y el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El Decreto núm. 407-25 establece la creación de una Comisión Interinstitucional encargada de la elaboración, desarrollo e implementación del Sistema de Integridad Pública, bajo la coordinación de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).
La comisión está conformada por representantes de los ministerios de la Presidencia, Hacienda, Economía, Interior y Policía, Administración Pública y Educación, así como por la Contraloría General de la República y la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Esta iniciativa busca reforzar las acciones para la prevención y el combate de la corrupción administrativa, en línea con el mandato consitucional y el compromiso del Gobierno con la transparencia y la eficiencia en la gestión pública.
El decreto subraya que la corrupción tiene un efecto destructivo en las instituciones y el patrimonio estatal, razón por la cual se hace necesario un enfoque coordinado y sistemático en su erradicación.
Por su parte, el Decreto núm. 408-25 declara de interés nacional todas las acciones, actividades e iniciativas relacionadas con el proceso de adhesión de la República Dominicana a la OCDE, organismo internacional que promueve políticas públicas efectivas para el desarrollo económico y social sostenible.
La comisión encargada de impulsar esta agenda estará coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, e integrada además por los ministerios de la Presidencia, Hacienda, Economía, Industria, Comercio y Mipymes, junto con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
El respaldo técnico y estratégico de la OCDE ha sido considerado clave en la implementación de reformas orientadas al fortalecimiento institucional y al cumplimiento de estándares internacionales en materia de gobernanza, integridad y competitividad.
Con estos decretos, el Gobierno dominicano busca consolidar los avances alcanzados en materia de buen gobierno, transparencia y cooperación internacional, al tiempo que reafirma su compromiso con la construccion de una administración pública más eficiente, confiable y alineada con las mejores prácticas internacionales.
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