(EFE).- Las probabilidades de que los solicitantes de asilo ganen sus casos en las cortes de inmigración de Estados Unidos se han desplomado tras un fallo que autoriza a los jueces a desestimar de forma expedita los casos considerados infundados y la reciente imposición de tarifas anuales a los peticionarios, entre otros reveses.
«Los casos de asilo enfrentan un panorama muy preocupante en Estados Unidos», dice a EFE el abogado de inmigración Alex Gálvez.
El letrado advirtió sobre un reciente fallo de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, en inglés) en el caso de un inmigrante peruano -conocido como Matter of HAAV, que sienta un precedente al permitir que los jueces de inmigración desestimen solicitudes consideradas aparentemente infundadas.
La decisión emitida el mes pasado estableció que los jueces «no están obligados a celebrar audiencias de mérito en solicitudes incompletas o en las que el solicitante no cumple los requisitos para recibir ayuda», lo que significa que no tendrían la oportunidad de ofrecer su testimonio en corte.
«La mayoría de casos de asilo se gana con el testimonio de los solicitantes, de escuchar de su propia voz sobre el riesgo que corre su vida si los deportan», considera Gálvez, que representa a centenares de solicitantes de asilo.
EFE/Will Oliver
Con las cortes de inmigración enfrentando un atasco de 3,8 millones de casos, la mayoría (casi 2,4 millones) de solicitudes de asilo, la decisión permitirá elevar el número de expedientes diarios que pueda atender un juez.
Así, el abogado ha visto que la cantidad de procesos diarios ha pasado de dos o tres a ocho o nueve en los tribunales de Los Ángeles.
«El precedente va a ser usado por muchos jueces para cerrar los casos de forma prematura y finalmente ordenar la deportación», lamenta Gálvez.
Con este panorama, inmigrantes como Ismael H, un solicitante de asilo que no quiso revelar su apellido, evalúan si seguirán con sus solicitudes o no.
«Honestamente siento temor de presentarme con mi familia frente al juez y que me niegue el caso y me arresten en la corte», dice a EFE el inmigrante, que llegó al país hace tres años con su esposa y dos hijos menores.
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Además del temor a su deportación, Ismael H acaba de enterarse de un nuevo cobro de 100 dólares anuales impuesto por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, en inglés) a todo extranjero que haya tenido una solicitud de asilo pendiente durante todo el período comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025.
Para una buena cantidad de solicitantes el plazo para pagar se vence este viernes 31 de octubre, y muchos desconocen que deben hacerlo, advierte Gálvez que aconseja a todos los solicitantes consultar la página de USCIS o hablar con sus abogados o representantes legales.
«Lo más importante para los inmigrantes es mantenerse informados de todos los cambios y tomar las decisiones a conciencia», recalca el abogado.
El USCIS aclara que, independientemente de las medidas que se adopten sobre las solicitudes de asilo o del tiempo que tome en emitir una decisión, no se realizarán reembolsos.
A esta decisión se han sumado las medidas emitidas por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, que buscan dificultar que las familias inmigrantes que huyen de la persecución y las víctimas de violencia doméstica puedan solicitar asilo.
Bondi ha usado su autoridad de revisar decisiones de la BIA, que depende del Departamento de Justicia y no de la rama judicial de Estados Unidos, para restituir medidas emitidas en el primer gobierno del presidente Donald Trump (2017-2021) sobre el asilo.
La fiscal restableció una política que no permitía a las víctimas de violencia doméstica y de pandillas u otras amenazas calificar para asilo bajo la ley estadounidense.
La Administración de Joe Biden (2021-2025) había anulado estos criterios para dar a los inmigrantes mayor margen de maniobra en sus casos y dar más opoertunidad de ganarlos.
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