Alegaciones de Saqueo Patrimonial: Walter Ranieri Denuncia Abusos de la Dgcim en Juicio por Terrorismo

El testimonio del empresario hotelero Walter Ranieri Covorso ante el Tribunal Tercero de Terrorismo reveló un verdadero modus operandi dentro de la purga del chavismo. Detenido sin orden fiscal a partir de una nota de prensa en un medio digital, Covorso denunció haber sido aislado por dos años y torturado con luces y música las 24 horas. El ciudadano italiano señaló que el director de la Dgcim en Mérida, mayor Jimmy Ibarra, se apropió ilegalmente de sus hoteles, restaurantes, e incluso de la casa de sus hijas para convertirla en sede militar, extorsionando a su sobrino de 17 años para adueñarse de los bienes de la familia.

El libreto oficial del caso Pdvsa-Cripto continúa desmoronándose en el piso 6 del Palacio de Justicia en Caracas. Durante las audiencias de apertura de juicio, el estrado no solo ha servido para que los exjerarcas Tareck El Aissami y Hugbel Roa denuncien tramas de extorsión de la Fiscalía; también ha abierto una compuerta para que ciudadanos civiles dejen constancia de cómo la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) presuntamente utiliza la causa petrolera para ejecutar despojos patrimoniales a mano armada.

Uno de los testimonios más crudos lo protagonizó el empresario de la hostelería Walter Ranieri Covorso, de nacionalidad italiana, quien acumulaba dos años privado de libertad en condiciones infrahumanas y en un absoluto estado de indefensión antes de llegar a juicio el pasado lunes 20 de abril de 2026. Ranieri Covorso, cuya familia es ampliamente reconocida en el estado Mérida por fundar cadenas de hoteles y restaurantes emblemáticos como La Campana desde la década de los 80, aclaró ante la jueza Alejandra Romero Castillo que jamás ha tenido licitaciones, contratos o negocios de ningún tipo con el sector petrolero o naviero del Estado.

El expediente «La Patilla»

De acuerdo con la declaración cronológica a la que tuvo acceso TalCual, Walter Ranieri Covorso afirmó la primera semana de mayo que su captura se ejecutó el 11 de abril de 2024 bajo la modalidad del engaño. Al ser detenido en una alcabala del estado Barinas, los funcionarios le indicaron que se trataba de una «entrevista sencilla». Sin embargo, sin mediar orden de aprehensión ni encontrarse en flagrancia, fue trasladado a la fuerza en avión hacia Caracas y confinado en el área denominada «Máxima II» de la Dgcim en Boleíta.

Ranieri Covorso denunció ante el tribunal que la Fiscalía justificó su detención e imputación por graves delitos como traición a la patria basándose exclusivamente en publicaciones de portales web como La Patilla, medio al que calificó de «palangrista de oficio» al afirmar que lo publicado por esa plataforma es «falso».

Según su relato, un coronel de apellido Blanco lo increpó el primer día preguntándole «por los buques que se robó», a lo que el empresario respondió que era imposible que un civil escondiera naves petroleras. «Los mismos funcionarios de la Dgcim me confirmaron que mi detención fue debido a artículos de pseudo prensa con fuentes no verificadas, parecieran fabricados con la intención de perjudicarme», sostuvo en el estrado.

«Depósito de muertos vivientes»

El acusado insistió en que la saña del aislamiento judicial en su contra se extendió por 20 meses dentro de una celda en Boleíta, bajo un régimen de tortura que describió como un «depósito de muertos vivientes». El empresario pasó casi dos años con potentes luces blancas encendidas las 24 horas del día, sin reloj y sin ver la luz del sol, beneficio que se le otorgó por primera vez durante unos escasos minutos el 1° de marzo de 2025. El acusado perdió más de 23 kilos durante su encierro.

En su acusación formal, responsabilizó directamente a la cadena de mando militar de la Dgcim: los generales Iván Hernández Dala, Alexander Granko Arteaga, José Luis Seijas Montilla, Marcano Tábata y al funcionario Yanni Calderón, alias «El Sirio».

Ranieri  Covorso detalló que Calderón, en el centro de castigo Cacique Guaicaipuro, era el encargado de impedirle el sueño haciendo sonar música a alto volumen las 24 horas del día, además de restringirle el acceso al agua potable, obligándolo a beber cantidades mínimas de agua durante cinco meses. El aislamiento llegó al extremo de impedirle cualquier llamada o defensa de confianza durante un año y dos meses, limitando el contacto con su hijo a esporádicas cartas.

Un despojo con uniforme

El nudo de la contraofensiva del empresario italo-venezolano Walter Ranieri Covorso apuntó al supuesto motivo que lo mantendría en prisión de forma indefinida: el despojo de sus empresas familiares a manos del director de la Dgcim del estado Mérida, el mayor Jimmy Germán Ibarra, alias «Tiburón».

Ranieri Covorso denunció que el 26 de abril de 2026, día de su cumpleaños y fecha de la primera visita familiar autorizada en dos años, se enteró de que todo su patrimonio había sido confiscado por las vías de hecho, sin orden de allanamiento, juicio de extinción de dominio ni oficios de incautación.

«El mayor Jimmy Ibarra se apropió de mi casa, de mis restaurantes, de mis negocios, hasta de mi ropa y enseres», denunció el hotelero, alertando que el militar opera ilegalmente sus empresas y se hace pasar fraudulentamente como «representante legal» ante entes públicos y privados.

Ranieri Covorso en su declaración contra la Dgcim de Mérida dibujó una supuesta red criminal de saqueo:

El desalojo de un anciano: según sus palabras, el cuerpo de contrainteligencia desalojó de su hogar al padre del imputado, Sergio Ranieri, un respetado pionero del turismo de 83 años de edad que padece principios de Alzheimer.
Extorsión a menores: dijo que funcionarios de la Dgcim supuestamente extorsionaron directamente al sobrino de Ranieri Covorso, un adolescente de 17 años, obligándolo a entregar toda la flota de vehículos de las empresas familiares en puntos específicos de la ciudad de Mérida.
Sede militar expropiada: denunció también que la vivienda de sus hijas fue convertida arbitrariamente en la actual sede física de la Dgcim en el estado Mérida.

«El principal interesado en que yo siga privado de libertad es el funcionario Jimmy Ibarra, para poder seguir usurpando mi identidad y mis bienes», alegó ante la jueza, explicando que los mismos oficiales encargados de realizar la investigación penal de forma «imparcial» para la Fiscalía son los que hoy visten sus ropas, manejan sus carros y controlan las discotecas de su familia. «Le tienen terror en Mérida, le conocen como el terror del estado», sentenció.

«El peor día de mi vida»

Finalmente, el procesado catalogó el trámite judicial como una farsa tecnológica violatoria de los derechos constitucionales más básicos. Recordó que su audiencia preliminar (realizada el 2 de octubre de 2025, un año y seis meses después de su captura) fue obligatoriamente telemática mediante un teléfono celular diminuto con internet deficiente. «No se entendía bien lo que hablaba el juez, ni el fiscal, ni mi abogado. Fue el peor día de mi vida, en el mayor estado de indefensión».

A pesar de que el Ministerio Público insiste en vincularlo con Tareck El Aissami bajo la tesis de que se conocían desde la infancia y estudiaron juntos en la Universidad de Los Andes (ULA), Convorso no tiene récord de haber estudiado en esa institución. El empresario señaló que su único contacto con el exministro fue a finales de los 90 cuando éste era dirigente estudiantil. El número quedó guardado en un celular que conservó por 35 años. «Me han robado dos años de mi vida. Mi reputación fue ultrajada y no creo que pueda volver a Mérida», concluyó el empresario.

Patrón de irregularidades

Fuentes cercanas al caso insisten a TalCual que tras el inicio del proceso ha salido a la luz un patrón de torturas y confiscación. Lo que el Ministerio Público promociona discursivamente como una cruzada de transparencia contra la corrupción, los testimonios de los involucrados y sus defensas técnicas lo configuran como una purga política ejecutada mediante persecución sistemática y «sicariato judicial».

El juicio, radicado en el Tribunal 3° de Juicio con competencia en Terrorismo y que sienta en el banquillo de los acusados a 64 personas, se ha desarrollado bajo un severo cerco de opacidad gubernamental.

Las defensas han reclamado que las sesiones transcurren en total aislamiento, violando el principio de publicidad establecido en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP). En la sala solo se permite el ingreso restringido de los imputados y sus abogados, bajo la custodia asfixiante de más de 30 funcionarios de la Dgcim y el Sebin armados y enmascarados en actitud de amedrentamiento.

Las restricciones al acceso público han sido la norma fija impuesta por la jueza Alejandra Romero Castillo. Pese a las advertencias de los litigantes de que los actos celebrados a puerta cerrada adolecen de nulidad absoluta, el tribunal solo cedió parcialmente durante las audiencias del miércoles 6 y viernes 8 de mayo al permitir el ingreso de cuatro ciudadanos por día. La medida fue revertida el lunes 11 de mayo bajo el argumento de «problemas de capacidad».