El peso de lo que no funciona en la infraestructura pública de Venezuela cae sobre los hogares, que terminan absorbiendo, con ingresos limitados y soluciones parciales, lo que debería ser un servicio continuo. Y así, entre agua que se raciona, luz que se interrumpe y gas que desaparece, la vida de los venezolanos se organiza alrededor de la escasez más que de la estabilidad
Fotos: María de los Ángeles Graterol
En Venezuela cambia quien ocupa el poder, pero el rostro de la calamidad cotidiana sigue siendo el mismo: escasez de agua, apagones de días enteros, cocinas improvisadas por la falta de gas. El deterioro de los servicios básicos no ha acompañado los cambios políticos del país, sino que los ha sobrevivido.
El resultado es vivir atrapado en una cuenta diaria de cómo sobrevivir en un país donde el acceso a derechos fundamentales depende de la capacidad individual de resolver lo que el Estado no garantiza. Y en el mientras tanto, la promesa de recuperación convive con una infraestructura cada vez más frágil.
Porque no… los venezolanos no «bailan en las calles» como aseguró recientemente Donald Trump. Hacen cola para todo; para surtir gasoil, comprar velas, conseguir una bombona de gas o llenar un bidón de agua.
A un costado de la carretera Caracas–La Guaira, en la salida hacia Catia, el agua organiza la vida. Ana* llena tobos, se baña y guarda lo que puede para cocinarle a su hijo pequeño y usar el baño de su casa. El chorro que baja de un pequeño manantial se ha convertido en su punto de abastecimiento diario, aunque llegar implique caminar durante al menos 15 minutos por el borde de una autopista.
«Todos los días. Aquí me baño, aquí hasta me afeito. Esta agua es la vida de uno. La uso para cocinar, para darle a mi hijo», dice Ana, que vive en un rancho humilde antes del inicio del viaducto. No tiene agua corriente en su vivienda y depende por completo de este punto de recolección. El viejo coche de su nené es su carrito transportador.
En El Chorrito, por la salida a Catia desde la autopista Caracas-La Guaira, el agua por tuberías está disponible sólo durante tres días de la semana.
En febrero, Delcy Rodríguez anunció la centralización del sistema de agua potable y saneamiento bajo la estatal Hidroven, con el argumento de «garantizar el pleno disfrute del servicio». La medida implicó la absorción de las hidrológicas regionales y municipales en una autoridad única nacional. Tres meses después, en plena capital del país, la escena protagonizada por Ana se repite con una normalidad que preocupa.
Una fila de vecinos espera turno con envases plásticos al pie de la montaña. Una, tres, cinco personas. Algunos suben con bidones sobre los hombros; otros llegan en moto con botellones amarrados a la parrilla; también hay quienes arrastran carretillas. El agua, aquí, no es un servicio continuo sino una logística diaria de acceso desigual.
La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) 2025 confirma que el problema es estructural, pues solo 29% de los hogares recibe agua diariamente y apenas 19% cuenta con servicio continuo. El resto, siete de cada 10 hogares, vive bajo racionamiento hídrico.
En el extremo más frecuente del acceso, el 60% de los hogares recibe agua solo varios días a la semana, mientras que un 11% depende de una frecuencia aún más crítica: una sola vez por semana. Son los mismos ciclos que aunque Armando José Franco, de 76 años, describe desde su experiencia, en realidad se han convertido en patrón nacional.
«El agua se va los domingos y regresa en la madrugada del jueves. Yo vengo dos o tres veces al día, dependiendo de lo que se utilice. Esto es por necesidad, pero ya uno está habituado. Los servicios de agua toda la vida han sido pésimos en El Chorrito. Aquí se acumula toda la comunidad, aquí hay que hacer cola», añade.
Transparencia Venezuela determinó que, durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, se invirtieron más de 316.000 millones de dólares en 246 obras públicas inconclusas o paralizadas. Entre ellas, al menos una veintena estaba destinada al sector agua y saneamiento, plantas potabilizadoras, embalses y sistemas de distribución, con capacidad de beneficiar a unos 10 millones de personas que nunca vieron materializados esos proyectos.
Es plena madrugada y Brisas de La Vanegas, una barriada al norte de Maracaibo, quedó a oscuras. El frío que deja el aire acondicionado lo resguardan como un tesoro en un cuarto grande donde duermen dos niños y su madre. Pero la frescura dura apenas una hora. Después, el calor marabino, espeso incluso de noche, vuelva a meterse entre las paredes.
Eliu Fuentes opta por no mandar a sus hijos al colegio el día siguiente. Es una decisión que toma varias veces por semana, cada vez que los cortes eléctricos interrumpen el sueño y convierten la madrugada en una larga espera acompañada de sudor, mosquitos y mal dormir.
«Pasamos los días como zombies», cuenta.
Hasta diciembre, en su casa se iba la luz tres veces por semana. En febrero, el racionamiento aumentó a cuatro días semanales por cuatro horas. En mayo, apenas pasan dos días de la semana sin apagones. Ahora los cortes duran hasta cinco horas.
«Aquí no se puede estar. En la noche, cuando la quitan de 7 p.m. a 12 a.m., nos sentamos en el frente de la casa o nos acostamos en el cajón abierto de la camioneta. Cuando ya es tarde, como hoy, nos acostamos. Los niños se quedan dormidos mientras esperamos que llegue la electricidad».
Aun cuando los cortes ocurren de día, la rutina familiar se altera: las tareas quedan incompletas, el internet desaparece y cargar un teléfono se convierte en una preocupación más.
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La experiencia de su familia está lejos de ser excepcional. Según la Encovi, en Venezuela, 9 de cada 10 familias del país conviven con apagones y fluctuaciones de distinta intensidad. Dentro de ese grupo, Eliu forma parte del segmento más golpeado, pues entra en el 39% de los hogares que sufren cortes eléctricos diariamente por varias horas. También cae en el 35% que enfrenta interrupciones varias veces por semana.
De acuerdo con el mismo estudio, la estabilidad del sistema, además, ha empeorado con los años. En 2016, 34% de los hogares aseguraba tener electricidad sin interrupciones; para 2025, la cifra cayó a apenas 10%.
Detrás del deterioro del sistema eléctrico hay años de mala gestión y opacidad. Transparencia Venezuela determinó que entre 2010 y 2016, Venezuela desembolsó más de 29 mil millones de dólares en obras y proyectos destinados al sistema eléctrico nacional. Aun así, la crisis no se resolvió. Se profundizó.
Y las consecuencias de eso no terminan cuando vuelve la luz.
El Monitor de Servicios Públicos de Cedice Libertad documentó que en medio de la inestabilidad, los hogares terminan absorbiendo gastos que deberían corresponder a un sistema funcional: linternas, baterías, protectores, velas, plantas eléctricas o combustible para mantenerlas operativas.
Según el mismo informe, los venezolanos destinan entre 20 y 30 dólares mensuales para intentar paliar las deficiencias del servicio. Además, el 44% reportó daños en dos o más electrodomésticos producto de las fluctuaciones eléctricas.
Durante años, Caracas parecía vivir al margen de esa realidad. Mientras las regiones acumulaban racionamientos diarios, en la capital los apagones eran esporádicos y las fluctuaciones menos frecuentes. Pero la burbuja empieza a resquebrajarse.
Incluso en centros comerciales, históricamente blindados por plantas eléctricas y prioridad operativa, las fallas empiezan a afectar la rutina.
Un día cualquiera, en el Sambil de La Candelaria, el más nuevo de la ciudad, frente al hotel cinco estrellas Waldorf, la gente camina entre vitrinas, hace cola para pagar y carga bolsas. De pronto, todo se apaga. Las escaleras mecánicas se detienen en seco y quienes van sobre ellas se aferran a los pasamanos. Se escuchan gritos breves. Un minuto después vuelve la electricidad, pero el ritmo ya cambió: algunos puntos de venta pierden señal, las ventas se ponen lentas y varios clientes deciden irse.
Los comercios caraqueños empiezan a experimentar una fracción de lo que las regiones llevan años soportando, porque el impacto del colapso eléctrico sigue teniendo una geografía desigual. Datos de Conindustria correspondientes al primer trimestre de 2026 muestran que las regiones occidentales y andinas padecen las peores condiciones del país.
La región zuliana encabeza la lista. Ahí las industrias acumulan un promedio de 171 horas mensuales sin electricidad. En los Andes la cifra alcanza 170 horas y en la región occidental llega a 167. En contraste, la región capital registra 50 horas mensuales sin servicio.
En el país, incluso en la capital, prepararse para un apagón ya no es una excepción. Es parte del presupuesto de la casa.
En el bloque 8 de la UD-3 de Caricuao, los vecinos dicen llevar entre ocho y nueve meses sin gas. La falla se originó en una fuga en la red interna del edificio que afectó a 22 apartamentos. Personal de Pdvsa acudió al sitio y cerró la tubería como medida de seguridad, dejando a decenas de familias sin suministro.
«Los medidores están presentando fugas. Le pedimos a las autoridades que se aboquen a esto», reclama una residente.
Con el cierre de la línea, la interrupción se extendió a estructuras cercanas. Vecinos aseguran que edificios completos, como los bloques 9, 13 y 17, enfrentan la misma situación.
«Una fuga de gas no es una curita. Aquí hay menores, hay adultos mayores. La gente necesita cocinar», resume una habitante. «Pdvsa es quien debe venir a tomar la decisión de abrir o cerrar las llaves».
En tablero de control de gas cerraron la tubería que surtía al menos 22 apartamentos.
Sin gas, muchas familias han recurrido a cocinas eléctricas, con resultados limitados. Es el caso de Reina Canelón, de 72 años, quien ha tenido que improvisar su forma de cocinar entre equipos que se dañan y una electricidad inestable.
«Primero compré una cocinita eléctrica. Se me quemó. Compré otra, igual. Ahora tengo un sartén eléctrico», cuenta.
Con ese único equipo, su alimentación cambió. Ya no puede preparar sopas ni comidas que requieran cocción prolongada. «Solo hago cosas rápidas, lo que se pueda. No es lo mismo», dice. En total, calcula haber gastado más de 10.000 bolívares en intentos fallidos de reemplazo. Vive con su esposo, ambos pensionados, y asegura que el ingreso no alcanza entre medicinas, servicios y alimentación.
Para ella, al final, la falta de gas se traslada a las casas, a las cocinas, los horarios y la hospitalidad de los vecinos. Se cambia lo que se come, cómo se cocina y cuánto se puede planificar un día.
Lo que no resuelve el sistema termina reordenando la vida doméstica, con familias improvisando equipos, reduciendo comidas, ajustando rutinas y asumiendo costos que no estaban previstos.
Así es como el peso de lo que no funciona en la infraestructura pública cae sobre los hogares, que terminan absorbiendo, con ingresos limitados y soluciones parciales, lo que debería ser un servicio continuo. Entre agua que se raciona, luz que se interrumpe y gas que desaparece, la vida se organiza alrededor de la ausencia más que de la estabilidad.
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*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
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