¿70% de los muertos en protestas poselectorales fueron asesinados por la extrema derecha?

TalCual Verifica los asesinatos ocurridos en el contexto de las protestas poselectorales, que iniciaron el 29 de julio, en reclamo a los resultados de las elecciones presidenciales, donde el Consejo Nacional Electoral dio como ganador a Nicolás Maduro. El Ministerio Público no ha explicado con claridad las supuestas motivaciones políticas de algunas de las muertes y su relación con las protestas

Las protestas en contra de los resultados de las elecciones presidenciales iniciaron horas después del primer boletín emitido por el Consejo Nacional Electoral, dando como ganador a Nicolás Maduro para un tercer periodo. Estas manifestaciones populares, que se dieron de forma espontánea y sin dirección política, se replicaron en casi todos los estados del país durante varios días. 

El gobierno de Maduro respondió con «métodos duros y blandos» de represión, como ha dicho la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela. Según la Fiscalía General de la República, durante las protestas se registraron 27 muertes y 70% de ellas eran atribuibles a la actuación de «grupos delincuenciales» ligados a los «comanditos». 

«Literalmente, de todas las víctimas, el 70% fueron asesinadas por los grupos delincuenciales. Voy a decir la primera gran conclusión. Ninguno (muerto) atribuible a cuerpos de seguridad del Estado, ninguno atribuible a funcionarios civiles o militares o policiales vinculados al Estado. Porque no tenemos una sola denuncia», aseguró el fiscal impuesto por la asamblea constituyente, Tarek William Saab, el pasado 22 de agosto.

Según el fiscal, la mayoría de las muertes ocurrieron en Caracas y en el estado Aragua, con un total de siete víctimas mortales en cada uno, y también en Bolívar, Yaracuy, Nueva Esparta, Lara, Miranda, Táchira y Zulia, aunque no detalló las cifras en estas entidades.

Monitor de Víctimas, una iniciativa periodística que hace seguimiento a la violencia en el país, refiere que de las 24 víctimas que fallecieron durante las protestas poselectorales, al menos 12 (50%) murieron por acción de funcionarios policiales o militares. En otra de las muertes no queda claro el victimario, debido a la participación de policías y civiles armados (colectivos) en la represión de manifestantes. 

También se logró identificar, en base a testimonios, la acción de colectivos en otras seis muertes. En el resto (cinco) no se logró identificar las razones ligadas al deceso. 

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Respecto a las denuncias de estas muertes ante el Ministerio Público, Monitor de Víctimas no guarda un registro. La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón –que también hizo seguimiento a las muertes por protestas– recuerda que «independientemente de quién sea el autor, se trata de muertes violentas que deben ser investigadas por el MP de oficio por tratarse de delitos de acción pública». 

La organización explica que la acción penal pública se refiere a «la investigación, determinación y sanción de un delito», cuyo fin es la «búsqueda de justicia para las víctimas y para la sociedad». Señala además que el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal establece que «la acción penal corresponde al Estado a través del Ministerio Público, que está obligado a ejercerla, salvo las excepciones constitucionales y legales». 

Disparidad

En una actividad del Consejo de Defensa de la Nación, el pasado 12 de agosto, Tarek William Saab mostró las fotos de las víctimas, porque «tienen nombre, tienen apellido, tienen dolientes cada uno de estos venezolanos de bien que fueron criminalmente asesinados por estos terroristas de la extrema derecha». 

En las fotos figuran los nombres de Mayaury Silva, Cirila Gil, Edgar Aristiguieta, Euris Mendoza, Jeison España, Olinger Montaño, Anthony García, Isaías Fuenmayor, Julio García, John Graterol, Jormen Martínez, Walter Páez, Jeison Bracho, Dorian Rondón, Rances Yzarra, Anthony Moya, Jesús Tovar, Jesús Medina, Gabriel Ramos, José Torres, Luis Hernández, Víctor Bustos, José Rubio, Carlos Porras y Yorgenis Leyva. 

Monitor de Víctimas no incluye en su reporte las muertes de Mayarury Silva, Cirila Gil, Jormen Martínez, Anthony García y José Rubio, pero sí menciona a Gustavo Rojas, Andres Ramírez Castillo, Anibal Romero Salazar y Anthony Cañizalez que, aunque no fue agregado en las fotos del MP, sí es mencionado por el fiscal. 

En las imágenes publicadas por Saab se puso la foto de Cañizalez sobre el nombre de Olinger Montaño. Ambos jóvenes fueron heridos en El Valle, en Caracas. 

Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón hace un recuento de 26 fallecidos. Esta organización, a diferencia del MP y Monitor de Víctimas, menciona las muertes de Ángel Mora, quien desapareció el 29 de julio en Guanare (Portuguesa) y falleció el 3 de agosto producto de una golpiza brutal; y Carmen Rodríguez, detenida en el barrio El Esfuerzo (Petare) por funcionarios de la Guardia Nacional y murió de un infarto el 3 de agosto, según reportaron sus familiares y verificó Caleidoscopio Humano. 

¿Muertos en protestas eran chavistas?

El oficialismo ha insistido en que las muertes fueron motivadas «por odio» y algunas personas fueron asesinadas solo por el hecho de ser chavistas. 

«Dos compañeras del Partido Socialista Unido de Venezuela fueron asesinadas brutalmente por la violencia fascista. Brutalmente, se ensañaron contra la mujer venezolana porque ellos quieren enviar un mensaje», aseveró el ministro Diosdado Cabello el 21 de agosto. 

Esto en referencia a los casos de Mayaury Silva y Cirila Gil, ambas jefas de las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCH). Ni Monitor de Víctimas o Justicia, Encuentro y Perdón pudieron confirmar que el móvil de ambas muertes fuese político.

Dentro del propio relato que hizo Tarek William Saab sobre la muerte de Mayaury Silva tampoco queda claro si el móvil fue estrictamente político, como también lo ha afirmado el presidente de la Asamblea Nacional 2020, Jorge Rodríguez. 

«El 3 de agosto en la noche Silva iba de regreso en la noche a su vivienda después de participar en una concentración de apoyo al gobierno junto a su hija, su nieta y cinco vecinos cuando fue interceptada por Raifer Eduardo Seija Nuñez, quien le disparó tres veces y luego huyó en una moto con ayuda de otros dos hombres», indicó Saab. 

Según la investigación del Ministerio Público, explicó, estas personas actuaron bajo las órdenes de Fernando Venancio Martínez. «Vive en el mismo sector que Silva y constantemente amenazaba a los vecinos para apoderarse de las tierras y expandir su siembra, por eso tenía constantes peleas con Mayaury ya que era la única persona que no le permitía apoderarse de sus territorios». 

En el caso de Cirila Gil, el fiscal dijo que fue «brutalmente asesinada por criminales ya identificados (…) La víctima presentó 48 heridas en la cabeza, con características cortantes y contuso-cortantes que nos hablan de una acción aberrante de violencia extrema premeditada, donde no me cabe la menor duda participaron varias personas». Pero tampoco dio información sobre las supuestas motivaciones políticas, más allá de que la víctima era militante del PSUV y jefa de calle.

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