Probablemente, se ha alcanzado el punto máximo de la civilidad, política y diplomacia en Venezuela. Una elección que careció de transparencia e integridad, como lo declararon el Centro Carter y Naciones Unidas, se llevó a cabo el 28 de julio, con Edmundo González derrotando a Nicolás Maduro por un margen abrumador. Casi 4 millones de votos fue la diferencia entre los dos candidatos, el mayor margen en la historia de cualquier elección presidencial en Venezuela. Para probar estos resultados, se diseñó un esquema casi clandestino durante meses para obtener, conservar y subir a un sitio web las actas de votación que han expuesto el mega fraude implementado y ratificado por el Consejo Electoral y el Tribunal Supremo, controlados por el régimen. Maduro perdió, él y todos lo sabemos.
Frente a este contexto, el dictador decidió profundizar la brutal represión que los venezolanos hemos sufrido durante años. Después de un mes de las elecciones, 27 personas han sido asesinadas por las fuerzas de seguridad y grupos armados no estatales; casi 1,700 personas han sido detenidas ilegalmente, incluyendo a 107 adolescentes y 216 mujeres que sido trasladados a cárceles comunes con verdaderos criminales, enfrentando torturas y abusos sexuales por parte de agentes del régimen. Además, la Dirección General Contrainteligencia Militar (DGCIM) inició la operación “tun-tun” para perseguir a cualquiera que haya trabajado en la campaña o haya mostrado apoyo a María Corina Machado y Edmundo González en redes sociales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha definido estas prácticas salvajes como terrorismo de estado.
Después de 25 años en el poder, era muy predecible que no iban a reconocer los resultados a pesar de tener la mayor ventaja de la historia para ganar una elección. Durante la campaña, miembros del régimen recibieron ofertas de amnistía y vías seguras para abandonar el país si aceptaban la derrota, pero han decidido mantener el poder por la fuerza a pesar de ser abrumadoramente rechazados por el pueblo. Además, Maduro nombró a Diosdado Cabello como ministro de seguridad.
Cabello es el miembro más sanguinario del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Está sancionado por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea por organizar y exportar drogas a Europa a través de ríos y aeropuertos venezolanos. En sus primeras 24 horas como jefe de seguridad, ordenó el secuestro del abogado de Machado, Perkins Rocha, y la detención ilegal del líder político Biaggio Pillieri después de una protesta pacífica el pasado miércoles. Maduro ordenó la construcción de nuevas cárceles para albergar a los presos políticos y ha ratificado al títere ruso Padrino López como ministro de defensa. El régimen está cerrando filas. No les queda nada, salvo las armas.
La región está al borde de un sistema que va más allá de una dictadura clásica. Esta es una nación secuestrada por fuerzas de seguridad y grupos armados irregulares donde el 21% de su economía proviene de actividades ilícitas. Un país gobernado por un cartel que controla refinerías de petróleo, campos de gas, minas de oro, electricidad y toda la infraestructura pública. Si este sistema criminal prevalece, habrá una nueva ola de migración (casi 8 millones de venezolanos ya están desplazados) y se exportarán más drogas y grupos de criminales. La seguridad de la región estará más amenazada entendiendo que el chavismo siempre ha tenido una ambición que va más allá de sus fronteras.
En este contexto, la neutralidad es complicidad. Hay acciones urgentes que se podrían tomar, como sanciones individuales para los responsables de violaciones de derechos humanos. Además, la Corte Penal Internacional, que ha estado investigando a miembros del régimen durante más de 5 años, debería emitir órdenes de arresto contra aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad. Naciones Unidas debería incluir en su agenda para la Asamblea General la crisis que sufre Venezuela a manos de una pequeña élite que no quiere ceder el poder tras perder unas elecciones que fueron parte de los Acuerdos de Barbados.
En conclusión, hubo momentos en el pasado que la oposición fue criticada por no estar unida y por boicotear elecciones. Incluso, algunos injustamente aseveraron que la resistencia democrática era violenta a pesar de tomar las calles pacíficamente. Hoy no hay excusas. La gran mayoría de los venezolanos votó valientemente bajo un clima represivo y de control social. Una nación que estuvo polarizada ahora está secuestrada. Se necesitan acciones más rápidas y contundentes de la comunidade internacional para acompañar y proteger a los venezolanos.
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