Durante tres días, el silencio en sus redes sociales llamó la atención de quienes seguían de cerca sus denuncias. Monika Silva Koniuszek, una mujer valiente que durante más de una década desafió estructuras de corrupción y tráfico de tierras en Santa Elena, fue encontrada sin vida en su vivienda.
Madre de dos pequeñas, su muerte deja una tragedia familiar y una profunda conmoción entre periodistas, comuneros y activistas que acompañaron su trabajo.
En sus entrevistas y publicaciones, Silva sostenía que el alcalde de Santa Elena, Otto Vera, se había convertido en una suerte de «Pablo Muentes de Santa Elena», una comparación con la que buscaba ilustrar lo que consideraba una concentración de poder político y económico alrededor del negocio de las tierras en la provincia. Sus afirmaciones, así como las investigaciones que impulsó durante años, le atrajeron numerosos adversarios y la enfrentaron con algunos de los sectores más influyentes de la península.
La noticia de su muerte representa una alerta que el periodismo, las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional no pueden permitirse ignorar.
Presidenta de la Fundación La Integridad, integrante del Colectivo Ambiental Montañita y exveedora ciudadana, Monika Silva dedicó gran parte de su vida a acompañar a comuneros y a reconstruir, documento tras documento, con admirable minuciosidad, las disputas por miles de hectáreas de tierras en Santa Elena. También luchó junto a varias comunidades costeras por el agua, su lucha iba desde exigir el alcantarillado, obra inconclusa de Otto Vera, hasta denunciar la corrupción alrededor del inútil sistema de tratamiento de aguas de Montañita. Cada vez que hubo un crimen ambiental, ella levantó la voz, desde la defensa de las tortugas hasta la defensa del manglar, la naturaleza encontró en la voz de Monika, su gran aliada.
Uno de los últimos mensajes difundidos por Monika Silva en la red social X estuvo relacionado con una nueva investigación impulsada desde la Fundación La Integridad.
En esa publicación, realizada pocos días antes de su muerte, reprochaba la inacción legislativa tras la presentación formal de una solicitud de fiscalización sobre una presunta red de nepotismo y tráfico de influencias en la Contraloría General del Estado y otras instituciones públicas.
“Solicitud de fiscalización de la presunta red de nepotismo y tráfico de influencias en la Contraloría General del Estado y otras instituciones del Estado debidamente presentada de parte de la Fundación La Integridad”, había escrito en su cuenta.
La petición, dirigida a la Asamblea Nacional, solicitaba el inicio inmediato de un proceso de fiscalización y la comparecencia del contralor general del Estado, Mauricio Torres, así como la revisión de nombramientos y expedientes administrativos de funcionarios de varias entidades, entre ellas la Contraloría, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, el Consejo Nacional Electoral y el Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe.
Hasta el final, Monika Silva continuó haciendo lo que había marcado su vida pública durante más de una década: presentar documentos, exigir explicaciones y señalar lo que consideraba irregularidades en las estructuras del poder.
Es insólito, Xavier, lo impune y prepotente a la vez que se siente la asambleista Jácome.
— Monika Silva K. (@mejoresdiasEC) Junio 5, 2026
Monika impulsó una iniciativa ciudadana para defender tortugas protegidas que estaban en peligro por una megaobra que sin permisos ambientales quería construirse dentro del área de anidación de tortugas carey y golfinas.
Manglaralto: un malecón amenaza tortugas en peligro crítico
Sus últimas intervenciones públicas estuvieron relacionadas con la venta de 93 hectáreas de terrenos municipales en La Libertad. A finales de enero de 2026 sostuvo que aquella operación era apenas una pieza de una estructura mucho más amplia que, según sus investigaciones, comprometía más de 1.600 hectáreas y habría operado durante más de doce años.
Semanas antes, una entrevista que iba a conceder a Radio Salinas fue cancelada luego de que el periodista encargado denunciara amenazas. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión documentaron el episodio.
El asesinato del comunicador ciudadano Robinson del Pezo, ocurrido el 20 de noviembre de 2025, marcó un antes y un después en Santa Elena.
Del Pezo y Monika Silva compartían una misma causa: denunciar las redes de corrupción y tráfico de tierras en la provincia. Ambos impulsaron investigaciones sobre la venta de las 745 hectáreas del caso Bellitec, las 93 hectáreas de La Libertad, contratos públicos cuestionados, la utilización de hábeas data para desaparecer catastros y las relaciones entre autoridades locales, empresarios y contratistas.
El asesinato de Robinson, reflejo mortal de la corrupción en Santa Elena
También denunciaron en conjunto una serie de irregularidades en la Universidad de la Península de Santa Elena (UPSE).
Silva fue una de las personas que más insistió en que el sacrificio de Robinson no podía ser en vano. Tras su asesinato continuó entregando documentos a las autoridades y mantuvo vivas las denuncias que ambos habían impulsado. Sin embargo, también denunció amenazas y advirtió públicamente que temía por su vida.
Por eso, el hallar sin vida a Monika Silva no puede ser analizado como un hecho aislado ni sus antecedentes pueden ser minimizados.
Después del asesinato de Robinson del Pezo, una voz incómoda para el poder local que había advertido reiteradamente sobre los riesgos que enfrentaba, ninguna señal de alerta podía ser tomada a la ligera.
La historia reciente de Santa Elena demuestra que las amenazas contra quienes denuncian corrupción no son una abstracción. Y que cuando un comunicador es asesinado y, meses después, otra de las principales denunciantes de la provincia aparece muerta, la exigencia de verdad y esclarecimiento deja de ser únicamente una demanda de justicia: se convierte en una obligación democrática.
En marzo del 2026, Mónika Silva conversó con algunos medios y dijo que temía por su vida. Recibió amenazas en el sentido de que los mismos sicarios que asesinaron a Robinson del Pezo, tenían también la orden de asesinarla.
Durante 2024 cuestionó un examen especial de Contraloría relacionado con la venta de aproximadamente 755 hectáreas, uno de los expedientes más emblemáticos de la provincia.
También reconstruyó las operaciones realizadas sobre 332 hectáreas en Playa Mambra y 474,5 hectáreas en San Vicente, casos denunciados por comuneros y organizaciones sociales.
Una parte sustancial de sus investigaciones se concentró en operaciones inmobiliarias desarrolladas durante esos años, que ella consideraba algunos de los episodios más delicados y complejos de la historia reciente de Santa Elena.
La muerte de Monika Silva no puede ser vista únicamente como una tragedia familiar, aunque lo sea para las dos niñas que hoy se quedan sin su madre.
Cuando aparece muerta una mujer que dedicó más de una década a denunciar las vastas estructuras de corrupción que existen en Ecuador, que aseguró haber recibido amenazas y que se ganó enemigos poderosos por sus investigaciones, el deber de una sociedad democrática es exigir respuestas.
Porque la pregunta ya no es solamente qué ocurrió con Monika Silva.
La pregunta es qué ocurre con un país cuando quienes denuncian, investigan y ejercen control ciudadano terminan silenciados.
Esa es una pregunta que Ecuador y el mundo no pueden ignorer.
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